Bloomberg — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump tiene amplios poderes para poner fin a las protecciones legales otorgadas a personas provenientes de países afectados por graves crisis, en una decisión que deja a unos 350.000 haitianos y 7.000 sirios expuestos a la posibilidad de ser deportados.
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Por 6 votos contra 3, el máximo tribunal rechazó los argumentos de que la administración tomó atajos procesales e incurrió en discriminación racial al privar a los migrantes haitianos y sirios de su denominado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En el fallo de la corte, el juez Samuel Alito señaló que, por lo general, los jueces federales carecen de autoridad para cuestionar las decisiones de otorgar o revocar el TPS.
La sentencia reforzará los esfuerzos de Trump para poner fin al TPS en 13 países, entre ellos Venezuela, Honduras, Nicaragua, Etiopía y Sudán del Sur. Desde que Trump asumió el cargo en 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas enérgicas para reducir el alcance del TPS.
La decisión provocó una dura disidencia por parte de la jueza Elena Kagan, quien criticó a Trump por hacer comentarios “repulsivos y con matices raciales” sobre los haitianos.
En un fallo separado emitido el jueves, el tribunal determinó que los agentes de inmigración pueden detener a los solicitantes de asilo antes de que lleguen a la frontera sur para hacer frente a los picos de afluencia en los puertos de entrada. La decisión podría allanar el camino para que el gobierno retome una política que se aplicó durante el primer mandato de Trump.
En el caso de Haití, la jueza federal de distrito Ana C. Reyes, de Washington, señaló que la revocación parecía haber sido motivada por un animadversión racial inconstitucional. Mencionó la descripción que hizo Trump de Haití como un país “de mierda”, su acusación infundada durante la campaña de 2024 de que los inmigrantes haitianos se comían a sus mascotas, y su afirmación de que los migrantes estaban “envenenando la sangre” de Estados Unidos.
Reyes también señaló que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, parecía haber tomado de antemano la decisión de ponerle fin e ignoró las contribuciones de los haitianos a la economía estadounidense.
Alito escribió que “ninguna de las declaraciones citadas, ya fuera del presidente o de la secretaria, fue abiertamente racista, y en esencia todas expresaban puntos de vista políticos que podrían basarse en justificaciones neutrales en cuanto a la raza”.
Kagan criticó ese razonamiento, diciendo que los comentarios de Trump eran “tan repulsivos y con matices raciales que la mayoría se niega a publicarlos por escrito.” Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se sumaron a la opinión disidente de Kagan.
“Las referencias — a la suciedad, la enfermedad y la primitividad — están llenas de estereotipos y tópicos raciales”, dijo Kagan. “Cuesta imaginar las declaraciones que se hacen hoy en día de cualquier comunidad blanca”.
Durante las audiencias de abril, el fiscal general adjunto de EE.UU., D. John Sauer, afirmó que los polémicos comentarios de Trump no tenían relación con la raza y eran irrelevantes para la legalidad de las decisiones políticas de la administración.
Los haitianos cuentan con el TPS desde 2010, cuando un terremoto cobró la vida de 300.000 personas en el país, según estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los abogados de los haitianos afirman que sus clientes corren el riesgo de ser devueltos a un país donde la violación, el secuestro y el asesinato son rampantes y donde escasean los alimentos, la vivienda y la atención médica.
“La decisión de la Corte Suprema provocará directamente la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes”, afirmaron los abogados de los haitianos, Geoff Pipoly y Andy Tauber, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esta decisión pondrá en peligro a los titulares haitianos del TPS que huyeron de su país en busca de lo que generaciones de inmigrantes anhelaban cuando tomaron la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir en seguridad”.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó el fallo como una «gran victoria» para el gobierno.
“Hoy, la Corte Suprema confirmó lo que el presidente Trump siempre ha sostenido: el estatus de protección temporal es, por definición, temporal”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico. “El gobierno de Trump continúa poniendo fin, de manera legal, a los abusos atrozes contra nuestro sistema de inmigración que han perjudicado a los estadounidenses durante años”.
El fallo no pone fin formalmente al caso de Haití, pero Alito señaló que los migrantes que impugnan la revocación “probablemente fracasarán” en su alegato de que esta viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución.
Una vez que la decisión entre en vigor formalmente, por lo general en 32 días, los ciudadanos haitianos y sirios que cuentan con autorización de trabajo a través del TPS la perderán, dijo Ahilan Arulanantham, un abogado que defendió ante la Corte Suprema a los titulares sirios del TPS.
El representante Mike Lawler, republicano por Nueva York, dijo en las redes sociales que le estaba pidiendo al gobierno que permitiera a los titulares haitianos del TPS conservar su autorización de trabajo mientras se resuelven sus casos de inmigración en los próximos seis meses.
“Aunque nunca he cuestionado la facultad del presidente para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), estoy totalmente en desacuerdo con que se elimine el TPS para los haitianos en este momento”, escribió Lawler.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los magistrados Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett se unieron a Alito en la mayoría.
En otra parte del fallo, Alito señaló que la ley que establece el programa del TPS impide la revisión judicial de reclamaciones no constitucionales, incluidas las alegaciones de que el Departamento de Seguridad Nacional no siguió los procedimientos requeridos.
Otro juez de Nueva York había bloqueado la cancelación del TPS para Siria, argumentando que las pruebas indicaban que la administración no había llevado a cabo una revisión objetiva y de buena fe de las condiciones en el país.
La administración de Obama designó a Siria para el TPS en 2012 en respuesta a la represión del entonces presidente Bashar al-Assad. Las administraciones de ambos partidos extendieron posteriormente este estatus, la última vez en 2024.
El caso de Siria es Noem v. Doe, 25-1083. El caso de Haití es Trump v. Miot, 25-1084.
— Con la colaboración de Jordan Fischer
(Actualización con extractos de los dictámenes a partir del sexto párrafo)
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