Corte Suprema avala la facultad de Trump para poner fin al TPS de haitianos y sirios

La decisión del máximo tribunal expone a cientos de miles de personas más a una posible deportación.

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Agentes federales detienen a hombre tras audiencia. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images
Por Greg Stohr

Bloomberg — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump tiene amplios poderes para poner fin a las protecciones legales otorgadas a personas provenientes de países afectados por graves crisis, en una decisión que deja a unos 350.000 haitianos y 7.000 sirios expuestos a la posibilidad de ser deportados.

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Por 6 votos contra 3, el máximo tribunal rechazó los argumentos de que la administración tomó atajos procesales e incurrió en discriminación racial al privar a los migrantes haitianos y sirios de su denominado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En el fallo de la corte, el juez Samuel Alito señaló que, por lo general, los jueces federales carecen de autoridad para cuestionar las decisiones de otorgar o revocar el TPS.

El fallo respaldará los esfuerzos de Trump para poner fin al TPS en 13 países, entre ellos Venezuela, Honduras, Nicaragua, Etiopía y Sudán del Sur. Desde que Trump asumió el cargo en 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas enérgicas para reducir el alcance del TPS.

En una decisión separada emitida el jueves, la corte dictaminó que los agentes de inmigración pueden detener a los solicitantes de asilo antes de que lleguen a la frontera sur para hacer frente a los picos de llegadas en los puertos de entrada. La decisión podría allanar el camino para que el gobierno retome una política utilizada durante la primera administración de Trump.

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En el caso de Haití, la jueza federal de distrito Ana C. Reyes, de Washington, señaló que la revocación parecía haber sido motivada por un animadversión racial inconstitucional. Mencionó la descripción que hizo Trump de Haití como un país “de mierda”, su acusación infundada durante la campaña de 2024 de que los inmigrantes haitianos se comían a sus mascotas, y su afirmación de que los migrantes estaban “envenenando la sangre” de Estados Unidos.

Reyes también señaló que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, parecía haber tomado de antemano la decisión de ponerle fin e ignoró las contribuciones de los haitianos a la economía estadounidense.

Alito escribió que “ninguna de las declaraciones citadas, ya fuera del presidente o de la secretaria, fue abiertamente racista, y en esencia todas expresaban puntos de vista políticos que podrían basarse en justificaciones neutrales en cuanto a la raza”.

La jueza disidente Elena Kagan criticó duramente ese razonamiento. “La evidencia está ahí, a la vista de todos, en las declaraciones del presidente, que la mayoría (y, de hecho, sus propios abogados) ni siquiera se atreven a repetir”, escribió en un voto particular al que se sumaron las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

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Durante las audiencias de abril, el fiscal general adjunto de EE.UU., D. John Sauer, afirmó que los polémicos comentarios de Trump no tenían relación con la raza y eran irrelevantes para la legalidad de las decisiones políticas de la administración.

Los haitianos cuentan con el TPS desde 2010, cuando un terremoto cobró la vida de 300.000 personas en el país, según estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los abogados de los haitianos afirman que sus clientes corren el riesgo de ser devueltos a un país donde la violación, el secuestro y el asesinato son rampantes y donde escasean los alimentos, la vivienda y la atención médica.

El fallo no pone fin formalmente al caso de Haití, pero Alito señaló que quienes impugnan la revocación “probablemente fracasarán” en su argumento de que esta viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución.

Otro juez en Nueva York había bloqueado la cancelación del TPS para Siria, argumentando que la evidencia indicaba que el gobierno no había realizado una revisión objetiva y de buena fe de las condiciones en el país.

El gobierno de Obama designó a Siria para el TPS en 2012 en respuesta a la represión del entonces presidente Bashar al-Assad. Los gobiernos de ambos partidos prorrogaron posteriormente ese estatus, la última vez en 2024.

El caso de Siria es Noem v. Doe, 25-1083. El caso de Haití es Trump v. Miot, 25-1084.

— Con la colaboración de Jordan Fischer

(Actualización con extractos de los dictámenes a partir del sexto párrafo)

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