Bloomberg Línea — Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el martes una medida del gobierno de Donald Trump que habría dejado sin permisos de trabajo a decenas de miles de titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Sudán y Ucrania a partir de este miércoles 22 de julio.
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El juez de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, concedió un alivio provisional a una coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes y sindicatos que impugnaban la legalidad de las políticas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).
La orden judicial seguirá vigente hasta que el juez decida si emite una orden judicial a largo plazo, con una resolución esperada para el 5 de agosto.
El conflicto se originó por una ley fiscal y de gasto aprobada por el Congreso controlado por los republicanos en julio de 2025 que, por primera vez, impuso tasas para solicitar asilo y restringió las autorizaciones laborales para los beneficiarios del TPS, una figura que permite residir y trabajar legalmente en EE.UU. a nacionales de países afectados por guerras o desastres.
La demanda, presentada por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles representados por la organización legal Democracy Forward, argumenta que USCIS aplicó la normativa de forma retroactiva y sin el preceptivo aviso público ni periodo de comentarios, lo cual viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Sin esta medida, familias que han cumplido la ley y han confiado en protecciones humanitarias de larga data habrían enfrentado la pérdida repentina de sus permisos de trabajo y de su capacidad para mantenerse por sí mismas”, dijo la coalición.
En su fallo, el juez Gorton —nombrado por el expresidente republicano George H.W. Bush— permitió que el gobierno siga cobrando la tasa de solicitud de asilo, pero dejó claro que la agencia inmigratoria no puede revocar los permisos de trabajo ni sancionar a quienes no hayan pagado el cobro mientras dure la batalla legal.
Este litigio forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump para desmantelar las protecciones del TPS en más de una docena de naciones. El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia habilitó al Ejecutivo para poner fin a estos beneficios para miles de haitianos y sirios.
Cuenta regresiva
Pese al alivio, organizaciones y activistas advirtieron que la batalla está lejos de terminar y señalaron que el 9 de septiembre será la fecha más crítica, debido a que ese día expira la designación actual del TPS para El Salvador, un país que cuenta con más de 170.000 beneficiarios bajo este amparo, además de unos 150.000 niños estadounidenses que tienen al menos a un progenitor con este estatus.
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“La sentencia de hoy (martes) da un respiro a las familias, pero no responde a la pregunta que se hacen miles de padres e hijos: ¿Podrá nuestra familia permanecer unida? Tras más de dos décadas contribuyendo a este país, las familias merecen certeza, no otro capítulo de incertidumbre", afirmó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, formada y dirigida por beneficiarios del programa.
“El TPS nunca se concibió como un ciclo de renovaciones temporales que se prolongara toda la vida. Tras 25 años, el Congreso debe conceder por fin la residencia permanente a las familias que ya han demostrado que su lugar está aquí. Mantener unidas a las familias no solo es lo correcto, sino que fortalece nuestras comunidades, nuestra mano de obra y nuestra economía”.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS.
El caso fue presentado en Boston, una jurisdicción que con frecuencia ha conocido de impugnaciones legales contra las políticas de la administración de Trump.
Además de la Alianza Nacional del TPS, la demanda fue impulsada por la Asociación Venezolana de Massachusetts, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
