Si en Estados Unidos se vendiera el agua del grifo de la misma manera que se venden, por ejemplo, los huevos o la gasolina, con el precio bien visible cada vez que se consume, quizá el debate nacional sobre la inflación hubiera sido muy diferente durante la última década.
El motivo es que el agua del grifo no es gratis, aunque pueda parecerlo cada vez que la bebes en un restaurante, tiras de la cadena del inodoro o pones en marcha el aspersor del jardín.
En realidad, el precio del agua del grifo se disparó más que el de los huevos entre 2015 y 2025: el del agua subió un 62%, en comparación con el de los huevos, que solo subió un 28%, según un informe de la organización sin ánimo de lucro Food and Water Watch.
Hace solo un par de años, las elecciones en EE.UU. giraron en torno a la indignación que suscitaba el precio de los huevos, cuando costaban US$3,60 la docena, lo que suponía un gasto anual de unos US$240 para un hogar medio estadounidense de tres personas.
De acuerdo con el informe, que analizó las facturas de los 500 sistemas comunitarios más grandes, que dan servicio a un total de 155 millones de clientes, en ningún estado el agua del grifo fue tan barata el año pasado. La factura media del agua en Estados Unidos en el 2025 fue de US$531 por 60.000 galones, una cantidad que alcanza para hacer muchas tortillas.
Las facturas anuales de agua menos costosas del país se registraron en Idaho, con una media de US$285,61 al año. Las más costosas se registraron en Virginia Occidental, con US$1.382,27 al año. ¿Tienen sentido esas diferencias de precio? No, no las tienen, lo que pone de manifiesto los graves y crecientes problemas que plantea la fijación de precios de un bien cada vez más preciado en este país.
Dado que los embalses y las aguas subterráneas están desapareciendo debido al calentamiento global y que la demanda se incrementa en gran medida por parte de las explotaciones agrícolas, las industrias, los centros de datos y otros sectores, no es de extrañar que se haya calificado al agua como el “nuevo oro”. No obstante, la diferencia entre el agua y el oro es que no se necesita oro para sobrevivir.
El acceso fiable al agua potable es un derecho humano, y resulta inhumano cobrar tanto por ella que la gente no pueda permitírselo, como ya ocurre en EE.UU. Al mismo tiempo, si no fijamos el precio del agua de forma que refleje su creciente escasez e importancia, nos quedaremos sin ella todavía más rápido.
Algunas de las elevadas facturas de agua en el país tienen cierta lógica. De los 25 proveedores más caros, más de la mitad se encontraban en California, donde la factura promedio fue de US$693 el año pasado. Las facturas en California aumentaron un 83% en la última década, superando al resto del país.
Esto resulta injusto para los californianos de bajos ingresos, la mayoría de los cuales, según el informe, no pueden permitirse pagar el agua del grifo. Pero se podría argumentar que el agua de California debería ser más cara, dado que gran parte de ella proviene del río Colorado, que ha perdido el 20% de su caudal en lo que va de siglo.
Por otro lado, seis de las 10 facturas de agua promedio más caras de EE.UU. correspondían a Virginia Occidental y Pensilvania, estados que no se caracterizan precisamente por décadas de escasez de agua. Todas esas facturas provenían de compañías privadas, no de gobiernos locales.
De hecho, la factura promedio de un sistema de agua privado con fines de lucro en Estados Unidos fue de US$823 el año pasado, en comparación con los US$494,05 de las empresas de servicios públicos, un aumento del 67% basado únicamente en quién vende el agua.
En algunos estados, esa diferencia es aún mayor. Las empresas privadas de agua en Illinois e Indiana, por ejemplo, cobran casi el doble que los proveedores públicos.
Incluso en estos lugares, podría haber cierta justificación para las facturas de agua más altas, dada la enorme y costosa necesidad de mantenimiento y reparación de la infraestructura.
Casi el 20% de toda el agua bombeada por las empresas de servicios públicos se filtra de las tuberías antes de llegar a los hogares, lo que les cuesta a estos proveedores más de US$6.000 millones al año, según la firma de investigación del agua Bluefield Research.
Cuando el agua finalmente se distribuye, las fugas domésticas provocan la pérdida de otros 900.000 millones de galones cada año, según la Agencia de Protección Ambiental, suficiente para abastecer al menos a 11 millones de hogares.
Entre tanto, los fondos para la reparación de la infraestructura hídrica se agotan tan rápido como el río Colorado, señala Bluefield.
El último presupuesto del gobierno federal de Trump contempla una reducción drástica de la financiación, pasando de los ya escasos US$23.000 millones del año fiscal 2026 a tan solo US$8.600 millones en 2027. Estas cifras no bastan para cubrir un déficit de financiación que ascenderá a US$2,1 billones en el próximo cuarto de siglo, según la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas.
Se puede observar el círculo vicioso que se está desarrollando: las fugas le cuestan dinero a las empresas de servicios públicos, pero sin ingresos, no pueden repararlas. Así que las fugas se hacen más grandes y los ingresos disminuyen. Algo tiene que ceder.
Y como las empresas de agua no reciben dinero de impuestos o tarifas como otros servicios públicos, solo pueden elevar sus ingresos subiendo las facturas de los clientes.
Y esa carga recae sobre los estadounidenses que menos pueden permitírselo.
En Puerto Rico, donde la factura promedio de agua es de US$909.69 al año, los hogares con menores ingresos destinan la inconcebible cifra del 20% de sus ingresos solo al agua.
Según la Fundación CDC, una organización sin ánimo de lucro, se calcula que 2,2 millones de estadounidenses carecen de agua corriente potable. Son 2,2 millones de personas de más.
Una posible solución sería un mercado federal de agua que fije los precios en función de la necesidad y la capacidad de pago.
Idealmente, esto significaría que las grandes empresas tecnológicas que construyen centros de datos que consumen mucha agua y los agricultores que cultivan alfalfa en el desierto para exportarla a Arabia Saudita (que prohibió el cultivo de alfalfa en 2018 para ahorrar agua) pagarían lo que les corresponde. Dado el gobierno actual, esto no sucederá pronto.
No obstante, los gobiernos locales tienen mayor margen de maniobra para gestionar sus sistemas de agua.
En 2023, la organización sin fines de lucro US Water Alliance simuló un ajuste de precios del agua para adaptarlo a las características de los hogares de los clientes de Greater Cincinnati Water Works. Descubrió que basar las tarifas en el valor de las propiedades reducía las facturas de agua para la mayoría de los residentes, aunque las aumentaba para los más ricos, generando así la tarificación más justa de todos los métodos.
Todo esto sugiere que la mayoría de nosotros estamos subvencionando el consumo excesivo de agua de los estadounidenses más ricos.
Una de las posibles complicaciones de vincular las facturas de agua al valor de las propiedades es que podría percibirse como un impuesto sobre la propiedad, y esos propietarios adinerados disponen de los medios económicos necesarios para influir en la política local en contra de dicho gravamen. Podría convertirse en un tema político muy controvertido.
Sin embargo, eso no tiene por qué ser algo malo. Teniendo en cuenta lo escasa que se está volviendo el agua, no cabe duda de que es más útil discutir sobre precio del agua que sobre el de los huevos.
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