El endeudamiento insostenible del Gobierno ya ha encaminado a la economía a un colapso fiscal, pero no debemos subestimar la capacidad de Washington para empeorar aún más las cosas.
La más reciente propuesta de la Casa Blanca es usar los ingresos por aranceles para entregar a los contribuyentes un “dividendo” de al menos US$2.000 por persona.
La administración no ha aclarado si se trata de un pago único o de una distribución anual, como sugiere el término “dividendo”. Tampoco está claro quiénes recibirían exactamente esta recompensa. El presidente prometió dinero en efectivo para «todos», excepto para “las personas con altos ingresos”.
En el supuesto de un pago único de US$2.000 por persona con requisitos de elegibilidad basados en los ingresos, semejante a las medidas de alivio de la pandemia de la administración Biden, el costo sería de unos US$600.000 millones, casi el doble de lo que probablemente recaudarían cada año los aranceles actualmente en vigor.
De entrada, la justificación fiscal de los aranceles se desmorona. Los impuestos a la importación pretenden, al menos en parte, reducir el endeudamiento público. Si es necesaria una subvención de esta índole para aliviar la carga que supone el alza de los precios para los hogares, el déficit presupuestario no hará más que empeorar.
Para que quede claro, los aranceles serían una mala idea incluso si los ingresos obtenidos fueran suficientes para equilibrar las cuentas gubernamentales.
Las continuas idas y venidas sobre qué impuestos se aplicarán a qué países han complicado mucho más la planificación y la inversión de los productores (ya sean nacionales o extranjeros). No existirá un resurgimiento amplio y duradero de la industria manufacturera de Estados Unidos en medio de una incertidumbre tan aguda.
Peor aún, en la medida en que los aranceles logren proteger a los proveedores nacionales de la competencia, frenarán el crecimiento y la innovación.
A la larga, no reducirán de forma fiable los desequilibrios comerciales, ya que el déficit externo depende de la brecha entre el ahorro nacional y la inversión nacional, a la que los aranceles no afectan directamente.
En todo caso, una política que agrupe aranceles y subsidios de tal manera que aumente el endeudamiento público reducirá el ahorro nacional y agravará el desequilibrio externo.
Si existe algo bueno en el dividendo propuesto, es que la administración está empezando a reconocer las dudas de los votantes sobre los aranceles de forma más amplia. Su afirmación de que los exportadores extranjeros absorberían los costos para que los consumidores estadounidenses no tuvieran que hacerlo está perdiendo fuerza.
Los consumidores no necesitan que se les recuerde que los precios siguen subiendo demasiado rápido, y escuchan a los productores estadounidenses quejarse constantemente de los efectos en sus propios costos.
La administración tiene razón en que necesita abordar estas preocupaciones. Pero la manera de hacerlo es reduciendo su guerra arancelaria: restableciendo un clima económico estable que favorezca la inversión y la innovación y permita que la competencia presione los precios a la baja.
El control del déficit presupuestario debería lograrse mediante una combinación ordenada de mayores ingresos y menores gastos.
En el mejor de los casos, los aranceles no son adecuados para este propósito. En el peor, si Washington tiene que gastar cientos de miles de millones al año para compensar el daño que infligen a los hogares, son totalmente contraproducentes.
Así que sí, hay que solucionar el problema arancelario. Pero no así.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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