Lima — El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, adelantó que el gabinete ministerial liderado por Guido Bellido ha decidido, de forma voluntaria, implementar un recorte a sus salarios de hasta un 50%, con lo cual los ministros de Estado pasarán a recibir de 30.000 soles a 15.000 soles mensuales.
Esta iniciativa de gobierno no es nueva, y de hecho fue compartida durante la campaña presidencial por el mismo presidente de la República, Pedro Castillo. En una entrevista otorgada a Exitosa Noticias en este mes de marzo, Castillo dijo que en un eventual gobierno suyo se expondría ante el Congreso una propuesta formal para reducir a la mitad el salario no solo de los ministros, sino también del mismo presidente y de los congresistas; así como a otros altos funcionarios que laboran para el Estado.
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Una de las vías para aprobar una medida de este tipo es la congresal, mediante un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Parlamento. Pero el Ejecutivo también tendría la opción de pedir facultades legislativas para aprobar la iniciativa de renuncia voluntaria al 50% de los salarios ministeriales a través de un decreto legislativo; o también se podría implementar la figura de decreto de urgencia.
Este último mecanismo de decreto de urgencia fue utilizado el año pasado por Martín Vizcarra, expresidente del Perú, para implementar una reducción temporal de salarios del 10% ante la crisis del COVID-19, según reporta el diario Gestión.
Pero más allá de las herramientas legales que se podrían implementar (Torres ya señaló que se está alistando una norma, aunque no dio detalles) y del mensaje que el nuevo gobierno buscaría dar con esta iniciativa, es importante prestar atención a los efectos que tendría una medida de este tipo en la gestión pública. Y los expertos consultados por Bloomberg Línea coinciden en que los efectos no serían los mejores.
“UNA MEDIDA POPULISTA”
Juana Huaco, experta en Gestión Pública de la Universidad de Piura, apunta que el rango salarial de un ministro o un congresista deben tener un nivel competitivo por la responsabilidad que dicha labor acarrea y lo que se espera de los perfiles que ocupan estas posiciones no solo a nivel de trayectoria profesional, sino también por la capacidad que tienen para ejercer un cargo de forma representativa.
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“Esto va a ahuyentar a los buenos profesionales. Yo creería que si se da el recorte y se mantiene, seguirá habiendo carencia de profesionalismo durante el gobierno y eso va a tener un efecto en las decisiones”, resalta Huaco.
Para la especialista, esta es una medida “netamente populista”, que incluso podría encontrar oposición del Congreso. “Aquí es un juego político. Si bien sería un tema voluntario, pienso que el Congreso podría pronunciarse en contra de esto”, comenta.
Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), coincide en que la medida puede afectar negativamente la trayectoria futura de los perfiles que deseen ocupar dichos altos cargos en el Estado, así como la eficacia de las políticas públicas.
“Voluntariamente pueden hacer lo que quieran pero no hay que mandar señales a veces muy demagógicas, más aún cuando realmente a la gestión pública hay que ponerla en un mayor nivel. Si uno quiere una gestión pública meritocrática, necesita tener una carrera pública que tenga esa característica y un sistema remunerativo asociado con esto. Todo está asociado a tener una eficiencia en el sector público. Necesitamos un sector público eficiente”, señala Ramírez.
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El especialista advierte que sería muy dramático que lo que cambie sea la escala remunerativa ministerial, y por ello apunta a que lo más “sensato”, a pesar de su afectación, sería la figura de renuncia voluntaria a dicho porcentaje del salario, como se ha planteado.
“Ya el sector público es poco atractivo para el personal capacitado por la inestabilidad, porque se ha visto demasiada influencia política en los últimos meses, y la tecnocracia que es necesaria en el Estado empieza a verse poco rentable y es menos atractivo ocupar cargos”, añade.
Ramírez acota también que durante la pandemia en otros países algunos altos funcionarios ofrecieron una renuncia a parte de sus salarios como señal de austeridad, luego de que dichas naciones vieran afectados sus ingresos. Pero esa figura, precisa, no debería deformarse.
“Lo que no hay que mezclar es que los altos funcionarios del Estado requieren un nivel remunerativo que vaya de acuerdo con sus grados de responsabilidad y especialización. Detrás de los ministros está el diseño de políticas públicas y nacionales. Es claro que son funcionarios con enorme responsabilidad”, remarca.
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¿Hay acaso un potencial ahorro para el Estado? Tanto Huaco como Ramírez coinciden en que esto sería marginal. “Que un grupo de altos funcionarios digan que van a recibir menos de su sueldo no va a ser un gran ahorro en términos de aquello que pueda ayudar a cumplir metas de reducción de déficit fiscal. No es así. Son 19 personas...”, puntualiza Ramírez.
