Tarea del nuevo Gobierno: reforma tributaria en Colombia debe presentarse pronto

Bogotá — No ha pasado ni siquiera un año desde que la última reforma tributaria se aprobó en Colombia luego de tensionantes momentos sociales y económicos a los que se enfrentó el país tras la crisis del 2020. En promedio cada dos años el país hace una reforma.

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Haciendo honor a este regla y necesitando más recursos, el 2023 llega con varios retos por delante en materia fiscal pese a la tributaria del 2021 que se espera recaude alrededor de $15 billones desde este año. Con renovación en la Casa de Nariño, el presidente que llegué y su equipo económico deberán traer debajo del brazo una nueva reforma.

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A lo anterior hay que sumar que tras la crisis del 2020 Colombia suspendió la antigua regla fiscal, que ha servido como mecanismo para intentar contener presiones de gasto versus los ingresos, y desde 2022 llegó una nueva con varias metas por cumplir que pone en aprietos las finanzas públicas actuales: o se generan más ingresos o se reducen los gastos pero toca equilibrar la deuda y el descuadre en las cuentas.

El gobierno actual ha dicho que la reforma del 2021 es suficiente por ahora y no se compromete a decir abiertamente que se requiere una nueva reforma, sin embargo, la parte impopular le toca a los expertos y sí se menciona en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que es la hoja de ruta económica y fiscal que presenta Minhacienda cada junio.

Analistas consultados por Bloomberg Línea muestran sus cartas de qué debería llevar la nueva reforma y de qué magnitud debería ser.

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Las apuestas de los analistas

“Según nuestros cálculos, es necesario que el Gobierno adelante una reforma fiscal máximo en 2023, con un objetivo de ajuste del déficit fiscal de 1% del PIB (más de $10 billones), bien sea a través del incremento del recaudo tributario o nuevos esfuerzos de eficiencia y reducción en los gastos, cuya vigencia de las medidas que se aprueben inicie en 2024″, expone Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas de Bancolombia.

Desde la visión de Jorge Armando Rodríguez, decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, hay al menos dos razones para que la nueva reforma se presente al inicio del próximo gobierno: la nueva regla fiscal y que el recaudo tributario del país es muy bajo (13,8% del PIB en 2021).

Sobre la primera razón el decano comentó que esta regla exige un ajuste de las finanzas públicas especialmente severo en 2023, pues en ese año se prevé una reducción mínima del déficit del balance primario neto estructural del Gobierno Nacional Central equivalente a 3,3% del PIB.

“La nueva regla fiscal erró gravemente al exigir austeridad en el periodo de transición 2022-2025 sin tener en cuenta lo que suceda con los niveles de empleo y de actividad económica, muy lesionados a raíz de la pandemia”,

Jorge Armando Rodríguez.

Sobre la segunda razón, Rodríguez dijo que Colombia necesita aumentar su recaudo tributario en forma permanente, en unos tres puntos porcentuales del PIB (para que sea alrededor del 17% del PIB al menos), con el fin de cumplir adecuadamente con las funciones estatales establecidas en la Constitución e implementar los planes de gobierno. Hay candidatos con alta probabilidad de ganar que proponen una pensión mínima, “conviene financiar este tipo de programas con impuestos”.

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Por su parte María Fernanda Valdés, PhD en economía, recuerda que según las cuentas del recién creado Comité Autónomo de la Regla Fiscal, “en 2023 necesitaremos unos $30 o $40 billones que se recomiendan que vengan de una reforma tributaria pero también de reducciones en el gasto público”.

“Un buen objetivo para los próximos años sería lograr que Colombia llegara a recaudar lo que recauda América Latina, un 23% del PIB, lo que es poco, pero mucho mejor que lo que logra Colombia. Para esto se debería aumentar el recaudo colombiano en $35 billones”, añadió Valdés.

Lo que debería llevar la nueva reforma

Los expertos coinciden en que se debe fortalecer el recaudo tributario en las personas naturales, dejando de esta manera de poner el foco y la presión en las empresas como sucede actualmente en Colombia. Esto se lograría eliminando algunos de los beneficios tributarios que les aplican y con una ampliación de la base tributaria para que más personas hagan aportes en impuestos según su capacidad de pago.

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Desde la visión de María Fernanda Valdés, dado que el país viene de un grado de confianza muy bajo y hay una cultura tributaria muy deteriorada, la nueva tributaria debería “basarse primero en mejorar las tarifas efectivas de las personas más adineradas y eliminar beneficios tributarios injustificados. Luego se podría hablar de mejorar el recaudo del IVA y de poner a más gente a pagar el impuesto de renta”.

“La próxima reforma debería orientarse a fortalecer los impuestos progresivos, sobre todo el impuesto sobre la renta personal, acompañado de un impuesto a la riqueza, en un marco favorable al desenvolvimiento de la actividad económica”, añade el decano de la U. Nacional al decir que “no es una buena idea reemplazar el IVA con un impuesto al consumo, como se ha propuesto”, pues ello crearía un efecto cascada (impuesto sobre impuesto).

Sobre ajustes al IVA, Juan Pablo Espinosa de Bancolombia, comentó que “la mayor capacidad de incremento en del recaudo tributario provendría de hacer modificaciones a este tributo, con un enfoque en incrementar la base tributaria, no en aumentar su tasa nominal”, es decir, que se agreguen más productos cubiertos por este impuesto y no tanto subir la tarifa que se paga de IVA.

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No obstante, Espinosa es consciente de que “la posibilidad de adelantar una reforma con modificaciones importantes a este impuesto luce más retadora que una que altere elementos del impuesto de renta a las personas naturales, dado el potencial impacto social que implicaría, en particular sobre los hogares de menores ingresos del país”. Hay que recordar que ajustar el IVA se intentó en la tributaria que tuvo que ser retirada por el Gobierno en mayo de 2021.

Los retos fiscales y económicos del nuevo gobierno

Desde el punto de vista macroeconómico, “el manejo de las finanzas públicas en el próximo gobierno debería tener como preocupación central conseguir niveles altos de empleo. Desde la perspectiva de la provisión de bienes y servicios colectivos, la preocupación debería ser fortalecer la protección social como la educación preescolar o cobertura pensional y combatir los efectos socioeconómicos negativos de la crisis”, añadió Jorge Armando Rodríguez.

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“El reto es enorme y consiste en tener que recaudar, reducir el déficit y la deuda sin frenar la recuperación y sin perjudicar a los hogares que tanto han sufrido la pandemia. Esto es algo que se puede manejar con reformas que cumplan el principio de progresividad”,

María Fernanda Valdés.

Por último, Juan Pablo Espinosa, asegura que el principal reto fiscal del nuevo gobierno es continuar el proceso de ajuste del déficit para que llegue a los niveles necesarios para cumplir con las metas que demandará la nueva regla fiscal. “Esto posibilitará también que la deuda pública como proporción del PIB mantenga una tendencia a la baja durante los próximos años”.

Para lograr lo anterior, dice Espinosa, “será necesario mantener el compromiso del desmonte de los gastos asociados a la emergencia sanitaria, que en 2022 continúan vigentes en una porción no despreciable. Será clave apuntarle a acercar el gasto primario (funcionamiento e inversión) lo más posible a los niveles en relación con el PIB previos al choque de la pandemia”.