Referéndum LUC: lo que se vota en Uruguay este domingo y qué se juega Lacalle Pou

Montevideo — Los uruguayos irán este domingo 27 de marzo a las urnas para decidir sobre el futuro de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. La oposición del Frente Amplio y el movimiento sindical nucleado en el Pit-Cnt buscan derogar varios de los artículos relativos a seguridad, educación, relaciones laborales, así como también otros referidos al mercado de combustibles.

La campaña, que desde febrero sumó intensidad y cruces, ingresó esta semana en su recta final con distintos actos y movilizaciones de los principales actores políticos del oficialismo y la oposición. La coalición de gobierno es defensora del No a la derogación, mientras que el Frente Amplio y el Pit-Cnt impulsan el Sí.

Más allá de los aspectos legislativos en debate, la campaña se tornó también en un escenario de disputa sobre la gestión del gobierno. Así las cosas, el resultado en las urnas también parece ser clave para los casi tres años que le restan a la administración de Lacalle Pou. Un triunfo del No le permitiría al presidente continuar adelante con su programa de gobierno y dar mayor vuelo a sus reformas en carpeta. En cambio, una derrota le quitará margen de acción política.

Mientras las dos opciones cierran sus campañas, Lacalle Pou dará este miércoles una conferencia de prensa para exponer los principales argumentos en defensa de la Ley. Los partidarios del Sí, en tanto, realizarán este martes una cadena nacional de radio y televisión.

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La consultora Factum presentó el viernes en VTV Noticias su último estudio de opinión pública antes de la contienda. Según la encuesta, el 41% de los uruguayos estaría a favor de no derogar la normativa y el 35% votaría por el Sí. En tanto, hubo un 19% de indecisos.

Hasta ahora, el amplio margen de indecisos es la gran incógnita de las encuestadoras. Una encuesta de Opción Consultores difundida el 3 de marzo indicó la intención del voto del No en 38%, del Sí en 36% y un 22% de indecisos. Otro estudio, de Equipos Consultores, y divulgado el 9 de marzo, marcó la intención de voto del Sí en 35%, del No en 34% y 28%. Las dos consultoras, y también Cifra, presentarán esta semana sus últimas proyecciones.

La Ley de Urgente Consideración es una norma de 476 artículos votada por el Parlamento uruguayo en 2020, durante el primer año de la administración de Lacalle Pou. En sus once secciones, referidas a diversas áreas, incluyó modificaciones normativas que el gobierno señaló como parte de sus promesas de campaña.

Por su parte, tanto el Pit-Cnt como el Frente Amplio realizaron una campaña para recolectar firmas y habilitar un referéndum contra parte de la ley. Las organizaciones presentaron en julio de 2021 unas 795 mil mil firmas. Luego de que fueran validadas, fue convocado el referéndum que tendrá lugar este domingo. El mínimo requerido era del 25% del total de habilitados para votar en el padrón electoral.

Empresas públicas

Uno de los ejes de debate de la campaña fue sobre la gestión de las empresas públicas, y sobre todo la petrolera estatal ANCAP. Es que la LUC introdujo cambios en el mecanismo para la fijación del precio de los combustibles. La ley estableció que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) deberá establecer un precio de paridad de importación del combustible, entendido como un valor teórico de lo que costaría en caso que el producto terminado fuera importado. Además el precio de los combustibles debe ser actualizado con una periodicidad no mayor a 60 días.

Los defensores de este mecanismo aseguran que es más transparente sobre el precio final en surtidor, dado que en Uruguay la refinación del crudo es monopólica por parte de Ancap. Los detractores de la ley señalan que el mecanismo con eventuales ajustes mensuales perjudica a los consumidores. En los hechos el gobierno no aplicó a rajatabla la norma, sino que atenuó con caja propia el incremento del precio internacional del crudo registrado en los últimos meses.

Otra de las modificaciones que introdujo la ley es la portabilidad numérica para los usuarios de telefonía móvil. Los impulsores de la derogación sostienen que esto debilita a la estatal Antel, que es líder del mercado y compite con Movistar y Claro.

Regla fiscal y cobro de sueldos

Uno de los instrumentos que busca derogar la oposición es el de la regla fiscal. De acuerdo a la nueva normativa, en la Ley de Presupuesto el Poder Ejecutivo debe determinar lineamientos que incluyen una meta indicativa de resultado fiscal estructural de las entidades estatales así como “un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía”. También crea un Consejo Fiscal Asesor como organismo honorario e independiente para asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política fiscal.

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La LUC también introdujo cambios a la Ley de Inclusión Financiera, norma que obligó al cobro de salarios mediante instituciones bancarias. La nueva norma habilitó al pago del sueldo en efectivo y se prevé que la modalidad debe ser acordada entre el empleado y el empleador. Los promotores del Sí advierten que esto puede dar lugar a pagos por fuera del sistema, mientras los impulsores de la modificación señalan que otorga mayor libertad a los individuos.

Además hubo cambios sobre la entrega de dinero en el marco de negocios jurídicos. “El pago de honorarios pactados en dinero por servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia, podrá efectuarse en efectivo hasta un monto máximo equivalente a 1.000.000 de Unidades Indexadas”, establece la LUC. Con la anterior normativa el límite era 40 mil UI.

Relaciones laborales

La LUC declaró “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”. Además habilitó al Ministerio del Interior a disponer “las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público”.

Otro de los temas sobre los que legisló la LUC fue acerca del derecho de huelga. “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, señaló el artículo 392. Hasta ahora no había una legislación específica sobre el asunto, más allá que el derecho de huelga está consagrado en el artículo 57 de la Constitución.

Los defensores de la normativa aseguran que el cambio facilitó que los empleados no huelguistas puedan acceder a sus puestos de trabajo y los dueños de las empresas a su propiedad. En cambio, desde el el Pit-Cnt y el Frente Amplio señalaron que supone restricciones al derecho de huelga, ya que entre otras cosas el Estado no establece cómo podrán ser llevadas adelante las medidas.

Seguridad

Otra de las principales áreas de la campaña y del debate giró sobre la seguridad. La normativa modificó y amplió el alcance de la figura de legítima defensa, que incluye la defensa a la propiedad, y lo que según el oficialismo otorga mayores garantías a los ciudadanos víctimas de la delincuencia. El concepto puede ser aplicado por quien defienda la entrada de una casa habitada o en balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras, “siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda”. Además también otorgó la legítima defensa a policías y militares, crea el delito de resistencia al arresto y otro de agravio a la autoridad policial.

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Este capítulo también llevó a que la pena máxima para adolescentes en casos de delitos graves como homicidio intencional y violación pasó de ser de cinco a diez años. Además habilitó a la Policía a disolver manifestaciones si las personas muestran conductas violentas y “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera”.

La Comisión por el Sí también promueve la derogación del artículo 74, que establece como agravante de los delitos de narcotráfico “cuando se utilice un hogar como lugar de venta”. Desde la oposición cuestionaron que esto puede afectar a mujeres con hijos. Además también se excluye la redención de pena por trabajo y estudio para delitos de violación, de abuso sexual, de homicidio especialmente agravado, y de rapiña con privación de libertad.

Educación

La LUC también promovió cambios en la gobernanza de los organismos de la enseñanza, que en Uruguay es regida por la Administración Nacional de Educación Pública, un organismo desconcentrado que a su vez tiene distintos subsistemas para atender a primaria, secundaria y la educación técnica. La normativa promovida en 2020 generó varias modificaciones a la Ley General de Educación votada en 2008 durante el primer gobierno del Frente Amplio, ahora en la oposición.

Cada uno de esos organismos antes contaba con tres miembros, donde dos de ellos eran en representación del gobierno y uno de ellos era electo por los docentes en elecciones. Tras la modificación, quedaron compuestos por dos representantes solo del gobierno.

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