Bloomberg — La Convención Constitucional de Chile se ha vuelto tan caótica —con muchas propuestas radicales planteadas que han sido rechazadas en su mayoría— que hay un movimiento, incipiente pero creciente, que busca ofrecer a los votantes algo más que sí o no en el plebiscito sobre la Carta Fundamental en el segundo semestre de este año. Una tercera opción sería, en efecto, “No, pero”.
Los convencionales luchan por terminar la nueva Constitución antes de la fecha límite del 4 de julio, al tiempo que los políticos de derecha y centro expresan su preocupación por su calidad. Algunos de ellos temen que el fuerte deseo público de una Constitución que reemplace a la de la dictadura de hace 40 años lleve a la mayoría a aceptar incluso una versión de mala calidad.
“Queremos una nueva Constitución, pero no cualquier Constitución”, dijo la semana pasada a CNN Chile el senador Matías Walker, del partido de centroizquierda Democracia Cristiana. Y la presión sigue aumentando. Un miembro de la Convención, que pidió no ser identificado, dijo que hace apenas un mes la idea de una tercera opción era impensable. Ahora dice que no se puede descartar.
Tal medida tendría que ser aprobada por el Congreso y muchos sospechan que no se aprobará. Líderes de la Convención dicen que es demasiado tarde para tal cambio. “No sirve pensar en modificar la papeleta en la recta final de la Convención”, dijo Gaspar Domínguez, vicepresidente de la entidad.
Entre las propuestas que han causado preocupación se encuentran la nacionalización de la industria minera del país y la de otorgar a los grupos indígenas poderes de veto sobre proyectos locales. “Si insisten en imponer una visión en la Constitución, es obvio que se buscarán alternativas y este texto tendrá corta duración”, dijo Felipe Harboe, diputado y exsenador de centro izquierda.
Rodrigo Álvarez, exministro de Energía y miembro de la Convención del partido de derecha UDI, dijo que está trabajando para lograr un acuerdo sobre el documento en el tiempo restante, pero considera que “son lógicas las búsquedas de perfeccionamientos del proceso como cambiar la pregunta o agregar alternativas en el voto”.
Senadores chilenos pidieron previamente este año a la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional— que opinara sobre el asunto. La Comisión sugirió este mes que la Convención se apegue a lo que se había acordado previamente, lo que significa solo dos opciones en la papeleta. Cualquier otra cosa podría socavar su marco legal.
Otra pregunta es qué implicaría precisamente la opción “no, pero”. El exdiputado derechista y profesor de derecho Francisco Bartolucci sugirió en una columna que si gana la opción de rechazo, entonces el Congreso debería asumir la tarea de reformar la actual Constitución.
Eso podría ser difícil de digerir. En 2020, el 78% de los chilenos votaron a favor de una nueva Constitución, y el 79% dijo que debería hacerse mediante una Convención sin la participación del Congreso existente. Hace un año, la nación eligió a 155 delegados para que redactaran una nueva Carta Magna. Pero no ha resultado fácil. Aun así, la encuesta más reciente de Cadem muestra que la opción “aprobar” sigue superando a “rechazar” por 46% a 36%. La gran interrogante es el 18% que permanece indeciso.
Otra opción podría ser revivir el borrador de una nueva Constitución creado durante la segunda presidencia de Michelle Bachelet. Este fue presentado días antes de que terminara su mandato y fue pospuesto por la Administración del presidente conservador Sebastián Piñera.
Mientras tanto, el Gobierno del nuevo presidente, Gabriel Boric, dice que la tercera opción no está sobre la mesa. “Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que nuestro país llegue a un acuerdo sobre el sistema político y los derechos fundamentales que nos represente a todos”, dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
Votos clave recientes
- Estos incluyen la creación de un Consejo de Justicia administrativo, encargado de nombrar a los jueces; hasta ahora la Corte Suprema se encarga de eso
- 23 de marzo: el pleno aprueba un artículo que declara a Chile como un Estado plurinacional e intercultural y que el Estado debe garantizar la participación de los pueblos originarios en el Estado y el poder
- Rechazó un artículo que habría prohibido la propiedad privada sobre los recursos naturales
