:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/62FWTFXT4JFPRCQKB7FH6HK5IY.jpg "Viktor Orban, Hungary's prime minister,")
Bloomberg — La Unión Europea (UE) está poniendo en marcha sus poderes relacionados al Estado de Derecho, hasta ahora no probados, contra Hungría, poniendo en marcha un proceso que podría negar al recién reelegido Primer Ministro Viktor Orban más de 40.000 millones de euros (US$43.900 millones) en fondos de la UE.
El ejecutivo del bloque decidió dar inicio al llamado mecanismo de condicionalidad para hacer rendir cuentas a las naciones que violan los valores fundamentales de la UE tras no conseguir los cambios necesarios de Hungría en cuestiones como la corrupción, dijo el martes la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los legisladores.
“Nuestra conclusión es que tenemos que movernos hacia el siguiente paso”, dijo von der Leyen en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Ahora enviaremos la carta de notificación formal para iniciar el mecanismo de condicionalidad”.
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El forinto húngaro se desplomó un 2% frente al euro tras el anuncio de la UE, lo que supone la mayor caída diaria de la moneda a nivel mundial.
La medida se produce tras la aplastante victoria electoral de Orban el domingo, cuando consiguió un cuarto mandato consecutivo para prolongar su carrera como el primer ministro más longevo de la UE. Orban derrotó a una oposición ampliamente unida que había prometido hacer retroceder más de una década de consolidación del poder y restablecer los deteriorados vínculos con la UE.
El gobierno húngaro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Además de la preocupación por el estado de derecho, la UE seguirá reteniendo el desembolso de más de 7.000 millones de euros en fondos para la recuperación de la pandemia, luego de que el gobierno de Orban no lograra mitigar los problemas de corrupción, dijo von der Leyen.
“Con Hungría hemos tenido muy claro que el problema es la corrupción”, dijo von der Leyen a los legisladores.
En febrero, una sentencia del Tribunal Supremo de la UE allanó el camino para que la Comisión utilizara sus nuevos poderes, a pesar de las objeciones de Polonia y Hungría, tras años de disputas cada vez más agrias con Varsovia y Budapest sobre la independencia de los tribunales, la libertad de los medios de comunicación y los derechos LGBTQ.
Mientras la UE sigue trabajando en la elaboración de su caso contra Hungría, hay pocas posibilidades de que Polonia se convierta pronto en objetivo por falta de pruebas adecuadas del mal uso de los fondos de la UE.
En lugar de utilizar el mecanismo sobre Polonia, la Comisión seguirá utilizando otras herramientas para mantener la presión sobre Varsovia y restablecer la independencia de su sistema judicial, dijo un alto funcionario de la UE a Bloomberg bajo condición de anonimato porque las conversaciones son confidenciales.
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Polonia y Hungría son los dos únicos Estados de la UE sujetos al llamado procedimiento del artículo 7, que podría llevar a la suspensión de sus derechos de voto en la UE. Este proceso se ve obstaculizado por la necesidad de unanimidad entre los Estados miembros antes de que se pueda imponer dicho castigo.
Polonia ha adoptado últimamente una postura más conciliadora, después de que su conflicto con el bloque estuviera a punto de llegar a un punto de ebullición en octubre, cuando el máximo tribunal del país dictaminó que algunas leyes de la UE son incompatibles con la Constitución, lo que socava una de las piedras angulares de la pertenencia a la UE. El año pasado Hungría también decidió pedir a su Tribunal Constitucional que revisara una sentencia del tribunal de la UE relacionada con la migración.
La UE puso en marcha su nueva herramienta presupuestaria después de cansarse de los desafíos a la independencia de los jueces, la erosión de los derechos de las minorías y la primacía de la legislación de la UE, una premisa clave del tratado fundacional del bloque.
En noviembre, la Comisión dio un primer paso informal al enviar sendas cartas a Polonia y Hungría para responder a las acusaciones de que los fondos aportados por el bloque podrían haber sido objeto de corrupción o fraude, o de que los intereses financieros de la UE están en peligro. Ambas naciones enviaron sus respuestas a principios de año.
La decisión de la UE “desencadena ahora un procedimiento que tiene plazos específicos, por lo que el proceso está en marcha ahora”, añadió von der Leyen.
Con la asistencia de Zoltan Simon.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
