Bogotá — Desde que José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, presentó al Congreso el proyecto de Reforma Tributaria los opositores y partidarios han venido dando sus aportes para mejorarlo o pulirlo con el propósito de generar un articulado mejor de cara al primer debate en comisiones económicas.
Aunque el debate nacional se ha centrado, mayoritariamente, en el impacto que tendrán los impuestos saludables en las familias colombianas, hay preocupación por el impacto que tendrían otros impuestos como el de los dividendos y el de las ganancias ocasionales, además, del impuesto al patrimonio.
Juan Pablo Córdoba ya ha manifestado sus preocupaciones con respecto de cómo está planteado el articulado que se le presentó al Congreso. Primero lo dijo durante la Convención Bancaria en Cartagena y ahora durante la presentación de PEI como emisor de la rueda de acciones del mercado colombiano.
“Preocupan tanto los dividendos como la ganancia ocasional, y no es por lo que pueda afectarse el mercado de acciones, sino por el daño que se pueda hacer en el país”, dijo el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba.
Aseguró que “es bueno que se haya hecho una propuesta al país y se ha estado abierto al diálogo por parte del ministro Ocampo para hacerle propuestas y comentarios y eso es positivo, pero tal como está la propuesta es inconveniente para el país y confiamos que en el curso la discusión en el Congreso podamos construir un proyecto provechoso para el país”.
Y es que una de las mayores preocupaciones que existe con respecto a la propuesta de reforma es el nivel en el que quedará la tarifa sumada de renta de empresas más dividendos y renta de personas.
“Realmente el tema más complejo es que la tarifa final empresarial en Colombia sería la más alta de toda la OECD y nos pondría en una situación de competitividad muy desfavorable no solamente comparados con los países de la región sino con los de todo el mundo”, agregó Córdoba.
Además, el presidente de la BVC enfatizó en lo poco atractivo que sería el país de cara a su interés de atraer inversión extranjera. “Colombia necesita atraer inversión y atraer empresarios. El propio Gobierno ha manifestado su deseo de reindustrializar el país y eso se logra de la mano de los empresarios y por eso la ecuación riesgo retorno tiene que tener sentido y con la propuesta actual eso no se logra”.
Pero Córdoba no es el único actor del mercado bursátil que ha dejado ver sus críticas al proyecto ya que desde el AMV también se dejó ver cuáles son sus preocupaciones.
“Entendemos la relevancia de este proyecto de ley. Asimismo, reconocemos el rol de los mercados financieros para convertir el ahorro del país en inversión productiva que mejore el bienestar de la sociedad. En ese sentido resaltamos la necesidad de una estructura tributaria equitativa y competitiva, que potencie el rol del mercado de capitales en nuestra economía”, apuntó Michel Janna, presidente del AMV.
Así mismo, consideró que “potenciales impactos de la reforma tributaria sobre el mercado de capitales”, el importante incremento en las tarifas a los dividendos, así como la imposición de otros tributos, redundará en un incremento en la carga tributaria para el emprendimiento, en algunos casos superior al 60%, que generará un ambiente más retador para la creación y atracción de nuevas empresas al mercado colombiano.
Del mismo modo, advierte que esa pérdida de dinamismo deriva en menos actores buscando financiación de largo plazo, menos inversión local y extranjera y, por ende, un mercado de capitales más restringido, condición que afecta no solo al sector empresarial, sino a los hogares y a la financiación del mismo gobierno.
Según el AMV, lo anterior se traduce en un mercado de valores con menos profundidad y liquidez, lo que dificultará su competitividad frente a los mercados con los que Colombia se encuentra en proceso de integración como Perú y Chile. En ese sentido, el país tendría la carga tributaria más alta de la región para las empresas y una alta carga para los no residentes (Tributación Empresas: Colombia 69%; Perú 35%; Ecuador y Chile 32% y México 52%. Retención a No Residentes: Colombia 20%; Perú 5%, México 10% y Chile del 35% al 44,45%.).
