:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/INBFLGBPYRCKPBPIFSPH5NBIUY.jpeg "Este 21 de septiembre miles de ciudadanos se dieron cita frente a la Comandacia de Policía para reclamar justicia por el atroz asesinato.")
QUITO — El debate sobre si el asesinato de María Belén Bernal es o no un crimen de Estado toma nuevas dimensiones en Ecuador, y esto debido a que todo indica que el crimen ocurrió en las instalaciones de una escuela de Policía, un hecho escandaloso que precisamente enfrenta posiciones.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/C7MPAEBXDRHONMPHJ4PWTBYLQQ.webp "Hallan cuerpo de María Belén Bernal; presidente Lasso lo confirma")
Ayer, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pidió disculpas a la familia de la abogada asesinada presuntamente por su esposo y aseguró que se trabajará para depurar la institución; sin embargo, desde la sociedad civil ya existe presión sobre las instituciones estatales para que aseguren justicia en este caso que conmocionó al país.
UNA CADENA DE OMISIONES
Para la penalista Paulina Araujo, lo principal es garantizar que todos los involucrados paguen por su delito, y entre ellos incluye a los policías o funcionarios que habrían sido testigos del hecho y no ayudaron a Bernal. “Parece que no hay entendimiento de que los delitos se configuran también por omisiones” y más aún cuando el femicidio habría ocurrido dentro de la institución educativa “de quienes tienen el deber constitucional de socorro y protección a todos los ciudadanos”.
Los indicios y testimonios recogidos hasta el momento dan cuenta de que Bernal llegó la madrugada del 11 de septiembre a la escuela policial donde su esposo, Germán Cáceres, se desempeñaba como instructor. Al interior de la habitación de Cáceres habría tenido lugar una discusión, a la que le prosiguieron gritos de auxilio de Bernal que no tuvieron respuesta.
De acuerdo con el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. Es decir, “no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”.
A decir de Araujo, el responsable de la institución educativa debía poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos, algo que no ocurrió; por lo que a partir de allí solo existió una serie de omisiones.
“Yo no creo que este caballero actuó solo, tampoco creo que tenga cabida que no se oían los gritos”, explicó la jurista durante un debate virtual al hablar sobre los hechos que hasta ahora se conocen y que indican que María Belén Bernal gritaba por auxilio mientras su esposo la agredía, pero nadie acudió en su rescate.
El ministro Carrillo adelantó en una rueda de prensa que al menos 12 personas relacionadas con la Policía serán puestas a la orden de la justicia y que la Fiscalía pedirá prisión preventiva como medida provisional mientras se esclarezca lo ocurrido.
UN CUERPO CIVIL RETOMARÁ LA INVESTIGACIÓN
Para evitar que el tema se contamine, la fiscal Juana Fernández dio a conocer que el caso pasará a la dirección de Derechos Humanos para desde ahí investigarlo “siguiendo el mismo proceso de causas penales”. Un “cuerpo civil de investigación” estará a cargo, lo que “va a causar que ningún miembro de la policía interfiera en el proceso”.
Es decir, ningún miembro policial será parte de la investigación para evitar más errores. “Se garantiza así que no exista la participación de ningún policía en la etapa pre-procesal y procesal”, añadió la funcionaria durante el mismo debate.
LA PRESIÓN SOCIAL
Pero las organizaciones feministas y sociales han empezado a poner la lupa sobre el trabajo del Estado y sus posibles falencias en el caso. Ayer, miles de ciudadanos se dieron cita frente a la Comandancia de Policía, en Quito, para exigir justicia por la abogada de 34 años.
“María Belén Bernal está muerta: la mataron. La mató su esposo, la mató la Policía, la mató el Estado”, decía una mujer durante la protesta.
La activista y periodista Thalíe Ponce considera que el solo hecho de que fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía de Quito, por un agente policial, “debería ser suficiente para entender que el Estado es responsable”.
El medio feminista Indómita destaca que un reporte de la Inspectoría General de la Policía Nacional —con corte 15 de junio de 2022— señala que ha habido 33 agentes detenidos por violencia intrafamiliar entre 2018 y 2022. Y que si bien la violencia de género no es el delito más recurrente entre miembros de la Policía, una investigación de Connectas en Ecuador evidenció que, de una muestra de 28 policías que habían vuelto a patrullar después de haber sido detenidos, 10 tenían procesos en curso por demanda de alimentos o denuncias de violencia intrafamiliar.
“¿Qué podemos esperar de una institución que confía nuestra seguridad a posibles agresores? Creo que ya tenemos la respuesta: que asesinen a una mujer dentro de un recinto policial con total impunidad. Cáceres no actuó solo. Tuvo ayuda y lo encubrieron. Pero las autoridades han preferido el cinismo antes que las respuestas”, anota Ponce en su análisis.
LO JURÍDICO NO ESTÁ CLARO
Desde el lado jurídico tampoco está claro aún si el delito podría considerarse un femicidio o un feminicidio (asesinato de una mujer con corresponsabilidad del Estado). El abogado Juan Pablo Albán cree que sí podría hablarse de un feminicidio, pues se debe “reconocer que en este caso el autor es agente del Estado y, abusando esa condición, en una instalación del Estado y con la colaboración de otros agentes del Estado, desapareció a un familiar”.
En un hilo de Twitter, el jurista explicó que el camino que debe tomar el Estado es “buscar, investigar, sancionar penalmente, reparar a las víctimas y aceptar con dignidad que varios de sus agentes tuvieron un rol en ello”.
Mientras que en otra orilla está el también abogado Farith Simon, para quien la muerte de María Belén Bernal se da en el contexto de su relación de pareja, no porque el victimario era policía”, pero aquello, en cambio, pone en evidencia que el problema es mucho más estructural.
“El Estado no ha dado suficiente importancia a enfrentar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, en todos los niveles, incluido la Policía y el Ejército, esa es la mayor responsabilidad. El Estado será responsable sino investiga, juzga y sanciona a todos”, apuntó también en la misma red social.
Por ahora, la familia de Bernal reclama justicia y está a la espera de respuestas y de que su caso, como ha ocurrido con miles más, no se dilate.
