Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el sandinismo, comenzó a debatir una reforma constitucional que busca afianzar el poder de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, mediante la extensión del periodo presidencial a siete años “renovables” y la proscripción total de la oposición.
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El texto, presentado el martes en el Legislativo y cuya aprobación está prevista para inicios de septiembre, modifica el artículo constitucional que rige los mandatos presidenciales.
La discusión de la reforma ocurre después de que Ortega afirmara el 19 de julio, durante el 47.º aniversario del triunfo de la revolución sandinista, que “aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, justificó la medida argumentando que la ampliación del mandato “asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad” para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y Erradicación de la Pobreza.
Por su parte, Murillo, quien funge como copresidenta de Nicaragua, aseguró que el plan fue compartido con el cuerpo diplomático el lunes 27 y que, previo a su aprobación, se realizarán “consultas” con sectores de la sociedad nicaragüense.
Este miércoles, la Comisión Especial de Carácter Constitucional de la Asamblea Nacional inició el proceso de consultas sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución, como parte del trámite previo a su votación definitiva.
Sin embargo, para la oposición en el exilio, el carácter “renovable” del periodo confirma la extinción de la competencia electoral. “No hay reelección, porque no habrá elección”, sostuvo la historiadora y exguerrillera Dora María Téllez en X.
Juristas opositores señalaron además que esta redacción permite a la pareja presidencial garantizarse el poder vitalicio, con la posibilidad de extender su actual gestión más allá de los comicios previstos teóricamente para noviembre de 2027.
La iniciativa se presenta menos de dos años después de una reforma de 2024 que ya había ampliado el periodo de cinco a seis años, había aplazado los comicios de 2026 a 2027 y había elevado a Murillo al puesto de copresidenta.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, concentran el poder absoluto en el país desde la represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, un episodio que el régimen califica como un intento de “golpe de Estado” impulsado por Washington.
El anuncio de la reforma ha reactivado el rechazo de la comunidad internacional. Estados Unidos advirtió que no permanecerá de “brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea exhortó al gobierno a convocar elecciones bajo normas internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció un “cierre casi total del espacio cívico” y reclamó información sobre el paradero de personas detenidas, incluidos miembros de la Iglesia Católica.
En el ámbito regional, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Managua cuando asuma su cargo el 7 de agosto, un posicionamiento que contrasta con la postura de México, cuyo gobierno reiteró que cada país tiene derecho a su “autodeterminación” y a decidir cómo se organiza.
