Bloomberg Línea — El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó pendiente este miércoles la votación de una propuesta de Estados Unidos para convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de analizar una respuesta regional a la crisis política de Nicaragua.
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La petición de Estados Unidos plantea convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores antes del 1 de septiembre, fecha en la que el oficialismo nicaragüense prevé avanzar con reformas constitucionales que amplían el periodo presidencial y modifican el sistema político del país.
El proyecto de resolución fue presentado por Michael Kozak, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y contó con el copatrocinio inicial de Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
El texto condena las acciones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y propone que los cancilleres analicen posibles medidas diplomáticas, políticas y económicas dentro del marco del sistema interamericano.
Durante la sesión, que se extendió por unas dos horas en Washington, la delegación estadounidense sostuvo que la etapa de los pronunciamientos debía dar paso a una acción coordinada. Kozak afirmó que “se ha acabado el momento de hablar” y pidió una respuesta “formal, institucional y colectiva”, aunque aclaró que la propuesta no implica autorización para el uso de la fuerza armada.
Estados Unidos argumentó que las reformas impulsadas por el sandinismo representan una eliminación del pluralismo político y de la competencia electoral en Nicaragua.
Washington sostuvo que la situación dejó de ser únicamente un asunto interno y que sus efectos tienen consecuencias para la estabilidad regional.
La iniciativa encontró respaldo de varios gobiernos del continente. Argentina calificó la situación nicaragüense como una de las más graves de la región y rechazó las declaraciones de Ortega y del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sobre los cambios constitucionales.
Chile advirtió sobre los intentos de establecer estructuras de poder permanentes y sostuvo que el continente no puede permanecer indiferente ante la crisis institucional.
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Costa Rica, uno de los países que apoyó la convocatoria, señaló que la situación tiene impacto regional debido al desplazamiento de miles de nicaragüenses hacia países vecinos.
Panamá, República Dominicana, Guatemala, Perú, Colombia y Canadá también expresaron preocupación por el deterioro democrático y defendieron la necesidad de preservar elecciones libres y participación política.
La posición de México y Brasil marcó una diferencia dentro del debate. Ambos gobiernos reconocieron la gravedad de las declaraciones de Ortega, pero rechazaron elevar el tema a una reunión de cancilleres en este momento y defendieron una vía basada en el diálogo y la no intervención.
Brasil consideró “prematura” la convocatoria y sostuvo que la crisis debe abordarse principalmente desde una perspectiva política y de derechos humanos, no como una amenaza a la seguridad regional.
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La representación brasileña cuestionó además que la migración sea tratada como un asunto de seguridad y afirmó que los migrantes no representan una amenaza para la paz.
México insistió en los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia, aunque señaló que la eventual eliminación de elecciones significaría una afectación al derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes.
Derechos humanos
La sesión comenzó con la intervención de Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien denunció la persecución política, la represión religiosa y las restricciones al espacio cívico en Nicaragua.
La funcionaria señaló que la crisis ha provocado un éxodo de ciudadanos y alertó sobre el impacto de la falta de garantías democráticas.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por su parte, afirmó que la erosión de la democracia en Nicaragua no puede considerarse un asunto exclusivamente interno y señaló que sus efectos alcanzan a la región.
También pidió la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas y llamó a una respuesta basada en los principios de la organización.
La Unión Europea, como observadora ante la OEA, condenó la situación de derechos humanos en Nicaragua y pidió el retorno al Estado de derecho, elecciones transparentes y la liberación de presos políticos.
Una próxima reunión
Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, después de años de tensiones entre el organismo regional y el régimen por las denuncias de violaciones de derechos humanos y el deterioro institucional.
El gobierno nicaragüense anunció recientemente su intención de modificar el sistema electoral y constitucional del país.
Ortega afirmó que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones como las realizadas anteriormente, mientras que el oficialismo sostiene que los cambios buscan fortalecer la soberanía nacional.
La propuesta para convocar a los cancilleres podrá volver a ser presentada por Estados Unidos o por los países que la respaldaron, aunque por ahora la OEA no fijó una fecha para una nueva votación.
Fuera del Consejo Permanente, organizaciones opositoras nicaragüenses reaccionaron al resultado de la sesión. Liberales Nicaragua agradeció el respaldo de Estados Unidos y de los países que apoyaron la convocatoria de cancilleres, y cuestionó las posiciones de México y Brasil, a los que acusó de mantener “posiciones ambiguas y hasta comprometidas en favor de la dictadura”.
La organización también señaló la falta de pronunciamientos públicos de Honduras y El Salvador durante el debate, y planteó interrogantes sobre la posición que asumirán ambos países ante la iniciativa impulsada por Washington.
Asimismo, pidió que los esfuerzos diplomáticos continúen para lograr una reunión de cancilleres y que una eventual respuesta regional incluya medidas concretas frente a la crisis nicaragüense.
“Insistentemente apoyaremos las gestiones de las próximas horas y días para lograr no solo la confirmación de la reunión de cancilleres, sino que lograr que los resultados de la misma contenga acciones específicas que coadyuven a para poner fin al régimen dinástico de los Ortega Murillo”, dijo la organización.
