Bloomberg Línea — Eliminar los subsidios a los combustibles podría ser el primer paso en la reconstrucción de la credibilidad macroeconómica de Bolivia, pero exigirá acciones más profundas para evitar que el impacto se traslade a otros precios.
Entre estas medidas, se requerirá consolidación fiscal más allá del sector energético, un marco cambiario coherente, disciplina institucional y coordinación política sostenida, según un análisis de Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). En todo caso, “la decisión del nuevo gobierno de levantar los subsidios a los combustibles era inevitable”, escribió.
Para el economista, “pocas políticas se habían vuelto tan distorsivas, tan corrosivas desde el punto de vista fiscal y tan dañinas para la posición externa de Bolivia como el esquema de precios administrados”.
El país andino destinará en 2025 unos US$2.720 millones a los subsidios a los combustibles en medio de las presiones económicas que enfrenta tras el declive de las exportaciones de gas, de acuerdo a proyecciones del IIF.
La planilla de sueldos del sector público en Bolivia es aproximadamente el doble del costo del subsidio.
En la noche del miércoles, el presidente Rodrigo Paz declaró la emergencia económica en Bolivia.
En este contexto, promulgó la eliminación de las subvenciones a los combustibles y la flexibilización del régimen cambiario del país.
“Con la publicación de este decreto, se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos (...). La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono. Significa orden, justicia, redistribución clara”, dijo el presidente Paz en un mensaje televisado.
Según Fortun, el propio decreto es inusualmente explícito al reconocer que el marco se había vuelto técnicamente insostenible y crecientemente vinculado al contrabando, la sobrefacturación y las filtraciones de recursos.
Riesgos para Bolivia
Fortun dijo que desde una perspectiva macroeconómica, la dirección es correcta, pero “desde una perspectiva política y social, el momento elegido es cuestionable”.
En el país, explica el economista del IIF, los subsidios a los combustibles no eran un instrumento marginal, sino que estaban en el centro del modelo económico y del contrato social.
“Eliminarlos, aun cuando resulte inevitable, siempre implica un riesgo elevado”, dijo Fortun. “Hacerlo a pocos días de Navidad, con una administración recién asumida que aún no ha acumulado capital político, enfrentando una oposición fragmentada y con alta sensibilidad social, eleva de manera significativa los riesgos de ejecución”.
El principal riesgo en este momento es el traslado de esos aumentos de costos a los precios finales.
Para Luis Fernando Romero Torrejón, economista e investigador en ese país, el mayor riesgo proviene del encarecimiento del diésel, un insumo clave para la producción y la logística.
“Yo pienso que este superdecreto era necesario, pero no sé si oportuno en una época navideña donde se estaban moderando los precios y la situación económica estaba dando un respiro financiero”, comentó Romero.
Ante este escenario, Romero considera indispensable acompañar el ajuste con medidas complementarias para evitar un aumento de la inflación, la recesión y la pobreza.
Entre ellas menciona los subsidios focalizados y temporales, transferencias monetarias indexadas a la inflación, créditos productivos blandos, acuerdos de precios y logística, disciplina fiscal estricta y un control riguroso de la emisión monetaria.
Asimismo, plantea mantener subsidios específicos al transporte público y a la producción de alimentos, implementar compensaciones monetarias temporales y acelerar la sustitución energética.
Situación fiscal crítica
Romero Torrejón sostiene que el Decreto 5503 responde a una situación fiscal crítica y se presenta como una medida de emergencia, lo que explicaría su implementación anticipada frente a lo que inicialmente se preveía para 2026.
La decisión de adelantar las medidas respondería principalmente a la insostenibilidad del subsidio a los combustibles, que está drenando rápidamente las reservas en dólares.
La eliminación parcial de la subvención a los carburantes ha generado presiones inmediatas sobre el dólar paralelo, así como compras de pánico de combustibles y alimentos.
Romero Torrejón subraya la necesidad de promover un control efectivo del contrabando, ya que considera que de poco sirve retirar subsidios si los combustibles siguen saliendo del país por vías ilegales.
Otro punto central es la creación de un fondo de estabilización o colchón financiero que permita enfrentar ajustes cambiarios y respalde la credibilidad de la política económica.
Romero advierte que eliminar subsidios sin garantizar el acceso a dólares para importar combustibles podría derivar en un escenario aún más grave de escasez con precios elevados.
Si bien reconoce avances como el diferimiento de créditos, alivios tributarios, incentivos a la inversión y repatriación de capitales, considera que estos esfuerzos quedan opacados por el impacto social del ajuste.
A ello se suma el aumento del salario mínimo y bonos sociales, que implican mayor gasto público y podrían contradecir el objetivo de austeridad, elevando la emisión monetaria y la deuda interna. En este sentido, señala que en “lo que menos se debe caer es aminorar los gastos en una parte y agrandar los otros en otras partes”.
Una de las conclusiones de Fortun es que aunque se reconocen los desequilibrios clave, no se aborda de forma contundente el gasto fiscal total del Estado.
Si bien entiende el aumento del salario mínimo y los bonos como medidas de contención social, cuestiona la ausencia de recortes en áreas como empresas públicas, salarios del sector público o una reducción más profunda del tamaño del Estado, lo que mantiene distante la consolidación fiscal necesaria para estabilizar la economía.
