Bloomberg Línea — Desde seguridad jurídica hasta coordinación interinstitucional son las peticiones que hacen siete dirigentes gremiales, con los que habló Bloomberg Línea, al presidente electo Abelardo De la Espriella.
“Como ya lo ha manifestado él y su campaña, nuestra petición es que se le apueste a la minería como un motor de crecimiento y desarrollo generando las condiciones jurídicas y de competitividad para que el sector crezca”, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Dice que debe hacerse de manera sostenible tanto en exploración (conocimiento geológico) como en el desarrollo de nuevas minas, así como en el fortalecimiento de las que se encuentran en operación.
“Es momento de apalancar el desarrollo del país en las oportunidades que trae la minería bien hecha”, añadió.
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En comercio exterior, Javier Díaz, presidente de Analdex, pidió al nuevo gobierno definir una política de comercio exterior que permita una coordinación interinstitucional para lograr una mayor inserción de Colombia en la economía internacional.
“Hoy hay 21 entidades gubernamentales que actúan en una operación de comercio exterior y cada una actúa por separado, no hay coordinación. Las exportaciones deberían ser un propósito nacional y actuar en consecuencia”, enfatizó.
En ese sentido, agregó que el objetivo debería ser el de colocar a Colombia en el promedio de exportaciones per cápita de los países de la región, lo que debería llevar a duplicar las ventas externas.
Por otro lado, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi (Federación Nacional de Avicultores), hizo dos peticiones. La primera, “la despolitización de entidades técnicas como el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), la cual debe ayudar a guardar la seguridad sanitaria del país, pero también a abrir mercados de forma más eficiente”.
Y la segunda, que en la próxima reforma tributaria no se toque ni el IVA a la canasta familiar ni el régimen de exentos. “El régimen de exentos ha permitido al sector avícola ser el más formal dentro del sector agropecuario”, explicó.
También especificó que quitar el régimen de exentos significaría desincentivar la formalidad. Recordó que ocho de cada 10 trabajadores del agro en Colombia son informales, y seis de cada 10 en total.
“El sector avícola es formal en materia laboral, tributaria, sanitaria y ambiental, gracias, precisamente, al régimen de exentos”, añadió.
También en ese sector, Jorge Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), señaló a Bloomberg Línea que se debe crear una modalidad especial de contratación para el campo.
Con el concepto y elementos del contrato agropecuario, explicó, se reconoce que las actividades que se contratarán sólo serán aquellas transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas, prestadas para uno o varios empleadores.
A través de esta figura, los trabajadores agropecuarios podrían tener más de un empleador incluso durante una misma jornada.
En el sector turismo, Paula Cortés, presidenta de Anato, gremio que reúne a las agencias de viaje, propuso consolidar al turismo como una política de Estado, mediante la construcción de un plan integral de seguridad en destinos y corredores turísticos, el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) para combatir la informalidad y la reestructuración del Viceministerio de Turismo.
También la creación de un Observatorio Nacional de Sostenibilidad y Capacidad de Carga Turística, y la implementación de incentivos tributarios.
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María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, puso sobre la mesa el riesgo de que productos colombianos exportados a Estados Unidos queden sujetos a un arancel adicional de 12,5%, como resultado de la investigación adelantada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
Por lo que pidió al nuevo gobierno actuar antes de que se adopten medidas que puedan encarecer las exportaciones, reducir competitividad y afectar los ingresos de miles de colombianos.
“Se requiere una respuesta institucional clara, con una norma de comercio exterior que prohíba expresamente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, fortalezca la trazabilidad, active controles aduaneros y refuerce la cooperación técnica con Estados Unidos”, especificó Lacouture.
Y María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, expresó que es fundamental que las políticas públicas reconozcan la naturaleza técnica y operativa de los modelos de negocio digitales y preserven la estabilidad jurídica existente.
“El respeto y garantía al principio de neutralidad tecnológica y la certidumbre en la aplicación de las normas vigentes para los intermediarios digitales constituyen una condición habilitante para el sector”, explicó.
A lo que agregó que garantizar la seguridad jurídica y mantener una armonía con los estándares internacionales, no solo protege la sostenibilidad del ecosistema local, sino que mantiene al país como un destino altamente atractivo para la inversión extranjera y la transferencia tecnológica.
