Bloomberg — Menos de media hora antes de la primera apertura de los mercados de su presidencia, el plan fiscal de Abelardo de la Espriella se vio destrozado por el terremoto que devastó el oeste de Colombia.
Se había comprometido a recortar el gasto en unos US$6.000 millones este año para tranquilizar a los inversores y a las agencias de calificación, alarmadas por el creciente endeudamiento público. BTG Pactual estima que la reconstrucción tras el terremoto podría costar US$9.600 millones, o aproximadamente el 1,5% del PIB, repartidos en los próximos dos o tres años.
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El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia
Según Munir Jalil, economista jefe de BTG para los Andes, De la Espriella podría verse obligada a aplazar las prometidas reducciones de impuestos e incluso a aumentar los ingresos para financiar la reconstrucción.
“Nunca antes en la historia de Colombia un desastre había abarcado una zona tan extensa, afectando a tantos municipios”, dijo Jalil por teléfono. “Sin nuevos ingresos, financiar esto será muy difícil”.
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La respuesta ante el desastre supone una primera prueba política para De la Espriella, que amenaza con acortar su luna de miel si se percibe como un fracaso, o con fortalecer su limitado mandato si se gestiona con eficacia.
Las finanzas públicas de Colombia ya estaban bajo una fuerte presión antes del terremoto. El gobierno prevé un déficit fiscal del 7,8% del PIB este año, similar al déficit registrado durante la pandemia, pero extraordinario para una economía cercana al pleno empleo. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha calificado la situación fiscal como la peor en la historia de la república. Y eso fue antes de que el terremoto del lunes redujera a escombros edificios enteros.
Gómez informó a los legisladores que el gobierno planea declarar una emergencia económica para liberar fondos y reforzar su respuesta. Esto le otorgaría a De la Espriella autoridad temporal para emitir decretos económicos y tributarios sin necesidad de aprobación del Congreso.
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Mientras tanto, los inversores siguen de cerca cómo el nuevo gobierno pretende controlar el endeudamiento tras años de déficits crecientes. S&P Global Ratings rebajó la calificación de Colombia a BB- este año, su nivel más bajo hasta la fecha, debido a la preocupación por un déficit fiscal persistentemente elevado y una alta carga de deuda.
En el oeste de Colombia, al menos 172 edificios se derrumbaron y más de 10.000 viviendas quedaron inhabitables tras el terremoto del lunes, que dejó al menos 287 muertos y muchos más desaparecidos. Luis Fernando Mejía, exdirector del departamento nacional de planificación, estima que la reconstrucción costará entre el 1% y el 2% del PIB, aunque advirtió que estas cifras, basadas en desastres anteriores en Colombia, son aún muy preliminares.
“El enorme desafío radica en que este shock fiscal deja al gobierno en una posición sumamente frágil”, dijo Mejía en una publicación en X.
Jalil y Mejía calculan que el gobierno tendrá que cubrir aproximadamente dos tercios del costo, y que la ayuda exterior y las donaciones privadas cubrirán el resto.
Aun así, podría llevar semanas o meses determinar la magnitud total de los daños. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que colabora con la agencia colombiana de gestión de desastres para cuantificar las pérdidas económicas directas mediante satélites y estudios de campo, indicó que su evaluación tardaría entre seis y ocho semanas.
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José Ignacio López, presidente del centro de investigación económica ANIF, también afirmó que el gobierno necesitará ingresos adicionales porque el costo de la reconstrucción es demasiado elevado para cubrirlo simplemente reasignando fondos de otros programas.
Eso pondría en peligro las promesas de De la Espriella de eliminar varios impuestos, incluido un gravamen del 0,4% sobre las transacciones financieras, el impuesto sobre el patrimonio y los gravámenes sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
Tras el terremoto, Colombia recibió financiación de emergencia del Banco Mundial y ayuda humanitaria de varias naciones latinoamericanas, así como de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia.
Colombia rechazó algunas ofertas de equipos de rescate extranjeros, incluyendo algunos de México, mientras solicitaba ayuda a Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.
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Los críticos alegaron que Colombia favorecía a gobiernos conservadores ideológicamente alineados con De la Espriella, mientras que funcionarios colombianos afirmaron que los equipos debían cumplir con los estándares internacionales.
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