Bloomberg — El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, abandonó repentinamente la reunión del banco central colombiano celebrada el martes, en la que se esperaba que las autoridades subieran los tipos de interés, alegando que el Gobierno abandonaría el encuentro a menos que se cumplieran “ciertas condiciones”.
En una rueda de prensa improvisada, Ávila afirmó que la mayoría de los miembros de la Junta había votado a favor de una segunda subida consecutiva de un punto porcentual, una medida que el Gobierno del presidente Gustavo Petro consideraba que frenaba el crecimiento económico.
Indicó que la administración de Petro no “validaría” la decisión y abandonaría la Junta, sin explicar las posibles implicaciones de dicha decisión.
Ávila también pidió un debate público sobre la política monetaria del banco central, al tiempo que lo acusaba de favorecer a los inversores frente a los colombianos de a pie.
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“En estas circunstancias, el Ministerio ha decidido retirarse de la reunión de la Junta de hoy y establecer claramente una distancia significativa entre el Gobierno y el Banco Central”, dijo Ávila.
Añadió que la decisión “solo se reconsiderará” si la institución “entiende que debe haber coherencia con las realidades económicas y sociales del país”.
El peso colombiano (COP) perdió las ganancias anteriores tras los comentarios de Ávila. Los tipos de swap a dos años subieron 17 puntos básicos.
La medida pone de relieve las crecientes tensiones entre el gobierno de Petro y un banco central que se ha resistido a las peticiones de una política monetaria más flexible, ya que la inflación se mantiene por encima del objetivo.
En reuniones anteriores del banco central, Ávila expresó su desacuerdo con la decisión de sus colegas de subir los costes de financiación.
En la reunión de la junta de enero, Ávila aseguró que subir los costes de financiación provocaría presiones inflacionistas y calificó la medida de “irresponsable”.
En una publicación en X el lunes, Petro dijo que una subida adicional de 100 puntos básicos sería “suicida” y estaría motivada políticamente de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de este año.
La junta, compuesta por siete miembros, sigue dividida, y las recientes decisiones han dependido de votos decisivos que han impedido al Gobierno orientar la política hacia recortes agresivos de los tipos de interés.
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