Bogotá — Aunque la inflación en Colombia venía dando señales de alivio, con una variación anual de 6,03% en julio, las presiones aumentarían en este segundo semestre por cuenta de, entre otras razones, el terremoto que vivió el país el pasado 10 de agosto.
“La emergencia por el terremoto en el occidente del país podría generar nuevas presiones de precios por la restricción de oferta de ciertos productos producidos/cultivados en la zona, la mayor demanda para envío de suministros a la zona y la afectación de infraestructura de transporte”, dice un informe de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá.
Lo que evidencia que el desastre natural no solo representa un golpe humano y social, sino que introduce un factor de riesgo adicional justo cuando el mercado esperaba una moderación más consistente de la inflación hacia la segunda mitad del año.
Y a ello se suma otros factores que inciden en el IPC: el Fenómeno de El Niño, el choque geopolítico en Medio Oriente y el proceso de indexación salarial.
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El análisis destaca que si bien el reporte de precios de julio lució favorable, la moderación no cambia sustancialmente las preocupaciones sobre el elevado nivel del ajuste de precios: las mediciones de inflación básica se mantuvieron cerca o por encima del 6%.
En ese contexto, un choque de oferta como el sismo puede revertir con rapidez los avances logrados, en particular en alimentos, rubro que ya estaba bajo vigilancia por el impacto de El Niño.
La entidad financiera espera entonces que la inflación mensual se ubique en 0,2% en agosto y 0,3% en septiembre, con un cierre anual de 6,8% para 2026, cifra que ya refleja parte de las presiones estructurales identificadas antes del sismo.
El balance macroeconómico de corto plazo para la inflación se mantiene alcista, mientras que en el largo plazo se espera que se mantenga estable, siempre que el balance fundamental de la economía no se vea alterado de forma permanente.
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La combinación de una oferta agrícola reducida en la zona afectada, mayores costos de transporte, presión sobre la infraestructura logística y un eventual mayor gasto público para la reconstrucción configura un escenario en el que la inflación podría encontrar nuevos obstáculos para converger hacia el rango meta del Banco de la República.
El costo fiscal de la reconstrucción
Más allá del efecto directo sobre los precios, el terremoto plantea un reto fiscal de gran magnitud. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que, con base en experiencias anteriores en Colombia, el costo total de la reconstrucción podría ubicarse, de manera todavía preliminar, en un rango de entre 1% y 2% del PIB, es decir, entre COP$19 y COP$38 billones.
De acuerdo con Mejía, cerca del 65% de ese costo podría recaer sobre el presupuesto público, alrededor del 30% provendría de cooperación internacional y cerca del 5% de donaciones privadas.
El economista advirtió que el reto es delicado porque este choque fiscal encuentra al Gobierno en una situación de gran fragilidad, con un déficit cercano al 8% del PIB. Aunque el Ejecutivo ha anunciado que no aumentará los impuestos, esa posición podría tener que revisarse a medida que se precise la magnitud de los daños.
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El terremoto llega, además, en un momento políticamente sensible. Un informe reciente de Citi señala que el desastre abre una prueba temprana para el ajuste fiscal del gobierno de Abelardo De la Espriella, pues las necesidades de reconstrucción obligarán a conciliar un mayor gasto de emergencia con una estrategia que hasta ahora ha priorizado los recortes.
La advertencia se da justo cuando el Congreso devolvió al Ministerio de Hacienda el presupuesto de 2027, después de que el ministro Miguel Gómez argumentara que el proyecto heredado de la administración anterior era incompatible con el marco fiscal vigente.
Para Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi para América Latina, la credibilidad fiscal sigue siendo la principal prioridad macroeconómica de la nueva administración, aunque el presupuesto revisado permitirá medir hasta dónde puede sostenerse esa estrategia frente a las necesidades del desastre.
A lo que añadió que el impacto macroeconómico dependerá menos de la interrupción de corto plazo de la actividad productiva que del costo fiscal final de reconstruir viviendas, transporte, escuelas, centros de salud e infraestructura pública.
