Bloomberg Línea — Este jueves 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá ordenó cárcel para los exminsitros del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
“La Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidada y operaban a través de terceros”, indicó la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal.
Si bien en este caso se había solicitado prisión domiciliaria, la magistrada en mención explicó que la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional para los imputados por cuenta de la capacidad de articulación e intermediación propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública.
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Lo que no se sustenta en una “fuga inminente, si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o la continuación en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura”.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, ambos exministros estarían vinculados a un esquema mediante el cual se direccionaron contratos por alrededor de COP$92.000 millones destinados a proyectos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), con el fin de asegurar apoyos en el Congreso de la República para obtener créditos internacionales del Gobierno.
Como parte de las pruebas, la Fiscalía sostiene que una exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, declaró haber sido presionada por el exministro para autorizar esos desembolsos. Asimismo, que existió un supuesto acuerdo con Velasco para “destrabar” los créditos y asegurar los votos en el Legislativo.
