Bloomberg Línea — La billetera estatal Chivo, insignia del experimento que en 2021 convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin (XBTUSD) como moneda de curso legal, tiene un nuevo dueño mayoritario.
El gobierno salvadoreño y la firma californiana Linguard Labs anunciaron el 8 de octubre una alianza público-privada para relanzarla como una plataforma financiera integral, “para beneficio de los salvadoreños, sin importar el lugar donde residan”.
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Como parte del acuerdo, la empresa asumió la participación mayoritaria, mientras que el Estado conservará una participación accionaria y seguirá vinculado como socio.
Según el anuncio, la transacción es “consistente” con el programa de US$1.400 millones que El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde diciembre de 2024. El acuerdo contempla reducir la exposición del Estado al bitcoin, incluida una disminución gradual de su participación en la billetera Chivo.
Según el comunicado, la plataforma parte de una base de más de 4,5 millones de cuentas registradas, que la convierten —de acuerdo con la empresa— en la mayor plataforma financiera digital del país. Los usuarios actuales conservarán cuentas y saldos; lo que cambia es lo que la aplicación puede hacer.
La plataforma ofrecerá remesas gratuitas desde Estados Unidos para los usuarios de la “categoría Regular”, microcréditos y adelantos de efectivo evaluados con la actividad del usuario dentro de la app, financiamiento para comercios y pagos con bitcoin, dólares, stablecoins u otros activos digitales, con cashback por compra y tarjetas de débito para gastar el saldo donde se acepten tarjetas.
“Comisiones más bajas en las remesas no representan una victoria. Hacerlo gratis, sí”, dijo Drew Weinstein, fundador y CEO de Linguard Labs. La empresa, especializada en infraestructura financiera digital, cuenta con exejecutivos de Visa Inc (V), JPMorgan Chase & Co (JPM) y Citigroup Inc (C) en su equipo directivo.
De proyecto estatal a activo en venta
Chivo nació en septiembre de 2021 como el instrumento para aplicar la Ley Bitcoin, que hizo del criptoactivo moneda de curso legal junto al dólar.
Para sostenerla, el Estado creó un fideicomiso de US$150 millones, pagó US$30 a cada ciudadano que descargara la aplicación y destinó otros US$50 millones a cajeros y logística. El momento decisivo llegó con el acuerdo con el FMI, que condicionó el financiamiento a “mitigar los riesgos del bitcoin”.
Un mes después de firmado, la Asamblea Legislativa reformó la ley, con lo que el bitcoin dejó de ser moneda de curso legal y su aceptación voluntaria.
En septiembre pasado, en el marco de la tercera revisión del programa —que habilitó un desembolso de US$138 millones—, el Gobierno confirmó haber transferido la propiedad mayoritaria de Chivo a un operador privado. El presidente Nayib Bukele precisó entonces en X que solo se vendieron las acciones de la billetera, “algo que se ofreció hace año y medio”, y no la reserva estatal de bitcoin.
Aceptación del bitcoin
La adopción masiva que buscaba impulsar la ley nunca se materializó. El propio Bukele lo admitió en una entrevista a la revista Time en agosto de 2024.
“No tiene la adopción que esperábamos, lo bueno es que es voluntario, es decir, nunca obligamos a la gente a adoptarlo, lo dimos como una opción”.
El 91,8% de los salvadoreños no usaba bitcoin en 2024 y el 76,2% nunca lo había usado, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública publicada en enero de 2025. En tanto, las remesas, uno de los argumentos centrales del proyecto, mostraron la misma distancia entre la promesa y la realidad.
Las enviadas con billeteras de criptomonedas sumaron US$23,1 millones entre enero y abril de 2026, un alza de 44,3% interanual que, sin embargo, representó apenas el 0,7% del total, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).
Del experimento queda la reserva. El Estado acumula más de 7.798 bitcoins, valorados en unos US$636 millones, según la Oficina Nacional de Bitcoin, producto de una política de compras diarias que inició en noviembre de 2022.
Las compras, además, continuaron incluso después de firmado el acuerdo con el FMI, pese a que frenarlas era una condición explícita del préstamo. En noviembre de 2025 el Gobierno anunció la compra de 1.000 bitcoins por US$100 millones.
El Fondo Monetario sostuvo después que las últimas adquisiciones se financiaron con “donaciones privadas” y que el Gobierno se comprometió a no invertir más recursos públicos.
¿Cómo se sostendrá el negocio?
Chivo arrastra el desafío de demostrar que puede sostenerse sin recursos públicos. En 2024, la empresa que operaba la billetera recibió US$40,04 millones del Estado y registró pérdidas por US$9,63 millones, según sus estados financieros.
Para Fernando Tobias, director de Marketing de Lynk Markets, la clave del negocio estará en los microcréditos. Las transferencias gratuitas desde Estados Unidos dejan poco margen para generar ingresos cambiarios, mientras que los préstamos permitirían monetizar la información sobre los movimientos de dinero de los usuarios.
“Las tasas, los montos de los préstamos y los impagos son las cifras que habrá que observar cuando el servicio se lance”, dijo en un análisis en LinkedIn.
Por su parte, Carlos Romero Rizo, asesor legal y financiero y cofundador de AR Consulting, apuntó al desafío más amplio de “convertirla en un negocio financiero sostenible, confiable y regulatoriamente sólido”.
El analista también planteó interrogantes sobre la sostenibilidad, la distribución de responsabilidades entre el operador privado y el Estado, “especialmente en materia de custodia y protección de los fondos de los usuarios”, y su escalabilidad, “¿puede este modelo convertirse en una referencia para otros mercados de Centroamérica?“.
