Ciudad de México — La Fiscalía Federal de Nueva York, en Estados Unidos, acusó el miércoles al Gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de importar “grandes” cantidades de narcóticos a ese país a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación formal en contra del gobernador y nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fue anunciada en un comunicado por el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, por delitos de tráfico de drogas y otros relacionados con armas.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, dijo la institución en el mensaje.
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“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, escribió el gobernador de Sinaloa en su cuenta de X.
El funcionario afirmó que demostrará que las acusaciones de Estados Unidos son infundadas y consideró que el señalamiento es “un ataque al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos”.
El 28 de abril a las 18:00 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno estadounidense, pero tras una revisión jurídica, dijeron que no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas y detenerlas para su extradición, y que será la Fiscalía de la República, encabezada por la exconsejera jurídica de Sheinbaum, quien determine si existen dichas evidencias.
“Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, agregó en un comunicado.
La acusación ocurre en medio de una crisis en el Gobierno de México por la incursión en suelo mexicano y muerte de dos agentes de la CIA que trabajaban sin permiso, luego de un operativo en el vecino estado de Chihuahua para desmantelar un laboratorio clandestino de droga sobre el que Sheinbaum ha dicho que desconocía.
El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del propio presidente Donald Trump, ha señalado que México está gobernado por el crimen organizado asociado a los cárteles. El mandatario ha dicho que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene tanto miedo de los cárteles de la droga, que no pude pensar con claridad, aunque la considera una persona “encantadora”.
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Rocha Moya, de 76 años, enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos con sanciones que van desde cadena perpetua a una pena mínima, obligatoria, de 40 años de prisión.
Además de Rocha Moya, los otros acusados son Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, agregó la Fiscalía estadounidense.
El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La Fiscalía estadounidense apuntó que los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas
Según las acusaciones, Rocha Moya y los demás están “estrechamente vinculados” a la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos colectivamente como los “Chapitos”, quienes supuestamente lo ayudaron para ser electo gobernador mediante secuestros e intimidación a sus rivales.
A cambio, antes y después de convertirse en Gobernador el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya acudió supuestamente a reuniones con los Chapitos, donde prometió protegerlos mientras distribuían “grandes cantidades” de drogas a Estados Unidos y permitió, como Gobernador, que los Chapitos operaran con impunidad.
Zaavedra, por ejemplo, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, presuntamente habría recibido aproximadamente US$11.000 mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos.
Otro caso citado por la Fiscalía es Millán, un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, que presuntamente recibía más de US$1.600 mensuales de los Chapitos. A cambio, les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
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Millán además está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.
Esta historia se actualizó desde el cuarto párrafo a las 14:00 horas tiempo de la Ciudad de México.
