Bloomberg — Panamá se acercó más a decidir si First Quantum Minerals Ltd. puede reabrir una gigantesca mina de cobre tras recibir una esperada auditoría que concluyó que el proyecto cumplía con la mayoría de sus obligaciones ambientales, legales, fiscales y operativas.
Según un comunicado del gobierno publicado el viernes, la auditoría, realizada por la firma suiza SGS SA, identificó áreas de mejora en los procesos administrativos, la gestión de la biodiversidad y la restauración ecológica. Sin embargo, los auditores señalaron que las deficiencias no constituían fallas estructurales que invalidaran las conclusiones generales.
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Esta revisión independiente supone un hito clave, ya que Panamá está sopesando el futuro de la extensa mina, que fue fundamental tanto para First Quantum como para la economía local antes de su cierre a finales de 2023 en medio de protestas masivas. Desde entonces, la empresa canadiense ha gastado unos US$16 millones al mes en el mantenimiento de las instalaciones, al tiempo que busca una vía para reanudar la actividad.
Las acciones de First Quantum subieron hasta un 0,6% el viernes en Toronto tras la publicación del informe, antes de retroceder.
Para Panamá, la mina supone tanto una oportunidad económica como un riesgo político. Anteriormente generaba ingresos por exportaciones, puestos de trabajo y recaudación para el Estado, pero también se convirtió en un símbolo de la preocupación pública por la supervisión medioambiental, la soberanía y la distribución de los beneficios de la minería. La oposición pública parece haberse atenuado, aunque las protestas han resurgido antes de la publicación de la auditoría.
La decisión también tiene repercusiones mucho más allá de Panamá. Antes de su cierre, Cobre Panamá suministraba alrededor del 1,5% del cobre extraído en todo el mundo. Su ausencia ha provocado una contracción del mercado de concentrados justo cuando la demanda está aumentando por parte de las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, los centros de datos y las infraestructuras de energías renovables.
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Una reanudación de la actividad no resolvería los problemas de suministro del sector, pero supondría un alivio significativo. La mina podría llegar a producir, en su momento, unas 300.000 toneladas de cobre al año, aunque es poco probable que se alcancen volúmenes significativos antes de 2027, dados los obstáculos legales, normativos, operativos y políticos.
El Gobierno creó a principios de este mes un grupo de trabajo interinstitucional para evaluar las implicaciones jurídicas, económicas, técnicas y medioambientales de la mina. Se espera que la auditoría sirva de guía para las recomendaciones de dicho grupo y para cualquier decisión más amplia sobre una reanudación completa de la actividad.
La auditoría tiene por objetivo servir como insumo técnico para evaluar el futuro de la mina y no constituye una decisión sobre si se debe reiniciar la operación, dijo el gobierno.
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