Bloomberg — El Gobierno de EE.UU. se enfrenta a la posibilidad de tener que hacer frente a gastos legales que podrían ascender a millones de dólares, exigidos por quienes han impugnado con éxito algunas de las medidas ejecutivas y políticas más controvertidas de la Administración Trump.
Los abogados han solicitado honorarios que superan los US$100.000 en al menos diez casos durante el último año, lo que asciende a un total de más de US$2,5 millones, según un análisis de Bloomberg News de los expedientes judiciales. Además, los abogados que interpusieron demandas por los recortes de más de US$100 millones en la financiación de las humanidades, relacionados con el proyecto de eficiencia gubernamental vinculado a Elon Musk, alegan que tienen derecho a una parte de las subvenciones que recuperen para sus clientes.
Las agencias federales pueden verse obligadas a pagar los honorarios de los abogados cuando pierden en los tribunales, en virtud de una ley de 1980 destinada a garantizar que los particulares, las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro no se vean impedidos de demandar al Gobierno por motivos económicos. La avalancha sin precedentes de cientos de demandas que impugnan los usos novedosos y transgresores del poder ejecutivo por parte de la Administración Trump ha incrementado la cantidad de dinero de los contribuyentes que está en juego.
“Es algo intrínsecamente estadounidense poder demandar a su Gobierno”, afirmó Steven Brown, un abogado con sede en Houston que reclama más de US$180.000 en honorarios en varias demandas que impugnan los intentos de la Administración de revocar la situación legal de los estudiantes extranjeros. “Es importante que, cuando el Gobierno no pueda justificarse, los tribunales puedan imponer el pago de las costas”.
Según muestran los expedientes judiciales, Brown y sus coabogados notificaron recientemente a los jueces que habían alcanzado acuerdos provisionales sobre los honorarios con el Gobierno, pero se negó a comentar las cantidades, ya que los acuerdos aún no son definitivos.
Los honorarios de los abogados ofrecen a los tribunales una forma de indemnizar íntegramente a las partes ganadoras, y también pueden ser utilizados por un tribunal para sancionar una conducta indebida. Si ambas partes no logran llegar a un acuerdo, el juez encargado del caso decide si la parte perdedora debe pagar y, en caso afirmativo, qué importe.
Un juez federal de Florida dictaminó recientemente que el presidente Donald Trump debía pagar los honorarios de sus oponentes como sanción por interponer una demanda de “mala fe” por valor de US$10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos. El juez criticó duramente la conducta del Departamento de Justicia, pero no impuso ninguna sanción económica al Gobierno. Los abogados de los demandantes presentaron esta semana los escritos en los que solicitan aproximadamente US$43.500.
Las peticiones para que el Gobierno de EE.UU. pague los gastos legales de la parte contraria se han multiplicado a medida que más demandas presentadas desde el inicio del segundo mandato de Trump llegan a sentencia firme. Por lo general, los honorarios de los abogados no se hacen públicos hasta que el caso ha concluido, incluidas las apelaciones.
Tarifas por hora
El Departamento de Justicia solicita a los tribunales que desestimen varias solicitudes de cuantía elevada o, al menos, que reduzcan el importe. En los litigios sobre la cuantía que las agencias estadounidenses reembolsan a las instituciones privadas en concepto de gastos de investigación, el departamento alega que la asociación sin ánimo de lucro que interpuso la demanda no tiene derecho a reclamar honorarios por un total superior a US$1,5 millones y que, como mínimo, las tarifas por hora de los abogados son demasiado elevadas.
La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, afirmó en un comunicado que “el departamento tiene la obligación de proteger el dinero de los contribuyentes, lo que incluye impugnar las solicitudes de honorarios cuando las partes litigantes reclaman más de lo que permite la ley”.
Este mes se han presentado nuevas solicitudes de honorarios de seis cifras en disputas relacionadas con las medidas del Gobierno para restringir las ayudas alimentarias a los hogares con bajos ingresos y para eliminar los carriles bici en el centro de Washington.
El Departamento de Justicia ha llegado a acuerdos sobre las solicitudes de honorarios en algunos recursos contra las políticas de la Administración, entre los que se incluyen al menos tres que suponían solicitudes de más de US$100.000, según el análisis de Bloomberg de los documentos judiciales. Los abogados de esos casos —que incluían disputas sobre la financiación de la investigación en materia de educación y de programas de prevención del embarazo adolescente— se negaron a revelar las cantidades.
‘Partes ganadoras’
La Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia de 1980 otorga a las “partes ganadoras” el derecho a recuperar los gastos legales si la postura del Gobierno no estaba “sustancialmente justificada”. La ley establece límites de elegibilidad en función del patrimonio neto y el tamaño de las personas físicas, las empresas, los organismos de la administración local y otras entidades con ánimo de lucro. Las organizaciones sin ánimo de lucro están incluidas si cuentan con menos de 500 empleados.
La mayoría de los pagos de honorarios de abogados realizados desde 2020 en virtud de esta ley fueron inferiores a US$100.000, según una base de datos del Gobierno. De los 88 pagos que Estados Unidos realizó en 2025 —por un total de US$15 millones—, menos de una cuarta parte ascendieron a cifras de seis dígitos, según el análisis de Bloomberg, que excluyó miles de pagos anuales de honorarios en casos relacionados con la Seguridad Social y las prestaciones para veteranos.
En otros pocos casos durante el último año, quienes se opusieron a la Administración Trump solicitaron sumas menores o no especificaron las cantidades que reclamaban en los escritos judiciales antes de llegar a acuerdos.
Dicho análisis no incluye las solicitudes de honorarios de los abogados que ganaron los juicios para liberar a sus clientes de la custodia de inmigración en medio de la campaña de deportaciones de la Administración. Estas solicitudes suelen ser de menor cuantía —de cientos o de unos pocos miles de dólares, según muestran los expedientes judiciales—, pero se acumulan dado el número de miles de demandas presentadas hasta la fecha.
Los tribunales federales se han mostrado divididos sobre si la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia es aplicable en los casos de inmigración. El Departamento de Justicia sostiene que no lo es. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora —que en gran medida se ha puesto del lado de la Administración Trump—, se pronunciará sobre esta cuestión en el nuevo período de sesiones que comienza en octubre.
Reclamaciones de elevadas cuantías
El Departamento de Justicia se opone a las solicitudes de honorarios de abogados más elevados en las demandas relacionadas con los límites máximos de reembolso de gastos de investigación adoptados por los Departamentos de Defensa, Energía y Salud y Servicios Humanos, así como por la Fundación Nacional para la Ciencia. En conjunto, la Asociación de Universidades Americanas, una organización sin ánimo de lucro, reclama más de US$1,5 millones para sus abogados.
Los abogados del Gobierno sostienen que la asociación no tiene derecho a percibir dichos honorarios porque las agencias “contaban con una base jurídica razonable. El Departamento de Justicia también sostiene que las solicitudes de honorarios deben denegarse porque los miembros de la asociación —entre los que se incluyen Harvard, Yale y docenas más de universidades grandes y bien dotadas— pagaron cuotas adicionales para ayudar a financiar el litigio.
La asociación replica que, en última instancia, es ella la responsable de los costes y que los precedentes jurídicos no excluyen la posibilidad de recuperar el dinero por el mero hecho de que la organización cuente con el apoyo de sus miembros.
El Gobierno también alega que los abogados solicitan una cantidad excesiva de dinero. Los abogados de la asociación han reclamado tarifas por hora de hasta US$500, alegando la especialización necesaria para litigar el caso y la apretada agenda. Entre los abogados se encuentra Paul Clement, un destacado litigante conservador que ocupó un alto cargo bajo el mandato del expresidente George W. Bush y que se ha convertido en el abogado de referencia para las disputas contra la Administración Trump.
Existen otras vías para que los opositores a la Administración Trump recuperen los gastos legales, además de los honorarios previstos en la ley de igualdad de acceso, que suele abonar el organismo demandado. Las personas que demandan al Gobierno por lesiones o daños materiales pueden recuperar los honorarios de los abogados si ganan el juicio, y ese dinero procede de un fondo central de recursos federales conocido como el “Fondo de Sentencias”.
En una disputa sobre subvenciones federales suspendidas el año pasado por funcionarios vinculados al proyecto del Departamento de Eficiencia Gubernamental, los abogados de algunos beneficiarios están esgrimiendo el inusual argumento de que tienen derecho a un porcentaje de los fondos recuperados —una petición que, según afirman, cuentan con el respaldo de sus clientes—. Han solicitado al juez que ordene a la Administración que reserve dicho dinero mientras el Gobierno recurre la sentencia subyacente para reanudar las subvenciones.
Estimación de US$7,5 millones
Los abogados del Gobierno sostienen que la denominada “doctrina del fondo común” no es aplicable y que reservar el dinero “privaría a los beneficiarios de una financiación que podría ser esencial para la finalización satisfactoria de sus proyectos”. El Gobierno estima que la cuantía en cuestión asciende a aproximadamente US$7,5 millones, aunque los abogados de los beneficiarios no han especificado qué cantidad reclamarían.
Los abogados de los beneficiarios replican que el tribunal “no debería dar crédito a la repentina preocupación del Gobierno” por sus clientes.
Las repercusiones legales de la presidencia de Trump se han extendido más allá del ámbito tradicional de las agencias federales.
Un músico de jazz reclama más de US$250.000 en concepto de honorarios legales al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, una institución cuasi pública que le demandó por cancelar un concierto de Nochebuena después de que los miembros del consejo de administración nombrados por Trump votaran a favor de añadir el nombre del presidente al centro. Un juez desestimó el caso en junio, al considerar que era poco probable que el centro ganara y que había tomado represalias contra el músico, Charles “Chuck” Redd, por ejercer su derecho a la defensa pública.
Posteriormente, en un caso independiente, un juez ordenó al centro que retirara el nombre de Trump. Los abogados del centro —el Departamento de Justicia no interviene en el asunto— respondieron esta semana a la solicitud de honorarios de Redd, calificándola de “desproporcionada en relación con lo que está en juego, la falta de complejidad del caso, la experiencia necesaria para tramitarlo y, lo que es más importante, el trabajo necesario para defenderlo”. El Kennedy Center se financia mediante una combinación de fondos públicos y privados.
Los abogados del Centro Kennedy se negaron a hacer comentarios y los letrados de Redd no respondieron el miércoles a una solicitud de comentarios.
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