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Bogotá — La Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones contra Electricaribe y revisoría fiscal porque usó indebidamente los recursos públicos que terminaron favoreciendo los ingresos de la compañía que a la población más vulnerable.
Según el ente de control, Electricaribe hizo mal uso de recursos públicos que “debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016″.
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La Contraloría explicó que los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del Fondo de Energía Social (FOES), que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo.
“Los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe”, aseguró la entidad.
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De acuerdo con el ente de control, al realizarse lo anterior, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales.
PricewaterhouseCoopers (PwC) y tres de sus colaboradores también fueron incluidos en el fallo de responsabilidad fiscal porque avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, “toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador de los mismos”.
