Chile

Comisión constitucional aprueba anular derechos de agua en Chile

La votación del jueves es solo un primer paso, ya que la norma requiere una segunda aprobación de la comisión

imagen del río Rin con las aguas bajas
Por Valentina Fuentes y James Attwood
03 de febrero, 2022 | 02:02 PM

Bloomberg — Una propuesta que anula los derechos de agua otorgados al sector privado en Chile durante las últimas cuatro décadas fue aprobada en una votación inicial por una comisión ambiental como parte del proceso de redacción de una nueva Constitución.

El plan exigiría a las minas, las empresas agrícolas y sanitarias que soliciten permisos temporales para utilizar el agua en un nuevo modelo que priorice el consumo humano, la sostenibilidad de las reservas de agua y los derechos indígenas. Otros portadores no industriales de derechos de aprovechamiento de agua recibirían una compensación en un plazo de dos años.

La votación del jueves es solo un primer paso, ya que la norma requiere una segunda aprobación de la comisión, así como una mayoría de dos tercios en el pleno de la Convención Constituyente antes de convertirse en parte de una propuesta de Carta Magna que se someterá a un referéndum en el segundo semestre del año.

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La propuesta marcaría otro paso importante hacia la consagración del agua como un derecho humano, ya que el agotamiento de las reservas aumenta el escrutinio de uno de los sistemas de distribución más privatizados del mundo. En enero, el Congreso aprobó un proyecto de ley que limita la duración de los derechos de aprovechamiento de agua a 30 años y faculta a los reguladores a suspender los permisos que no se utilicen, o si los suministros están en riesgo.

Al proteger los derechos de las empresas agrícolas, eléctricas y mineras, el sistema actual ayudó a Chile a convertirse en un importante exportador de bienes como el cobre, el aguacate y el vino. Pero más de una década de sequía y una débil fiscalización ha dejado secas a algunas comunidades, elevando el agua a un tema clave de justicia social.

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El agua es parte de un intento más amplio en Chile para revisar un modelo que utilizó servicios sanitarios privatizados para ayudar a crear una de las economías más vibrantes de la región, pero que dejó atrás a muchas personas. Esas preocupaciones sustentaron un estallido social en 2019 que dieron lugar a la Convención Constituyente.

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