:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/FKLAW522W5ABDIKK4ZZGBOGEIY.jpg "El VMT y la Fuerza Armada tomaron control de dos líneas del transporte colectivo en El Salvador por incremento ilegal en las tarifas al público. Foto: VMT @VMTElSalvador")
San Salvador — Soldados de la Fuerza Armada de El Salvador fueron designados como choferes en dos rutas de transporte colectivo sobre las cuales el Estado tomó control este domingo por presuntos incrementos no autorizados en el precio de pasaje.
La medida forma parte de un plan de 11 medidas para hacer frente a la inflación mundial que anunció el presidente Nayib Bukele, entre las cuales estipuló una mayor vigilancia sobre el cumplimiento del pliego tarifario oficial del transporte público.
A raíz de la disposición, la Policía Nacional Civil detuvo al empresario de transporte Catalino Miranda y el Viceministerio de Transporte (VMT) le revocó la concesión de las rutas 42 y 152, la primera que conecta el centro de San Salvador con la zona de Santa Tecla; y la segunda, la ciudad de Zaragoza con Antiguo Cuscatlán, ambos en La Libertad.
El gobierno le decomisó 293 unidades a la cooperativa Acostes de RL, 78 autobuses y 215 microbuses. El VMT, en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil, tomaron control de las unidades la mañana del domingo.
“En vista de los incumplimientos por parte de Acostes, por aumento de la tarifa de forma ilegal, las unidades van a ser manejadas por efectivos de la Fuerza Armada. Se garantizará que la población reciba el servicio”, dijo Raúl López Velado, director del VMT.
“Catalino Miranda ha incumplido el contrato de concesión de parte del Viceministerio de Transporte”, sostuvo por su lado Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, cartera a la cual está adscrita el VMT. En su argumentación, acusa a Miranda no solo de elevar los precios oficiales, sino de falsificar firmas del VMT y publicarlas en las unidades para sustentar los cobros ante los pasajeros. Además, cita deficiencias en la calidad del servicio y el estado de los vehículos.
“Si hay alguna unidad que sigue incrementando el pasaje vamos a ser contundentes con la ley y vamos a tener que retirarle la concesión de la línea y dársela a un empresario que de verdad quiera trabajar en favor del pueblo salvadoreño”, advirtió Rodríguez, horas previas a la detención de Miranda.
Más decomisos si es necesario
“Los autobuses y microbuses de las rutas 152 y 42 de ACOSTES de RL. serán operados por el Estado para darle servicio de transporte a toda la población”, anunció René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa de El Salvador.
Bukele planteó que los decomisos podrían continuar si los empresarios elevan los precios por su propia cuenta. “Prepare más conductores Ministro (René Francis Merino, Ministro de Defensa), que si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir todas esas unidades también”, le instó en su cuenta de Twitter.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas anunció que entrevistarán a candidatos para nuevos choferes, tanto en las instalaciones del Ministerio como en una docena de destacamentos militares a lo largo del país.
Bukele defiende que el gobierno tiene la potestad de emprender este tipo de medidas y citó al Artículo 110 de la Constitución de la República el cual consigna que “el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas…”.
La mayoría de tarifas para los autobuses y microbuses en el Área Metropolitana de San Salvador rondan entre los $0,20 y los US$0,35, según una tabla de precios que define el VMT junto al Ministerio de Economía. El Estado desembolsa un subsidio a los transportistas para mantener los precios.
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