Montevideo — El Poder Ejecutivo uruguayo resolvió el incremento de los combustibles que regirá desde la medianoche del 1° de abril. El aumento será de $3 para la nafta y de $5 para el gasoil, afirmó el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles en una conferencia de prensa, según recogió Telemundo de Canal 12.
Así, el litro de nafta súper pasará a costar $77,88 por litro y el gasoil 58,99 por litro. En el caso de la nafta el incremento fue de 4% y para el gasoil del 9,2%, como consignó El Observador.
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La Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) sugirió para abril incrementos de $7,5 para la nafta y de $15 para el gasoil. El regulador estatal presenta todos los meses un informe asesor no vinculante con el precio de paridad de importación (PPI), que fija el valor teórico que tendría el combustible en caso de que fuera importado. En Uruguay el crudo es importado y refinado a través de la petrolera estatal monopólica Ancap. Por su parte, la compañía había señalado que según sus costos de producción el ajuste debía ser de $5 para la nafta y $10 para el gasoil.
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Lacalle Pou dijo que el incremento se debió al aumento del precio internacional del petróleo, que tuvo una nueva escalada tras el estallido de la guerra en Ucrania. El presidente también mencionó que el gobierno resolvió absorber parte del costo a través de Ancap.
El ministro de Industria Omar Paganini dijo sobre el mediodía del miércoles en una rueda de prensa que uno de los mecanismos que para subsidiar el combustible era habilitar un mayor endeudamiento por parte de la empresa estatal. De todos modos, insistió con que esa herramienta es inviable mantenerla en el largo plazo.
El anterior aumento, que regía desde marzo, había sido de 2% para cada uno de los combustibles. La nafta tuvo en esa oportunidad un incremento de $1,47 y el gasoil de $1,05. En tanto, el de febrero fue de $3 tanto para las naftas como el gasoil, lo que implicó 6% para la nafta y 4,26% para el gasoil.
¿Cómo se fija el precio del combustible?
El precio del combustible es fijado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto. En la práctica, el presidente resuelve en acuerdo con integrantes de su gabinete.
Para tomar la decisión, el presidente y los ministros reciben diferentes informes. Por un lado la petrolera estatal Ancap presenta una propuesta para cubrir sus costos. Por otro, la Ursea define el PPI y realiza una sugerencia, de acuerdo al mecanismo que quedó establecido en la Ley de Urgente Consideración. Esto debe ser revisado al menos una vez cada 60 días. Con los elementos sobre la mesa, la cúpula del gobierno toma la decisión.
En los hechos, en los últimos incrementos el Poder Ejecutivo resolvió que Ancap asuma parte de los costos que no fueron trasladados al precio final en el surtidor, lo que implica para las cuentas públicas un deterioro fiscal. En esos casos, el gobierno atenuó la definición en busca de que los ajustes no fuera más pronunciados, aunque de todos modos hubo aumentos.
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