Bloomberg — El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha autorizado la reanudación de las obras del muro fronterizo del presidente Donald Trump en el Parque Nacional de Big Bend, al oeste de Texas, haciendo caso omiso de las objeciones medioambientales y otorgándole así una victoria clave en uno de sus proyectos emblemáticos.
Con un voto en contra, el alto tribunal suspendió el lunes una resolución que bloqueaba la construcción en un tramo de 300 millas que incluye el parque nacional. Un juez federal de Texas había señalado que el Departamento de Seguridad Nacional probablemente estaba actuando de forma ilegal al intentar eludir la legislación medioambiental y otras leyes. La construcción puede ahora continuar mientras prosigue la batalla legal.
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En un dictamen sin firmar, el tribunal afirmó que la ley federal “refleja una clara preferencia por la construcción rápida de la frontera” frente a otros intereses. El interés del gobierno “prevalece sobre cualquier perjuicio estético, recreativo y medioambiental”.
La administración sostiene que el muro es urgentemente necesario para impedir el flujo ilegal de personas y drogas a través de la frontera entre EE.UU. y México. Los opositores afirman que el muro alterará de forma permanente un paisaje pintoresco, dañará el ecosistema y amenazará los recursos históricos y culturales.
“La administración Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los parques nacionales más importantes de Estados Unidos, y el Tribunal Supremo acaba de darles luz verde”, afirmó Laiken Jordahl, defensor nacional de los terrenos públicos del Centro para la Diversidad Biológica, que representa a las personas y grupos que impugnan la construcción.
El Departamento de Justicia calificó la decisión como “una victoria monumental para el pueblo estadounidense y la seguridad fronteriza del país”.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que votó en contra. Aunque no expuso sus motivos, ya había criticado anteriormente el método que utiliza el tribunal para evaluar las solicitudes de medidas de emergencia.
El caso gira en torno a las exenciones concedidas por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el actual secretario, Markwayne Mullin, para acelerar la construcción y eludir los requisitos legales habituales. Una ley federal permite al secretario del DHS conceder exenciones para facilitar la construcción del muro en zonas de “alta incidencia de entradas ilegales”.
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Las competencias del secretario
La jueza federal de distrito Kathleen Cardone afirmó que las exenciones probablemente exceden las competencias del secretario según la ley, dado que Big Bend presenta, con diferencia, la tasa más baja de detenciones de migrantes de todos los sectores de la frontera.
“Si el sector de Big Bend es una zona de alta incidencia de entradas ilegales, también lo son todos los demás sectores, y la facultad de conceder exenciones se aplicaría a toda la frontera entre Estados Unidos y México”, escribió.
El Tribunal Supremo señaló que era casi seguro que la jueza Cardone carecía de competencia para pronunciarse sobre el caso. La legislación federal prohíbe a los jueces cuestionar las decisiones sobre exenciones, salvo en los casos en que una demanda alegue una violación constitucional.
Cardone había calificado el caso como constitucional invocando la denominada “doctrina de las cuestiones importantes”, que, según el Tribunal Supremo, exige que las agencias federales cuenten con una autorización clara del Congreso antes de adoptar medidas de gran trascendencia. El juez afirmó que se trataba de un principio constitucional “fundamentado en la separación de poderes”.
El Tribunal Supremo rechazó ese razonamiento el lunes, señalando que la doctrina de las “cuestiones importantes” no era más que una herramienta para ayudar a interpretar las leyes. “No existe tal cosa como una alegación ‘constitucional’ basada en la doctrina de las cuestiones importantes”, afirmó el tribunal.
El fiscal general adjunto de EE.UU., D. John Sauer, explicó a los magistrados que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. había detenido a más de 89.000 personas que intentaban entrar ilegalmente a través del sector de Big Bend entre 2021 y 2025. “Dejar un tramo abierto de la frontera sin barreras en la región de Big Bend crearía un punto de concentración para los cruces de inmigrantes ilegales y los traficantes”, argumentó.
La iniciativa de construir el muro está siendo impugnada por un grupo dedicado a la conservación de una iglesia histórica, una organización ecologista y un guía fluvial local. Estos afirmaron ante el Tribunal Supremo que la jueza Cardone había enmarcado correctamente su fallo como una cuestión relativa a la autoridad constitucional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“La administración está haciendo una ‘afirmación extraordinaria de que el Congreso ha autorizado a un único funcionario del poder ejecutivo a prescindir unilateralmente de todas las garantías legales para los propietarios de terrenos, los empresarios y otros miembros del público afectados negativamente a lo largo de toda la frontera’”, argumentaron los demandantes.
El caso es Mullin contra Friends of the Ruidosa Church, 26a560.
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