Guatemala — Price resaltó que Estados Unidos está decidido a apoyar a los guatemaltecos en apoyo de la democracia y el estado de derecho, y en contra de aquellos que socavan estos principios para beneficio personal.
También, hizo un llamado al gobierno de Guatemala para que tome medidas serias para revertir el retroceso democrático.
Como consecuencia, el Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada en el país de Porras, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, y su “familia inmediata”.
“La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, señaló el funcionario estadounidense en rueda de prensa.
Price agregó que, como fiscal general, Porras “obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido”.
Asimismo, resaltó que “el patrón de obstrucción de Porras incluye, según consta, ordenar a fiscales del Ministerio Público de Guatemala ignorar casos con base en consideraciones políticas, y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”.
Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre ex fiscales anticorrupción y destacados jueces se encuentran exiliados por la presunta persecución judicial por parte de Porras, según han denunciado públicamente desde el exterior.
UE duda de compromiso por combatir la corrupción
La Unión Europea (UE) publicó este 17 de mayo un comunicado con la declaración de Pedro Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de esa dependencia, en la que habla de la reciente designación de María Consuelo Porras Argueta para un segundo período.
“La decisión del presidente Alejandro Giammattei de volver a nombrar a la actual fiscal general Consuelo Porras genera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial”, consigna el documento.
El comunicado enfatiza que “bajo la supervisión de este Fiscal General, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales independientes involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel”.
La declaración puntualiza en que “el estado de derecho y las instituciones fuertes e independientes son esenciales para el éxito, la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de Guatemala. El papel del fiscal general es crucial, incluso en la dirección de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es indispensable que esta función se ejerza con integridad, imparcialidad y con pleno respeto al orden constitucional, y evitando actuaciones que tengan por efecto lesionar la independencia judicial”.
