:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/DIEUMJAPNRGBXKZVIW7RSWASC4.jpg "Una bandera de Chile en Santiago.")
Santiago — Chile está acercándose a una de las elecciones más importantes de su historia reciente. El 4 de septiembre se definirá si una nueva Constitución regirá los rumbos del país o si, al contrario, se continuará con la actual.
El proceso no ha estado ajeno de la atención internacional, puesto a las reformas que supondría la implementación de una nueva Carta Magna. Jens Arnold, economista jefe para Argentina, Colombia y Chile de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cree que la reacción que ha tenido gran parte del sector privado chileno a la propuesta elaborada por la Convención fue “bastante” positiva. “Es importante reconocer que algún cambio va a venir, visto las protestas sociales en Chile en 2019 y un alto grado de descontento con el sistema actual. La reacción que encontró Chile a ese estallido social, de poner en marcha un proceso ordenado y encontrar una nueva Constitución, eso es una salida notable que, realmente, demuestra un poco la madurez de las instituciones”, dice en entrevista con Bloomberg Línea.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/OBEWD2QGAJHSSVVDD3D35VBGIQ.jpg "Legisladores asisten a una reunión de la Convención Constitucional en el antiguo Congreso Nacional de Chile en Santiago, Chile, el lunes 11 de abril de 2022.Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg")
La idea de un nuevo pacto social se concretó en noviembre de 2019, un mes después de que el país se remeciera por una serie de manifestaciones desatadas por el alza de las tarifas del sistema de transporte público en Santiago. Los principales sectores políticos acordaron que se celebrara un plebiscito de entrada en 2020, donde casi un 80% de los votantes optaron por una nueva Constitución. Así se dio paso a una Convención, la cual concluirá su trabajo en julio cuando entregue el borrador de Carta Magna que será sometido a un plebiscito de salida en septiembre. Hoy, las principales encuestas muestran que los electores dispuestos a votar en contra del proyecto superan a los que lo aprobarían, mientras que los indecisos serían clave para inclinar la balanza por una u otra opción.
El economista de la OCDE prefiere no referirse sobre el contenido del documento: “Si es bueno o no, eso no me incumbe. Será el pueblo chileno el que tome esa decisión, pero lo que puedo decir es que, al menos, el proceso –cómo estuvo, avanzó e inició– me pareció bastante serio y una buena manera de tomar en cuenta las preocupaciones de las personas”.
“NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS”
Junto a los cambios que podrían venir de la mano de una nueva Constitución, el gobierno de Gabriel Boric se prepara para presentar un proyecto de reforma tributaria ante el Congreso el 30 de junio, que estará enfocado en un royalty a la minería y en impuestos a las personas con los altos ingresos. Con estos recursos se pretende financiar la mitad del programa gubernamental de Boric.
La agenda contempla una reforma de pensiones. “En Chile hay un nuevo gobierno que llegó al poder con un mandato de incrementar la recaudación, de tener a disposición mayores recursos fiscales para satisfacer mayores ciertas demandas sociales… Está bastante en línea con recomendaciones que nosotros hemos hecho”, dijo Arnold respecto a este proyecto. Y agregó: “Concordamos con el diagnóstico de que una recaudación de 21% de PIB en el caso de Chile no es suficiente para realmente armar un sistema de protección social eficaz… Claramente hay una necesidad de mayores recursos, también hay una necesidad de mejorar los servicios como educación, salud y de una reforma del sistema previsional”.
“Hay un gobierno con mucha ambición de reformas en ámbitos donde Chile claramente necesita reformas y, ahora, hay que ver cómo estos proyectos de reformas avanzan”.
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