Panamá pone en riesgo su consolidación fiscal, advierte Moody’s

Ciudad de Panamá — Las protestas que desde hace tres semanas paralizan a Panamá y que hasta el momento causan pérdidas por más de 500 millones de dólares, amenazan con dar al traste con su otrora pujante economía, afectando su crecimiento, la consolidación fiscal y su calificación de riesgo.

Así lo advierte la calificadora de riesgo Moody´s Investors Service, entidad que indica que las presiones sociales son negativas para el crédito del Estado panameño, “ya que cualquier medida fiscal para reducir la presión de los precios sobre los consumidores complicará la reducción del déficit del sector público (no financiero) al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) este año desde el 6,7% en 2021″.

Ante la difícil situación por la que atraviesa la nación canalera, donde incluso empiezan a escasear los alimentos, los diversos gremios que conforman la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá salieron esta semana al paso para exigirle al gobierno de Laurentino Cortizo Cohen hacerle frente a los distintos problemas que aquejan a la sociedad.

Resulta urgente, resaltan los empresarios en un comunicado, que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ataquen sin miramientos todo acto de corrupción y acaben con los privilegios y la falta de transparencia.

“Exigimos indiquen cuanto antes la hoja de ruta para la implementación de planes de austeridad que demuestren voluntad de cambio ante los justos reclamos de los panameños. Los recursos del Estado nos pertenecen a todos, y todos merecemos su mejor manejo posible. Esto incluye la revisión del Presupuesto del Estado, la eliminación de los recién aprobados incentivos fiscales al turismo”, al igual que la aprobación de la ley de conflictos de intereses, entre otros.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insiste en la urgente necesidad de fortalecer los servicios públicos; mejorar el sistema educativo a todos los niveles, así como el mejoramiento real en las instituciones de salud, y la seguridad social, al igual que la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo económico sostenible para todos los panameños.

Señalan que para enrumbar al país existen “suficientes diagnósticos. Lo que falta es acción y voluntad de emprender los cambios”.

Por otro lado, los miembros de la mesa única del diálogo que se instaló en la provincia de Coclé, como respuesta a las manifestaciones, acordaron ocho puntos prioritarios para abordar con el gobierno:

Rebajar y congelar el precio del combustible, así como de la energía y la canasta básica, esta última sin afectar a los productores. Rebajar los precios de los medicamentos, asignación del 6% del PIB a la educación, que se discuta el problema de la Caja de Seguro Social, abordar los problemas de la corrupción y crear una mesa intersectorial de seguimiento, informó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.