El Gobierno boliviano descartó por completo la posibilidad de derogar el decreto 4.760, a partir del cual se fija el censo poblacional para 2024. Esto generó una mayor crispación en diversos sectores de la economía boliviana y se teme que pueda agravar las protestas que se llevarán a cabo en La Paz.
Cabe señalar que el próximo 21 de octubre de desarrollará La Asamblea de la Paceñidad, en la que se analizarán las medidas que asumirá La Paz en cuanto a la realización del censo.
En ese contexto, el Comité Interinstitucional Censo Por La Paz determinó, por decisión unánime, llevar a cabo la Asamblea y utilizar dicha instancia para respaldar la propuesta de la Alcaldía de La Paz de llevar adelante el censo en octubre de 2023.
La realización del censo permitiría reformular partidas presupuestarias en función de la realidad demográfica que arroje, por eso es que algunas regiones solicitan que se cumpla con lo pactado previo al decreto que posterga la realización.
Respecto a esto último, en algunos lugares como Santa Cruz y Cochabamba crece minuto a minuto el malhumor en relación a la postergación censo.
Sectores que se unen a partir del enojo
A pesar de que el partido de Gobierno actual (el MAS) tiene como líder histórico a un dirigente cocalero como el expresidente Evo Morales, hoy una parte de los trabajadores de este sector se encuentra enfrentada a la administración de Arce. De hecho, uno de los bloques del sector cocalero ha adherido al pedido de que el censo se lleve cabo en 2023.
Cabe recordar que Freddy Machicado, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y enfrentado al gobierno de Arce, fue detenido y enviado a prisión de forma preventiva, durante seis meses, luego de un episodio en el que sus seguidores tomaron un mercado de coca que consideran ilegal e incendiaron sus instalaciones.
Según detalló el diario El Deber, el pasado 10 de octubre se llevó adelante un cabildo en la plaza San Francisco de La Paz del que participaron cocaleros de Adepcoca de Yungas de La Paz, médicos, una facción opositora de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, tierras bajas y otros sectores. En el mismo, se dio un plazo de 14 días para que el Gobierno revierta su decisión de postergar el censo.
El plazo finalizaría el 24 de octubre, fecha que coincide con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y con el anunciado paro indefinido en Santa Cruz, para iniciar movilizaciones.
Por otra parte, en las últimas horas la Confederación de Gremiales de Bolivia resolvió, mediante un ampliado, exigir a la administración Arce que se lleve a cabo en 2023 el Censo de Población y Vivienda, para poder sumar información respecto de la cantidad de afiliados que aglutina este sector.
Además, en las últimas horas, los mineros de Huanuni se movilizaron a la capital del país para protestar contra supuestas medidas de ajuste que pretende imponer el MAS.
Las otras demandas
Más allá del censo, existen otras demandas que aúnan al heterogéno grupo de manifestantes.
- Por un lado, se pide la liberación de dirigentes que están detenidos por la quema del mercado paralelo de la coca de Arnold Alanes.
- En consonancia con lo anterior, se exige el cierre del mercado paralelo.
- También que se detenga la supuesta persecución de los dirigentes sindicales de distintas organizaciones sociales.
- Numerosos sectores rechazan la Gestora Pública, institución encargada de administración de fondos jubilatorios. Este reclamo aglutina, entre otros, a mineros y médicos.
