:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/GERDY6J32BEVRL5DE26HDZKT3A.jpg "En la actualidad, un total de 137 asambleístas integran el Legislativo ecuatoriano.")
Bloomberg Línea — La Consulta Popular propuesta será votada el próximo 5 de febrero de 2023 y en ella el gobierno de Guillermo Lasso relaciona temas judiciales, administrativos, políticos y ambientales.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NP7N7VONSZGJZJMMLQADQV7RIA.jpg "¿Cuáles son las ocho preguntas de la Consulta Popular de Ecuador de 2023?")
En medio de los diferentes debates sobre sus alcances, uno de los focos está en los impactos que puede tener la Consulta en el presupuesto general del Ecuador que, a la vista, no tendría muchos cambios aun si se aprueban las ocho preguntas.
El salario de los asambleístas del Ecuador
Una de las preguntas de mayor impacto es la tercera, que propone la reducción del número de miembros que conforman la Asamblea Nacional, que hoy se compone por 137 legisladores.
- En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas.¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?
Un asambleísta gana al mes US$ 4.759 en Ecuador, según los documentos publicados por la Asamblea Nacional con base en el artículo No. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta remuneración mensual para un asambleísta llega a una unificada anual de US$ 57.108, a los cuales debe sumarse la décimo tercera remuneración, que es por US$ 4.759, y la décimo cuarta remuneración de US$ 425, lo que significa una remuneración anual unificada de US$ 62.292,04, sin tener en cuenta horas extras, encargos, subrogaciones o viáticos.
Esto significa que solo en salarios unificados, la Asamblea Nacional del Ecuador destina US$ 8′534.009,48 anuales al pago de los salarios corrientes de los 137 asambleístas, sin tener en cuenta gastos adicionales de operación y el pago de más servidores o funcionarios (asesores, especialistas, conductores, etc.).
Con los resultados del censo de población actual, que podrían superar los 18 millones de ciudadanos, la fórmula para calcular el número de asambleístas llegaría a un estimado de 152 legisladores nacionales para 2025.
Pero si la pregunta de la consulta es aprobada por la ciudadanía, el número de asambleístas se reduciría a unos 120. Esto significa que, con las cifras de salarios actuales y sin pagos adicionales, la destinación presupuestal bajaría poco más de un millón de dólares, hasta los US$ 7′475.044. Esto, sin contar los asesores y otro tipo de servidores que se contratan para cada asambleísta.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/URYSE53DZNGS7D776PXR6J2XQQ.jpg "Consulta popular Ecuador 2023: la primera pregunta del referéndum explicada")
Mientras que si se llega a 152 legisladores, el costo de sus salarios sería de US$ 9′468.390,08, si se mantuvieran las cifras actuales para el momento de su elección.
El cambio en el presupuesto de la Asamblea Nacional podría no sería significativo. Para el período actual, según documentos oficiales, la AN tiene un presupuesto anual de US$ 50′812.080,15, de los cuales el 99,18% es para gastos operativos.
¿Cómo se elige a la Asamblea Nacional del Ecuador?
En la actualidad, la Constitución del Ecuador señala que los asambleístas del país deben elegirse bajo los siguientes criterios:
- 15 de ellos elegidos en circunscripción nacional.
- 2 asambleístas por cada provincia; uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al censo nacional de población vigente.
- La Ley determina la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la circunscripción del exterior. Esto significa que las circunscripciones especiales del exterior elegirán un total de seis asambleístas distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África; y que cada una de las regiones y de los distritos metropolitanos elegirá dos representantes a la Asamblea.
Sobre esto último diferentes asambleístas y expertos han manifestado su oposición, pues al elegirse un legislador por cada 500.000 ciudadanos que residan en el exterior, se eliminan las seis plazas de representación que tienen los ciudadanos en el extranjero.
“Los migrantes son los más afectados por esta pregunta, ya que exige que más de medio millón de ecuatorianos en el exterior estén registrados para poder elegir un representante en la Asamblea Nacional. Miles de compatriotas no se registran por su estatus migratorio. Con esto se les niega sus derechos, a pesar de que sus remesas representan el 4% del PIB”, dijo la asambleísta Mónica Palacios, que justamente está elegida por Estados Unidos y Canadá.
Otros impactos de la Consulta Popular en el presupuesto
Entre tanto, hay otras preguntas del referéndum que llegarían a tener impactos en el presupuesto del Estado, aunque estos aún no son calculables, por la poca información disponible o a la espera de los procesos a realizarse después de los resultado de la Consulta Popular.
Una de ellas es la pregunta 4, que consulta los movimientos políticos y la necesidad de que estos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral.
En caso de aprobarse y de realizarse un recorte del número de movimientos políticos en el país, la destinación de recursos desde el Fondo Electoral podría disminuir, pero sin una estimación fija hasta la fecha.
Entre tanto, las preguntas 7 y 8 de la Consulta Popular, relacionadas con temas ambientales, podrían por el contrario generar un gasto extra en el presupuesto del Ecuador, pues contemplan incorporar el subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otorgar compensaciones monetarias a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, por su apoyo a la generación de servicios ambientales.
