Bloomberg Línea — Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan aislando a Nicaragua al oficializar recientemente la retirada del país de varios organismos internacionales como respuesta a lo que perciben como injerencia y desestabilización por parte de estas entidades.
Desde Ginebra, Suiza, la directora de la División de Operaciones Globales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maarit Kohonen Sheriff, dijo que “preocupa el continuo aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional”.
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El 27 de febrero, el gobierno anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de que un grupo de expertos de la organización concluyera que “el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido al país en un Estado autoritario”, con la desaparición de las instituciones independientes y el silencio de las voces disidentes.
Además, por primera vez, los expertos concluyeron que el ejército nicaragüense, a pesar de que lo habían negado, participó junto con la Policía Nacional y grupos paramilitares en la represión de las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
El informe también resaltó cómo el Gobierno ha intensificado el uso de detenciones arbitrarias, privación arbitraria de nacionalidad y expulsiones forzadas dirigidas contra cualquier persona percibida como una amenaza.
En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, para en total sumar 452 nicaragüenses a quienes arbitrariamente les despojaron su nacionalidad.
En una carta enviada por Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para oficializar la salida del país, el canciller argumenta que estos mecanismos “se han convertido en plataformas políticas para desprestigiar la labor del Gobierno” y representan “un obstáculo para el desarrollo económico y social” del país.
Al día siguiente, el 28 de febrero, el gobierno que copresiden Ortega y Murillo anunció el retiro "soberano e irrevocable" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en rechazo a “las agresiones, falsificaciones y el doble rasero de organismos que, en lugar de servir al bienestar común, actúan bajo políticas colonialistas”.
Estas acciones se unen a la decisión que tomó el gobierno el pasado 4 de febrero, cuando oficializó su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre “inmediato” de su representación y de sus oficinas en Managua, luego de que ese organismo señalara que 1,4 millones de personas no comen lo suficiente en Nicaragua.
La autoexclusión de Nicaragua se da a pocos días de la entrada en vigor de las reformas a la Constitución Política de la República de Nicaragua, el 18 de febrero, que transformó totalmente la forma del Estado y eliminó el equilibrio de poderes al otorgar un poder total a Daniel Ortega, en la Presidencia desde 2007 y a su esposa Rosario Murillo, quien ejercía la vicepresidencia desde 2017.
La Constitución a la medida del régimen también oficializa la figura de los policías voluntarios, como un cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos, pero que la oposición califica de “paramilitares”.
