Bloomberg Línea — La administración del presidente Donald Trump anunció esta semana una nueva ronda de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a quienes responsabiliza de “la terrible muerte” del líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan.
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“La dictadura de Murillo-Ortega es un enemigo de la humanidad. La Administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio en un post en X, al anunciar las medidas contra funcionarios nicaragüenses “que continúan ejecutando la agenda maligna” de los copresidentes.
Rivera murió el 30 de mayo, mientras permanecía detenido por el Estado nicaragüense, tras casi tres años sin conocerse su paradero y condición de salud.
En un comunicado, el Departamento de Estado señaló al magistrado electoral Lumberto Campbell Hooker, sancionado previamente por Washington, de haber estado directamente implicado en la denegación de atención médica del preso político de 72 años y de impedir que su familia le diera sepultura.
Su muerte ha desatado una ola de represión posterior. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la desaparición forzada de al menos seis familiares y allegados de Rivera, entre ellos su hermana Alda López Bryan, quienes fueron detenidos el 31 de mayo cuando acudieron a reclamar el cuerpo.
“Hasta la fecha, no existe información oficial sobre su situación, lo que agrava la responsabilidad estatal y coloca sus vidas en riesgo”, informó Monitoreo Azul y Blanco en un comunicado.
El equipo interdisciplinario denunció además que Rivera fue enterrado en Managua sin el consentimiento de su familia, “quienes no pudieron trasladar sus restos a su natal Lidaucra Sandy Bay, ni realizar los rituales conforme a la tradicion miskitu”.
El acto, calificado por la iniciativa como violencia institucional, trato cruel e irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe, viola “normas fundamentales del derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la obligación de respetar las prácticas culturales y espirituales de los pueblos originarios”.
“Troika tiránica”
El régimen de Nicaragua se mantiene como uno de los integrantes de la llamada ‘troika de tiranía’, un término que acuñó John Bolton, cuando fungió como asesor presidencial de Donald Trump en su primer mandato, para referirse a los gobiernos que “amenazan los intereses del hemisferio”.
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Mientras Venezuela ha atravesado cambios políticos tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, y Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética, Nicaragua ha reforzado su alineamiento con China y Rusia, consolidando su aislamiento diplomático respecto de Occidente.
En los últimos años, el país centroamericano rompió lazos con Taipéi para alinearse con Pekín, ha apoyado la invasión rusa a Ucrania y cerró su embajada en Corea del Sur para priorizar la apertura de una sede diplomática en Pyongyang, Corea del Norte.
Las nuevas sanciones contra funcionarios nicaragüenses han sido respaldadas por la clase política de EE.UU. La congresista María Elvira Salazar subrayó que la dictadura “sobrevive por los cómplices que hacen su trabajo sucio” y que el mensaje es claro: “nadie que apoye la tiranía escapará de la justicia”.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart y el exgobernador Jeb Bush elogiaron la “acción decisiva” del secretario Rubio, calificándola como un paso vital para restaurar la democracia y el estado de derecho en la región.
En tanto, Félix Maradiaga, opositor y referente de la sociedad civil, interpretó las sanciones no como un fin, sino como el inicio de un proceso de rendición de cuentas. “Cada restricción de visa coloca a estos acólitos del régimen en el radar y en las bases de datos de Estados Unidos y de la comunidad internacional preparándolos para acciones de mayor peso en el futuro”, señaló.
Con estas nuevas restricciones de visa, Estados Unidos ha impuesto medidas de este tipo a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, bajo la proclamación presidencial 10309 de 2021, que suspende la entrada al país a miembros del Gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas.
