Bloomberg Línea — Las declaraciones de Daniel Ortega sobre la posibilidad de impedir nuevos procesos electorales que permitan a la oposición disputar el poder en Nicaragua han generado cuestionamientos de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, mientras la Asamblea Nacional anunció que “está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales”.
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Ortega, de 80 años, afirmó el domingo 19 de julio, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, en referencia a sectores opositores al oficialismo.
Tres días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, informó este miércoles que el Legislativo nicaragüense comenzará un proceso de análisis para impulsar reformas en materia electoral, con el argumento de fortalecer la democracia y evitar “injerencia extranjera” en los procesos políticos del país.
“Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, afirmó Porras a medios de comunicación, al señalar que las reformas buscan impedir “la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos”.
El legislador indicó que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) se reunirán para identificar los aspectos que serán incluidos en las propuestas, que posteriormente serán presentadas como iniciativas de ley.
Porras agregó que las propuestas de reforma podrían ser introducidas entre finales de esta semana y comienzos de la próxima, luego realizar un proceso de consulta y someterlas a votación durante la primera semana de agosto.
Reacciones de la comunidad internacional
Las declaraciones de Ortega también provocaron reacciones fuera del país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que el mandatario nicaragüense mostró su “verdadera naturaleza autoritaria” al descartar nuevos procesos electorales bajo las actuales condiciones políticas.
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Rubio sostuvo que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, han “abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y llamó a la comunidad internacional a responder ante lo que calificó como un deterioro de los principios democráticos del hemisferio.
En esa misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió las declaraciones de Ortega y dijo que “son incompatibles con los principios de la democracia representativa y confirman la consolidación de un régimen autoritario, caracterizado por la supresión de garantías y libertades en el país”.
Panamá anunció el martes el llamado a consultas de su embajador en Managua tras considerar que suprimir el voto representaría un “fuerte agravio” contra los principios democráticos. Costa Rica también expresó su “profunda preocupación” por el cierre de espacios cívicos y la situación de las libertades políticas en Nicaragua.
La Cancillería nicaragüense rechazó las “declaraciones atrevidas” del Gobierno costarricense. En una nota enviada al vecino país, el Gobierno dijo que Nicaragua “no es una provincia de su respetable país y, por lo tanto, tiene derecho a ejercer su soberanía e independencia, igual que cualquier otro Estado del Mundo”.
También Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones de Ortega, al tiempo que expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y llamó “al pleno respeto a las libertades de expresión, de asociación y de participación política, elementos indispensables para garantizar una sociedad democrática que ejerza el derecho a celebrar elecciones periódicas, libres y justas”.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se sumó este miércoles a las críticas y señaló que las recientes medidas anunciadas en Nicaragua obstaculizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
El Alto Comisionado Volker Türk afirmó que las declaraciones de Ortega profundizan las restricciones a las libertades fundamentales y la erosión del Estado de derecho.
El funcionario denunció también un cierre casi total del espacio cívico, con restricciones a la libertad de expresión y presuntas amenazas contra personas con opiniones políticas discrepantes. La oficina señaló que al menos 46 personas continuarían detenidas arbitrariamente por motivos políticos y pidió a las autoridades liberar a quienes permanecen privados de libertad, además de garantizar sus derechos.
Asimismo, manifestó preocupación por las denuncias de represión contra la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas, y solicitó información sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, cuya detención habría ocurrido a finales de junio.
Las declaraciones de Ortega ocurren en un contexto de concentración de poder del Ejecutivo nicaragüense. El líder sandinista gobierna el país desde 2007 y desde febrero de 2025 comparte la jefatura del Estado con Murillo, luego de una reforma constitucional que amplió las atribuciones de la figura de copresidencia.
Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo modificaron el calendario electoral y ampliaron el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios quedarían previstos, en teoría, para noviembre de 2027.
(Actualizada a las 16:40 ET con reacción de la cancillería guatemalteca).
