Bloomberg Línea — El sector tecnológico busca aprovechar la transición del gobierno brasileño como una oportunidad para garantizar la previsibilidad jurídica. La agenda prioritaria combina tres frentes: normas claras para la Inteligencia Artificial, soberanía digital y la liberalización de la infraestructura de centros de datos a través del recién aprobado Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de Centros de Datos (Redata).
Las entidades y los expertos consultados por Bloomberg Línea coinciden en un punto: los debates regulatorios deben avanzar para que el país no pierda competitividad y comience a reducir el déficit de US$7.900 millones registrado en 2025 en la balanza de servicios de computación, un reflejo directo de la dependencia del procesamiento en estructuras instaladas en el extranjero.
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El riesgo va más allá de la cuenta comercial. En una reciente participación en el evento ‘Brazil at Silicon Valley’, Mat Velloso, director de Producto de Docker y exejecutivo de Meta, Microsoft y Google DeepMind, alertó sobre la pérdida de control sobre los sistemas críticos.
“Si la definición de soberanía es que tengamos control sobre nuestro destino, ¿qué control tengo si la mitad de nuestra inteligencia ya se genera fuera del país? Un país extranjero, si así lo desea, puede cerrar el grifo de nuestra inteligencia y dejamos de funcionar", afirmó.
Agilidad en Redata
La reciente aprobación de Redata, que aún carece de reglamentación, es un punto de partida para atraer capital productivo y abaratar el procesamiento de datos en el país, según los expertos. En un mensaje directo al Ejecutivo, la Asociación Brasileña de Empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación (Brasscom) y otras ocho entidades enviaron una carta a los ministros y a la Vicepresidencia de la República solicitando que se regule con urgencia los puntos críticos de la ley.
De los 14 puntos que aún esperan ser regulados, señaló Sérgio Sgobbi, director de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de Brasscom, el mercado solo necesita dos para autorizar las inversiones: las normas de habilitación y cohabilitación de los inversionistas y la lista de equipos de tecnología de la información a los que se aplica la exención de impuestos.
“Estos dos elementos son fundamentales para que el inversionista decida si invierte en Brasil o no. El resto de la reglamentación se refiere al funcionamiento de los centros de datos y puede seguir discutiéndose a lo largo de los próximos meses sin que ello afecte a los proyectos”, afirmó.
La urgencia de la entidad se explica por el calendario fiscal. En 2026, la renuncia fiscal estimada del programa es de 5,2 mil millones de reales, en forma de suspensión de impuestos. A partir de 2027, con la entrada en vigor de la reforma fiscal, el modelo pasa a prever el pago del impuesto con restitución en un plazo de hasta 60 días, lo que altera el flujo de caja de los proyectos intensivos en capital.
Al mismo tiempo, el sector trabaja con el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confaz) para extender la exención del ICMS que grava los equipos de TI. Dado que los acuerdos requieren la unanimidad entre los 27 secretarios estatales de Hacienda, Brasscom ha llevado a cabo rondas de conversaciones individuales para demostrar el retorno económico de los centros de datos en las respectivas regiones.
Pilares y lagunas de la IA
Además de su compromiso con el mundo de los centros de datos, la entidad ha estado promoviendo una agenda digital -2027-2030- con una serie de propuestas para los candidatos. “Entendemos que la tecnología hoy en día es transversal e inherente a todas las actividades de la sociedad”, afirmó Sgobbi.
Una vez superada la discusión sobre la infraestructura, el debate se desplaza hacia el marco de la Inteligencia Artificial en sí. Para Edney Souza, profesor del Hub de Canales Digitales de la ESPM, la regulación debe abarcar cuatro pilares: modelos, energía, personas y datos.
El impacto en el trabajo, según la evaluación de este veterano de Internet en el país, es el tema que suele quedar en segundo plano. “La inteligencia artificial está cambiando profundamente la forma en que las personas trabajan, sobre todo en las actividades de oficina”, afirma Souza.
“Se necesita un programa institucional más amplio de actualización y recualificación profesional liderado por el gobierno en colaboración con empresas de tecnología, siguiendo el modelo de lo que se ha hecho en países como la India”, afirmó Souza.
En un panorama geopolítico cada vez más desafiante, además del procesamiento de datos, la dependencia del hardware es otro punto vulnerable que el país debe abordar para evitar una restricción en el suministro con efectos sistémicos en diversos mercados, como el financiero, el de la salud y el de la infraestructura.
“Una sanción podría dejarnos sin suministros, podría provocar un apagón tecnológico”, afirmó. “Tenemos que empezar a contar con un plan en el que no dependamos tanto de la tecnología estadounidense”.
El profesor también aboga por un mayor rigor por parte del Estado en el uso de bases de datos estratégicas, como la del Sistema Único de Salud (SUS), que considera uno de los activos más valiosos del mundo por su volumen y diversidad étnica.
“Si las empresas farmacéuticas y las grandes empresas tecnológicas quieren desarrollar investigaciones médicas y soluciones a partir de estos datos, el desarrollo tecnológico y las pruebas piloto deben realizarse en territorio nacional, generando inversión y propiedad intelectual en el país antes de la comercialización global”, afirmó.
La transferencia de tecnología y conocimiento también es una de las causas que defiende Rodrigo Scotti, presidente de la Asociación Brasileña de Inteligencia Artificial (Abria).
“Con Redata, estamos alquilando nuestro territorio, que ellos utilizan y del que extraen nuestra energía. Necesitamos obtener algo a cambio. Necesitamos aprender de esto”, afirmó Scotti. La Abria se creó para impulsar en el país a las startups de alta tecnología o de vanguardia, las llamadas deeptechs.
Según el ejecutivo, al país no le falta talento ni capacidad técnica, pero abundan las iniciativas descoordinadas y falta capital de riesgo para proyectos de tecnología profunda en etapa inicial. Para él, mantener esta lógica deja el desarrollo de una industria tecnológica en manos de empresas extranjeras.
El presidente de Abria también sostiene que el debate teórico sobre la regulación debe dar paso a la acción, con instrumentos que brinden tranquilidad a los desarrolladores e inversionistas sin paralizar un sector que cambia cada semana.
“Si no estamos bien posicionados y no entendemos la soberanía como un concepto que va más allá de la moda pasajera, nuestra relevancia a nivel global se reducirá drásticamente”, afirma. La alternativa será conformarnos con el papel de compradores: “Si seguimos pensando que el país solo sirve para comprar licencias de software de herramientas extranjeras, estaremos condenados en todos los sentidos”.
