:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2WEGLI7FTZCWTK4IE5Y2YW5XPY.jpeg "Fuente: (Bloomberg/Sarah Pabst)")
Buenos Aires — El Gobierno ha oficializado los límites inferiores y superiores de los beneficios jubilatorios que entrarán en vigor a partir de marzo. Estos nuevos montos resultan de un aumento del 27,18% conferido por el Poder Ejecutivo, junto con un bono de $70,000.
La resolución 39/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que la jubilación mínima aumentará de $105,713 a $134,445.3, mientras que la pensión máxima subirá de $711,346 a $904,689.54. Montos brutos a los cuales se reduce el 3% correspondiente al aporte para financiar a PAMI, resultando en $130,412 y $854,441.53, respectivamente.
Al sumar el bono de $70,000, el monto total bruto alcanza los $204,445.30 y, neto (en mano), $200,412. No se otorgará a aquellos cuya suma de jubilación y bono supere los $204,445.30. Los jubilados con ingresos mensuales superiores al mínimo recibirán un adicional en marzo hasta llegar a los $204,445.30.
Caída de los ingresos de los jubilados
El poder adquisitivo de los jubilados se redujo en enero un 17% respecto de diciembre, de acuerdo con datos del sector privado. ”Si la comparación se hace contra el haber promedio mensual del 2017, la caída es del 57% en el caso de no cobrar bono o del 35% en el caso de cobrar bono. Esto significa que un jubilado que cobra bonos pudo adquirir en enero un 65% de los bienes y servicios que podía adquirir en promedio durante 2017″, analizó el economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El pedido del FMI
En la última comunicación respecto al acuerdo con Argentina, y tras la visita de la número dos al país, el organismo multilateral pidió concentrar los fuerzos en reforzar “los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”.
