Bloomberg Línea — El principal reto tras el acuerdo a nivel técnico entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para una financiación por US$1.900 millones será mantener la disciplina fiscal y las reformas una vez comiencen los desembolsos, advirtió el economista Jonathan Fortun.
“El riesgo es que el Gobierno venda el anuncio como si la estabilización ya estuviera conseguida y que la disciplina disminuya después del primer desembolso”, dijo a Bloomberg Línea Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). “Bolivia devolvió US$351,5 millones al FMI en 2021 para defender su ‘soberanía’ y ahora acepta tres años de supervisión para recuperar credibilidad”.
En un análisis sobre el programa, Fortun sostuvo que la arquitectura del acuerdo resulta más relevante que el monto anunciado en sí.
Señaló que los US$1.900 millones anunciados son entre una cuarta y una tercera parte inferiores al monto esperado, una diferencia que atribuyó a la decisión del FMI de reducir su propia exposición financiera y trasladar una mayor parte del apoyo al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales.
“El resultado es un cheque más pequeño del FMI, pero dentro de un paquete que podría superar los US$5.000 millones durante los tres años del programa”, anotó.
A su juicio, el hecho de que el programa represente el 570% de la cuota de Bolivia en el FMI parece una cifra “cuidadosamente” definida, ya que se mantiene por debajo del límite ordinario acumulado de 600% de la cuota, lo que habría permitido estructurar el programa sin recurrir al régimen de acceso excepcional.
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Para Fortun, el uso de un Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) constituye una ventaja porque reconoce que Bolivia enfrenta problemas estructurales de balanza de pagos y no una crisis temporal de liquidez.
“El EFF reconoce que el problema requiere tiempo, permite que cada desembolso se repague entre cuatro años y medio y diez años, y crea un marco para reconstruir reservas sin concentrar los vencimientos demasiado pronto”, dijo Fortun. “Es más apropiado que un crédito corto que simplemente tape el agujero cambiario, aunque también implica revisiones periódicas y desembolsos condicionados al cumplimiento”.
Según Fortun, el contenido económico del acuerdo “es bastante más duro que el tono general del anuncio”.
Bolivia se compromete a eliminar el financiamiento monetario del déficit, continuar hacia un tipo de cambio determinado por el mercado, preparar una futura adopción de metas de inflación y fortalecer la autonomía operativa del Banco Central.
También aparecen una trayectoria descendente de la deuda, movilización de ingresos, racionalización del gasto, reformas a la resolución bancaria y una supervisión financiera más exigente.
En la práctica, añadió, el acuerdo no financia la preservación del antiguo modelo, sino su desmontaje ordenado. “El Fondo está poniendo reservas detrás de la reforma cambiaria, pero exige cerrar la fuente fiscal que produjo la escasez de dólares”.
¿Mensajes cruzados?
Fortun también llamó la atención sobre las diferencias entre los comunicados del FMI y del Ministerio de Economía boliviano.
Analizó que mientras el Gobierno presentó el programa como un respaldo internacional a un plan diseñado por las propias autoridades, el organismo detalló compromisos específicos.
Según el economista, el comunicado oficial omite precisamente los aspectos de mayor relevancia económica del acuerdo.
“El Gobierno lo presenta como un nuevo ‘respaldo internacional’ a un programa boliviano que ya estaba siendo implementado, pero omite el monto, el 570% de cuota, las acciones previas y casi todos los compromisos más sensibles”, consideró. “El Gobierno enfatiza propiedad nacional y el Fondo publica las restricciones. La parte que el comunicado boliviano no menciona es probablemente la parte económicamente más importante”.
También advirtió una posible tensión entre la intención del Gobierno de ampliar la inversión pública y el compromiso asumido con el FMI de racionalizar el gasto y reducir la deuda.
En su opinión, ambos objetivos solo podrán coexistir si se reasignan recursos hacia proyectos con retorno económico y no se utiliza la inversión pública para posponer el ajuste fiscal.
Por último, subrayó que el acuerdo continúa siendo de carácter técnico, depende de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y del cumplimiento de acciones previas aún no divulgadas.
A su juicio, el programa otorga tiempo para avanzar en el proceso de estabilización, pero su éxito dependerá del cumplimiento de las metas acordadas. “El EFF compra tiempo y disciplina; si el Gobierno falla en las primeras revisiones, US$1.900 millones serán pequeños frente al agujero acumulado”.
