Bloomberg Línea — Colombia irá a las urnas este domingo para elegir presidente a partir del 7 de agosto. En juego está más que un cargo administrativo. La elección del 31 de mayo puede marcar un antes y un después para el país: el modelo económico, la forma de gobernar y la relación con grupos ilegales se enfrentan a profundas transformaciones.
“Se juega la democracia, y no es un eufemismo ni es un cliché”, dice Carlos Arias, analista político y gerente de Estrategia y Poder. Sostiene que a pesar de que Iván Cepeda “ha querido revestir su propuesta de constituyente de un diálogo nacional, lo que busca abiertamente, incluso auspiciado por el gobierno nacional, es cambiar la constitución”.
Para Arias, el escenario electoral está atravesado por el deterioro de la seguridad y por el impacto que ha tenido la política de Paz Total del Gobierno Petro en distintas regiones del país.
“También se está jugando la democracia porque la fracasada paz total hoy tiene en riesgos electorales a más de 352 municipios, según el último informe de la MOE”, afirma.
El analista considera que las propuestas de los candidatos representan visiones completamente distintas sobre el rumbo institucional y de seguridad del país.
“Lo que verdaderamente se está jugando el domingo es el regreso al uribismo con Paloma Valencia. Es una propuesta de autoridad, es una promesa de un outsider que nunca ha estado en un cargo público, o la continuidad de un proyecto político que se asemeja mucho a los proyectos políticos más radicales de la izquierda en América Latina, como son el cubano y el venezolano”, señala Arias.
Arias también advierte sobre posibles efectos institucionales derivados de una eventual reforma constitucional impulsada desde el Ejecutivo.
“Lo que se está jugando en esta elección de este año es, básicamente, el proyecto democrático de respeto a las instituciones”, dice. Y agrega que Iván Cepeda “ha planteado un resquebrajamiento institucional, en el que seguramente habría un desequilibrio del equilibrio de poderes”.
Más allá de la confrontación política, la elección también llega en un contexto de deterioro económico, fiscal y social que distintos analistas consideran particularmente complejo para el próximo gobierno.
El actual Gobierno busca por dejar atrás los combustibles fósiles a pesar de su importancia para el financiamiento estatal. Cepeda quiere profundizar esa propuesta, mientras De la Espriella y Valencia quieren retomar los planes de fracking para generar los recursos adicionales que hoy se requieren para financiar el desbordado déficit fiscal que dejará la administración Petro.
Marc Hofstetter, Ph.D en economía de Johns Hopkins University, asegura que quien llegue a la Casa de Nariño enfrentará una acumulación de desafíos inédita en los últimos años.
“Quien llegue a gobernar va a heredar un país con una combinación de retos: un deterioro del tejido social, enormes desafíos en materia de seguridad y en el frente fiscal, además de un reto energético que ahora se suma a ese panorama”, afirma.
El Fenómeno de El Niño se perfila como el primer gran desafío para el próximo presidente. Los gremios de generación hacen un llamado para encender las generadoras térmicas, pero el presidente Petro se niega inyectando presión extra al próximo gobernante, independientemente de si es su copartidario Iván Cepeda o sus acérrimos opositores, De la Espriella o Valencia.
Según Hofstetter, el centro del debate debería estar en la capacidad del próximo gobierno para responder a esos problemas estructurales. “Entonces, lo que realmente estará en juego será la posibilidad de tener un gobierno competente, capaz de tomar las decisiones necesarias para resolver cada uno de esos problemas”.
Sin embargo, considera que buena parte de la discusión electoral se ha alejado de propuestas concretas para enfrentar esos desafíos.
“En las campañas, infortunadamente, más que discutir cómo solucionar esos desafíos, lo que predominan son las narrativas”, sostiene.
“Narrativas con las que distintos sectores se identifican y por las que terminan votando, pero que no necesariamente resuelven los problemas de fondo”, agrega.
La seguridad y la evolución del conflicto armado aparecen como otro de los ejes centrales de la elección presidencial.
El avance de grupos ilegales, la expansión territorial de organizaciones armadas y las amenazas contra actores políticos han marcado el proceso electoral en distintas zonas del país.
De hecho, las elecciones de este 2026 son las primeras en 30 años que se ven opacadas por el asesinato de uno de los aspirantes.
En junio de 2025 fue baleado en Bogotá el exsenador Miguel Uribe Turbay. Meses después murió tras no lograr reponerse a los traumas causados por dos impactos de bala en su cabeza.
Tiziano Breda, analista sénior para América Latina y el Caribe en ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), considera que el resultado de las elecciones tendrá efectos directos sobre la dinámica del conflicto armado en Colombia.
“El resultado de las elecciones será decisivo para la evolución del conflicto armado en el país”, afirma.
Breda señala que la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro dejó resultados mixtos.
“Por un lado, ha reducido temporalmente la violencia durante los ceses al fuego acordados con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. El Gobierno también ha logrado acuerdos parciales con Comuneros del Sur y el CNEB de las FARC en el sur”, explica.
Sin embargo, sostiene que los grupos armados también aprovecharon el contexto de negociaciones para fortalecerse.
“Los grupos armados han aprovechado los menores niveles de presión militar que acompañaron los diálogos de paz. Los grupos han aumentado sus integrantes y se han expandido geográficamente. Esto ha expuesto a un número creciente de civiles a la violencia”, dice.
El analista agrega que la reducción de operaciones militares no evitó interferencias en el proceso electoral.
“La ausencia de presión militar no ha impedido que los grupos armados interfieran en el proceso electoral, ya sea mediante amenazas o violencia directa”, dice Breda.
De hecho, en varios municipios del país se han denunciado presiones de grupos ilegales para forzar el voto en favor de Cepeda. El candidato rechazó dichas presiones y pidió acompañamiento de la autoridad.
Según datos de ACLED citados por Breda, desde enero de 2025 se han registrado más de 150 hechos de violencia dirigidos contra figuras políticas.
El debate sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas también ha tomado fuerza dentro de las campañas presidenciales. Dos de los principales candidatos han planteado enfoques más duros en materia de seguridad y defensa: De la Espriella y Valencia.
“Que dos de los tres principales candidatos estén proponiendo ahora un enfoque militar más duro, alineado con las posturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refleja un cambio continental más amplio en la manera en que los gobiernos están pensando sobre los grupos armados y criminales”, afirma Breda.
Del otro lado Cepeda, arquitecto de la fallida Paz Total de Petro, no renunciará a insistir en la vía del diálogo a pesar de que reconoce que no ha sido del todo efectiva.
Breda advierte que una estrategia exclusivamente militar tampoco garantiza resultados sostenibles. “Si unas negociaciones defectuosas no lograron traer una paz duradera al país, es poco probable que una acción exclusivamente militar arroje resultados”.
Breda sostiene que los datos recopilados por ACLED muestran efectos adversos de estrategias de seguridad altamente militarizadas en distintos países de la región.
Los datos de ACLED indican que un enfoque de seguridad cada vez más militarizado, que se ha vuelto popular en toda la región, “ha contribuido a un aumento tanto en el número como en la letalidad de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados en al menos nueve países”.
Asegura que lejos de desmantelar las operaciones criminales, este enfoque ha llevado a los grupos armados a reubicarse, “reducir sus actividades visibles y recurrir a formas selectivas de violencia. Colombia no va a ser la excepción”, concluye Breda.
Con un escenario marcado por tensiones institucionales, cuestionamientos sobre el rumbo económico, preocupaciones por la seguridad y visiones opuestas sobre cómo enfrentar el conflicto armado, Colombia llegará este domingo a una de las elecciones presidenciales más observadas de los últimos años.
