Bloomberg Línea — Con el anuncio de eliminar el impuesto al patrimonio, dicho en su primer discurso como presidente, Abelardo De la Espriella encendió un debate sobre si es necesaria la medida o si se hace con el objetivo de beneficiar a la población de mayores ingresos.
“La eliminación del impuesto al patrimonio es una medida necesaria para mejorar la estructura tributaria, reducir las distorsiones sobre el ahorro y la inversión e incentivar el retorno de capitales desde el exterior (incluyendo el de jugadores de fútbol)”, dijo Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligente.
Posición con la que coincide José Ignacio López, presidente de ANIF, quien señaló a Bloomberg Línea que este es un impuesto que se utilizó mucho en los países de la OCDE en los 70 y los 80, pero que cayó en desuso por sus problemas técnicos y por los incentivos que en últimas terminaban generando una propia erosión del recaudo tributario.
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“Hay patrimonios que dejan el país”, advierte, y ese traslado no se limita al capital, sino también a las personas: “hay traslado de personas naturales y, por tanto, el impuesto de patrimonio puede ocasionar también una caída en el recaudo del impuesto de renta, porque se pierden no solo los ingresos asociados a dicho impuesto al patrimonio, sino también al impuesto de renta”, especificó.
El presidente de este centro de pensamiento económico sostuvo que la medida es acertada precisamente porque el impuesto no cumple lo que promete. “Nos parece conveniente eliminar el impuesto de patrimonio, porque, si bien se presenta como un instrumento de progresividad tributaria, realmente no termina siendo muy progresivo en el sentido que no recauda mucho”.
A lo que agregó que sus “efectos distorsionantes” han provocado en los últimos años una salida importante de patrimonio y de personas.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, especificó que “es un impuesto distorsivo para la inversión en un momento donde este indicador se encuentra en mínimos históricos. Este tipo de tributos cargan a las empresas formales y llevan a un éxodo notable y masivo. A eso se suma que su impacto en las finanzas públicas es limitado”.
¿Cómo funciona el impuesto en Colombia?
Se trata de un tributo que recae únicamente en las personas naturales con un patrimonio líquido superior a 72.000 UVT, aproximadamente COP$3.800 millones.
Para Mejía, a primera vista el diseño parece progresivo: solo los más ricos pagan. Sin embargo, advierte que el impuesto tiene dos problemas de fondo. El primero, que en ausencia de un mecanismo global de tributación, incentiva el traslado de los grandes patrimonios a otras jurisdicciones.
Y el segundo, que es altamente distorsionante porque grava el capital con independencia de su rentabilidad: una tarifa de 1,5% sobre un activo que rinde 3% real equivale a una tasa efectiva del 50% sobre rentas que ya fueron gravadas al generarse.
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En 2024 el impuesto al patrimonio recaudó COP$1 billón, cerca del 0,6% de los ingresos administrados por la DIAN. A eso suma un dato que Mejía considera alarmante: se ha registrado una caída del 24% en el número de declarantes y del 36% en el valor patrimonial reportado entre las personas con patrimonios superiores a COP$12.000 millones.
Un fenómeno que, según él, termina perjudicando también al recaudo del impuesto de renta, pues “quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por su patrimonio: ahora tampoco pagan impuesto de renta”.
“Una medida al servicio de unos cuantos”
Desde el Pacto Histórico, la lectura es radicalmente distinta. La senadora Johana Osorio calcula que el universo de contribuyentes es mínimo, menos del 1%.
Para ella, eliminarlo tiene un costo simbólico y social alto: “Es borrar de tajo una medida básica de la justicia tributaria: que el que más tenga, más pague”.
Para la congresista, De La Espriella deja claro que su gobierno estará al servicio de unos cuantos y lanza la pregunta de “¿cómo se va a tapar el hueco fiscal que dejaría? ¿Con impuestos a las clases medias o bajas?”.
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Asimismo, el senador Kevin Gómez Paz, de la misma colectividad, explica que “eliminar el impuesto al patrimonio no es estimular la inversión: es un alivio tributario para quienes menos lo necesitan, pero si lo ayudaron a elegir para defender sus intereses”.
Según él, la medida le abre a la Nación un hueco fiscal cercano a COP$1,4 billones al año, que es la meta de recaudo de este impuesto para 2026, según cifras de la Dian.
“Si no se recauda arriba, en algún momento se recauda abajo. Vigilaremos que esa reforma no termine cuadrando la caja a costa de la canasta básica de las familias colombianas”, agregó.
