Bogotá — El terremoto que golpeó a Colombia el lunes podría tener implicaciones fiscales que vayan mucho más allá de la atención inmediata de la emergencia. Aunque todavía es temprano para determinar el valor de las pérdidas económicas y los costos de reconstrucción, la experiencia del terremoto de 1999 en Armenia ofrece una referencia sobre la magnitud que podría alcanzar el esfuerzo requerido.
Según Andrés Pardo Amézquita, jefe de estrategia macro de XP Investments, el desastre de 1999 tuvo un costo económico estimado equivalente al 2,2% del PIB nacional y al 35% del PIB de la región afectada.
La cifra incluyó la destrucción de viviendas, infraestructura y activos productivos, entre otras pérdidas.
La reconstrucción también representó un esfuerzo importante para las finanzas públicas. En aquel episodio, los recursos acumulados destinados a la reconstrucción alcanzaron cerca del 1% del PIB, distribuidos principalmente entre 1999 y 2001.
El precedente de 1999
El Gobierno creó entonces el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC) para canalizar los recursos destinados a la recuperación de la zona afectada.
De acuerdo con Pardo, aproximadamente el 61% de la financiación provino del Presupuesto Nacional, mientras que otro 38% correspondió a préstamos externos del Banco Mundial, el BID y KfW. El 1% restante se obtuvo mediante cooperación internacional y donaciones.
La experiencia muestra, según el análisis, que el desafío fiscal de un terremoto no termina con la respuesta inicial a la emergencia.
“Las necesidades de reconstrucción pueden ser considerablemente mayores que los recursos necesarios para la respuesta inmediata a la emergencia”, señaló Pardo.
Esta diferencia resulta especialmente relevante para Colombia, dado que el Gobierno ya anunció mecanismos para conseguir recursos de manera rápida, pero todavía no existe una estimación definitiva sobre cuánto podría costar la reconstrucción.
Colombia tiene recursos para la emergencia
El país cuenta actualmente con instrumentos financieros que pueden ayudar a cubrir las necesidades inmediatas sin tener que movilizar todos los recursos de manera improvisada.
El Gobierno anunció que en los próximos días se desembolsarán US$450 millones correspondientes a una línea de crédito contingente del Banco Mundial conocida como Cat DDO. Según Pardo, ese monto equivale aproximadamente al 0,1% del PIB colombiano.
A esto se suma una Línea de Crédito para Contingencias del BID por hasta US$400 millones, diseñada para proporcionar liquidez después de desastres naturales.
En caso de utilizarse completamente, esta línea representaría recursos adicionales equivalentes a aproximadamente otro 0,1% del PIB.
Sin embargo, ambos mecanismos deben entenderse dentro de un contexto más amplio. Los recursos disponibles para responder rápidamente a la emergencia no necesariamente serán suficientes para financiar el proceso de reconstrucción, que podría extenderse durante varios años.
El ajuste fiscal queda bajo presión
Esta es una de las principales implicaciones económicas que identifica Pardo.
El Gobierno colombiano enfrenta la necesidad de avanzar en un proceso de consolidación fiscal. Pero los gastos derivados del terremoto podrían obligar a modificar el ritmo con el que se ejecuta ese ajuste.
“Las necesidades de financiación adicionales derivadas del terremoto podrían obligar a retrasar, reducir o aplicar de forma más gradual de lo previsto inicialmente algunas de las medidas de ajuste fiscal previstas por el nuevo Gobierno”, afirmó Pardo.
La eventual presión sobre las cuentas públicas dependerá, entre otros factores, de la magnitud de los daños, de cuánto deba aportar directamente el Presupuesto Nacional y de qué proporción de la reconstrucción pueda financiarse mediante crédito externo u otras fuentes.
Por ahora, esas variables todavía no están completamente determinadas.
El impacto podría llegar a las tasas de interés
Una consolidación fiscal más gradual también tendría implicaciones para la política monetaria.
Si el Gobierno necesita destinar mayores recursos a la reconstrucción y, al mismo tiempo, reduce el ritmo del ajuste fiscal, podría aumentar la presión sobre las cuentas públicas. En ese escenario, el Banco de la República podría enfrentar mayores razones para mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo.
“La consolidación fiscal más gradual podría reforzar los argumentos a favor de que la política monetaria se mantenga más restrictiva durante más tiempo”, explicó Pardo.
Esto introduce un posible canal de transmisión desde el terremoto hacia las condiciones financieras de la economía: mayores necesidades de gasto público podrían dificultar el ajuste fiscal, mientras que un ajuste más lento podría retrasar el proceso de normalización de las tasas de interés.
El terremoto no elimina la necesidad de ajuste
Pese a los nuevos gastos que podría generar la emergencia, Pardo no considera que el terremoto elimine la necesidad de que Colombia avance en su consolidación fiscal.
“El terremoto no elimina la necesidad de consolidación”, dijo el estratega.
El desafío, en su opinión, estará en encontrar un equilibrio entre las necesidades de reconstrucción y la preservación de la credibilidad fiscal del país.
Por eso, el Gobierno tendría que priorizar el gasto y calibrar cuidadosamente el ritmo del ajuste. La reconstrucción demandará recursos adicionales, pero el manejo de esos recursos será determinante para evitar que la emergencia termine deteriorando de manera permanente las cuentas públicas.
“Será necesario una priorización aún mayor del gasto y una estrategia de ajuste calibrada con mayor cuidado para dar cabida a las necesidades de reconstrucción, al tiempo que se preserva la credibilidad del marco fiscal a medio plazo”, concluyó Pardo.
