Bloomberg Línea — El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo, expresó su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente los efectos del Decreto 415 de 2026, norma clave para el traslado de recursos hacia Colpensiones.
En un pronunciamiento conjunto, los ministerios señalaron que, si bien respetan la independencia judicial y las decisiones de las altas cortes, consideran que la medida cautelar fue adoptada en un trámite “excepcionalmente expedito”, sin agotar el debate contradictorio, lo que —según su postura— podría generar profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores.
El Gobierno defendió la legalidad y necesidad del Decreto 415, indicando que fue expedido en desarrollo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y del sistema vigente establecido por la Ley 100 de 1994. Es importante mencionar que la Corte Constitucional aún está estudiando la legalidad de dicha ley aprobada hace más de un año.
Según explicó el Gobierno, el objetivo central de la norma es dar coherencia financiera al sistema pensional, asegurando que los recursos de quienes decidieron trasladarse al régimen público acompañen las obligaciones pensionales que asume el Estado a través de Colpensiones.
En su postura, los ministerios advirtieron que actualmente existe una tensión estructural en el sistema, al considerar que los fondos privados buscan mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que optaron por trasladarse al régimen público.
A juicio del Gobierno, esta situación no sólo resulta inequitativa, sino que también contraría principios fundamentales de sostenibilidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social.
El pronunciamiento también subrayó que no es admisible que, mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan bajo administración privada.
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En esa línea, el Ejecutivo reiteró que ejercerá todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso para garantizar que prevalezcan los principios constitucionales que rigen la seguridad social en el país.
A pesar de la suspensión parcial del decreto, el Gobierno destacó que la decisión del Consejo de Estado mantiene vigente el giro de recursos correspondientes a cerca de 25.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo asumidas por el fondo público.
Por ello, insistió en que los fondos privados deben proceder sin dilaciones al traslado efectivo de esos recursos dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, los ministerios hicieron un llamado a que el debate sobre la implementación de la reforma pensional se adelante con rigor y respeto por el debido proceso, evitando decisiones apresuradas que —según advirtieron— podrían comprometer la correcta ejecución de una reforma estructural que busca beneficiar a millones de colombianos.
