:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/C4MVFW2HABF3DOQL7PCCQ27HAQ.jpg "El Cosepe recomendó al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo medidas coercitivas urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales, para combatir al terrorismo.")
Bloomberg Línea — El ministro de Defensa del Ecuador, Luis Lara Jaramillo, señaló el viernes que el país debe decirle “basta” a las organizaciones criminales y sus aliados en el país, que fueron considerados como una amenaza terrorista por parte del Cosepe, al finalizar el jueves.
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“Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional, de manera que se cumpla el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo”, dijo Lara en una declaración pública, acompañado de altos mandos de las fuerzas militares del país.
El jueves, en la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que fue liderada por el presidente Guillermo Lasso, se concluyó que el terrorismo es una amenaza latente en contra de los elementos estructurales del Estado y, por consiguiente, de su seguridad integral.
Es así como este Consejo también recomendó al presidente expedir un decreto ejecutivo, “estableciendo medidas coercitivas urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales, para combatir al terrorismo”.
Ante la situación, el gobierno ecuatoriano declaró que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado.
“Pondremos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad y experiencia para lograr los objetivos planteados, porque lo que necesitan los ecuatorianos en este momento es paz”, señaló tras la reunión Wagner Bravo, el nuevo secretario de Seguridad Pública del país.
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Justamente, la Ley de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador, señala que el Cosepe puede recomendar al gobierno acciones puntuales en caso de amenazas que afecten la integridad de la población, como sucede en este caso con las estructuras de crimen organizado.
Esta declaratoria tiene como objetivo que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de participar directamente en el combate de estructuras criminales, así como en operaciones de búsqueda y captura de sus miembros.
