Bloomberg Línea — La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo entra en una fase decisiva con las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que deberá pronunciarse sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899.
El fallo podría cerrar uno de los conflictos territoriales más prolongados de la región y redefinir el control de un área que concentra importantes reservas petroleras y ha impulsado el fuerte crecimiento económico de Guyana en los últimos años.
“El conflicto, latente durante décadas, se agudizó en 2015 cuando ExxonMobil (XOM) descubrió unos 11.000 millones de barriles en el bloque Stabroek, en la zona en disputa", dijo a Bloomberg Línea el especialista en asuntos venezolanos y profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez Becerra.
“Hoy Guyana produce 900.000 barriles diarios, con ExxonMobil, Chevron (CVX) y la china CNOOC directamente involucradas — lo que convierte al Esequibo en mucho más que un reclamo histórico“, dijo el académico.
El lunes, el Gobierno de Venezuela dijo que Guyana supuestamente presentó “argumentos falsos” en la audiencia por el Esequibo en La Haya.
“Hemos visto una serie de argumentos falsos, una serie de manipulaciones (...) tratando de amoldar, tratando de, con tecnicismos, buscar que a través de la Corte Internacional de Justicia, la cual no reconocemos para atender este caso, resuelva un tema político, un tema de controversia entre dos países”, dijo a medios estatales el canciller venezolano, Yván Gil.
Pérez Becerra manifestó que un fallo de la Corte Internacional de Justicia favorable a Guyana implicaría para Venezuela la pérdida de su reclamación sobre el Esequibo, cerrando una de las disputas territoriales más relevantes de su historia contemporánea.
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“El costo económico potencial es significativo, ya que el territorio en disputa no solo representa una vasta extensión geográfica, sino que incluye áreas con importantes reservas de petróleo y otros recursos naturales, cuya explotación hoy impulsa el crecimiento explosivo de Guyana”, apuntó.
En términos económicos, dijo que Venezuela no perdería un flujo actual, ya que no controla el área, pero sí una opción futura de enorme valor estratégico, particularmente en un contexto donde la renta petrolera sigue siendo central para su modelo fiscal.
A ello se suma el riesgo de una derrota en instancias multilaterales refuerce percepciones de debilidad institucional en Venezuela.
Según Pérez Becerra, la postura venezolana se ha debilitado además por su propio comportamiento procesal.
“Caracas ha desafiado reiteradamente las medidas provisionales del tribunal, rechazado su jurisdicción y, en enero de 2025, anunció elecciones para un gobernador del llamado ‘estado Guayana Esequiba’, lo que motivó una nueva orden de la CIJ prohibiéndolas explícitamente”, anotó.
En opinión de Pérez Becerra, un fallo adverso tampoco implica que la postura venezolana “sea frágil o injusta, simplemente, que ha sido muy mal manejada por los gobiernos chavistas en los últimos 27 años”.
Frente a un escenario adverso, Venezuela aún tendría margen para diseñar una estrategia de “ajuste racional”.
“Una primera vía sería aceptar el fallo y reorientar su política exterior hacia esquemas de cooperación económica con Guyana, incluyendo acuerdos en energía, infraestructura o explotación conjunta en zonas marítimas, transformando un conflicto en una oportunidad de integración”, apuntó el analista.
De acuerdo con el académico, alternativamente podría insistir en la negociación bilateral apoyándose en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.
En paralelo, consideró que “una estrategia más profunda y probablemente más efectiva, sería fortalecer sus propias instituciones económicas y su sector energético interno, reduciendo la dependencia de reclamaciones territoriales como mecanismo de generación de expectativas”.
En última instancia, “el ajuste relevante no es territorial, sino institucional. La reconstrucción económica creíble, sustentada en instituciones sólidas, constituye una condición necesaria para ampliar el conjunto de estrategias disponibles y reconfigurar, en el mediano plazo, la aproximación al diferendo del Esequibo”, remató Pérez.
Para el académico, cabe preguntarse si la conducta de Guyana “puede interpretarse como estratégicamente oportunista”, considerando que “aceleró la firma de contratos con ExxonMobil, Chevron y CNOOC, precisamente durante el período en que Venezuela atravesaba su peor crisis institucional y el caso ante la CIJ permanecía abierto”.
Desde esa lectura, Guyana habría aprovechado una ventana de debilidad de su contraparte para crear hechos consumados —producción activa, inversión masiva, compromisos contractuales con potencias globales— que elevan el costo político de cualquier revisión futura del statu quo.
“La presencia de empresas con fuerte respaldo en Washington no es un detalle menor, ya que genera una alineación de intereses que dificulta estructuralmente cualquier resultado adverso para Guyana”, manifestó Roberto Pérez Becerra.
No obstante, “esta lectura tiene límites jurídicos precisos. La CIJ nunca suspendió las operaciones económicas guyanesas en el área, solo ordenó a Venezuela no alterar el control administrativo vigente, lo que implica un reconocimiento implícito del derecho de Guyana a administrar y explotar el territorio mientras se resuelve la disputa”.
Por último, explicó que el derecho internacional no impone una obligación de congelamiento económico durante litigios territoriales salvo orden expresa del tribunal, que en este caso no se produjo.
Venezuela, por su parte, “tampoco actuó en la forma más apropiada cuando rechazó la jurisdicción del tribunal, promulgó leyes de anexión y desplegó un buque de guerra para intimidar operaciones offshore. En la última década, Guyana ha tenido una gestión más hábil de la disputa”, indicó Pérez Becerra.
Disputa por el Esequibo
La disputa territorial entre Venezuela y Guyana se remonta a “finales del siglo XIX, con antecedentes incluso coloniales desde la configuración de la Capitanía General de Venezuela en 1777 y la posterior expansión británica hacia el oeste del río Esequibo”, explica la analista de la consultora Control Risks, Angélica Méndez. “El punto de quiebre jurídico es el Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera a favor de la entonces Guyana Británica”.
Durante décadas, explica que Venezuela mantuvo una posición ambigua, pero en la práctica tolerante frente a ese arreglo.
Esto se formalizó con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que reconoce la existencia de una controversia, pero no invalida automáticamente el laudo.
Posteriormente, el Protocolo de Puerto España en 1970 congela la disputa, lo que en términos prácticos contribuye a consolidar el statu quo territorial.
Según Angélica Méndez, el actual ‘boom’ petrolero en Guyana introduce una variable estructural en la disputa por el Esequibo, dado que “el cambio en el valor económico del territorio reconfigura los incentivos políticos del conflicto”.
Se espera que la CIJ se pronuncie sobre el caso el próximo año, según el representante de Guyana ante el tribunal.
En caso de un fallo vinculante a favor de Guyana, la analista Méndez explica que el margen de maniobra de Venezuela se reduce significativamente en el plano jurídico, pero no desaparece en el plano político.
Venezuela podría optar por desconocer el fallo o matizar su reconocimiento, pero su capacidad de traducir eso en acciones concretas se considera limitada.
“No solo por restricciones materiales, económicas, institucionales y militares, sino también por el costo diplomático que implicaría una escalada en un momento en que el país busca cierto reacomodo internacional”, anotó Méndez.
Además, una acción más agresiva no necesariamente le generaría beneficios claros.
Esto dado que cualquier intento de alterarlo implicaría enfrentar no solo a Guyana, sino indirectamente a los intereses económicos y estratégicos asociados al desarrollo energético del país.
“Ahí entra un factor clave: la presencia de actores como ExxonMobil y Chevron (CVX) en el bloque Stabroek. Esto no convierte el conflicto en uno internacionalizado en términos formales, pero sí eleva el costo de cualquier disrupción”, afirmó la analista de Control Risk.
A nivel geopolítico, explica que Estados Unidos tiene incentivos claros para sostener la estabilidad de Guyana como proveedor emergente, especialmente en un contexto de diversificación energética. “A esto se suma el respaldo, al menos en términos de cooperación, de actores regionales como Brasil y extrarregionales como el Reino Unido”.
Con ese contexto, Méndez cree que el escenario más probable no es una escalada abierta, sino una fricción sostenida de baja intensidad, a través de presión política, medidas simbólicas (como las votaciones para anexar el territorio o la creación de un gobernador de la zona del Esequibo), que “no se van a traducir en una alteración significativa del control territorial”.
Al final, más allá del fallo, analiza que la realidad es que el equilibrio actual no depende únicamente del derecho, sino de los incentivos. “Y hoy esos incentivos no favorecen una escalada”.
Incluso si la disputa se intensifica en el corto plazo, ve poco probable que derive en un escenario de alta conflictividad, porque el costo de hacerlo es demasiado alto para prácticamente todos los actores involucrados.
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