Bloomberg Línea — La Ley contra el Odio, una de las normas utilizadas durante los últimos nueve años para procesar a ciudadanos, periodistas y dirigentes críticos en Venezuela, está ahora bajo revisión del mismo poder político que la impulsó. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento reformar el instrumento y reconoció que fue “mal aplicado” y objeto de un uso abusivo.
La decisión llega en medio de un proceso de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición, con Estados Unidos como actor central en la nueva arquitectura política venezolana. La agenda de las conversaciones incluye garantías políticas y civiles, libertad de expresión y cambios institucionales, mientras Caracas intenta avanzar hacia una normalización de sus relaciones internas y externas.
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La Asamblea Nacional creó el 29 de septiembre una comisión especial de 11 diputados para preparar la reforma. El proyecto todavía no es público, por lo que no está definido qué artículos serán modificados ni hasta dónde llegará la despenalización anunciada por Rodríguez. La comisión deberá elaborar el texto y remitirlo al Tribunal Supremo de Justicia antes de que avance hacia su discusión parlamentaria.
El momento en que se produce el anuncio es significativo. Durante la segunda ronda del diálogo político, las partes acordaron avanzar en asuntos relacionados con la libertad de expresión y el desbloqueo de portales informativos. La revisión de normas utilizadas para sancionar expresiones consideradas contrarias al gobierno también quedó incorporada a esa agenda.
La reforma de la Ley contra el Odio se suma así a una serie de movimientos que el Ejecutivo presenta como parte de una nueva etapa institucional. Rodríguez ha hablado de avanzar hacia una “democracia plena” y ha dicho que Venezuela celebrará elecciones cuando corresponda, aunque todavía no existe una fecha definida.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó en septiembre que conversó con ella sobre elecciones.
Una ley nacida en 2017
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, entonces presidida por Rodríguez.
Su nacimiento ocurrió meses después de las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela durante ese año. La norma fue presentada por el chavismo como un instrumento para combatir la violencia política, la discriminación y los discursos de odio y promover la convivencia.
Pero el alcance de la legislación fue mucho más allá de una declaración contra la violencia. Estableció penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación al odio, la discriminación y la violencia.
También incorporó disposiciones dirigidas a medios de comunicación y plataformas digitales. La ley contempla sanciones económicas, retiro de contenidos y medidas que pueden afectar la operación de medios y portales, además de la revocatoria de concesiones de radio y televisión en determinados supuestos.
La amplitud de conceptos como “odio”, “discriminación” o “incitación” fue cuestionada desde su aprobación por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que advirtieron sobre el riesgo de utilizar tipos penales poco precisos para restringir expresiones políticas.
Procesamiento de críticos
Con el paso de los años, la legislación comenzó a aparecer en investigaciones contra ciudadanos por mensajes publicados en redes sociales y contra periodistas y trabajadores de medios.
IPYS Venezuela documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025. De ese total, 65 estuvieron relacionados específicamente con la Ley contra el Odio. Entre las 78 personas afectadas había 49 periodistas, trabajadores de medios o comunicadores.
Los casos también alcanzaron a otros sectores. La organización registró procesos contra religiosos, estudiantes, médicos, trabajadores de empresas públicas, bomberos y ciudadanos que expresaron críticas a las autoridades en redes sociales. En 78 de los 85 casos documentados hubo investigaciones, órdenes de aprehensión, detenciones u otras actuaciones judiciales.
La utilización de la legislación adquirió una dimensión mayor después de las elecciones presidenciales de julio de 2024. IPYS registró 26 casos vinculados con delitos de odio durante 2024 y 2025, incluidos 19 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores detenidos e imputados por este tipo de delitos.
En varios de esos procesos, la acusación por odio estuvo acompañada por otros delitos contemplados en la legislación venezolana, entre ellos terrorismo, asociación para delinquir o traición a la patria.
El Foro Penal también contabiliza el impacto de la figura penal. Según sus registros actualizados al 30 de septiembre de 2026, 927 personas han sido imputadas por “instigación al odio” desde la entrada en vigor de la legislación. Seis permanecen privadas de libertad y 638 están sujetas a medidas cautelares.
Uno de los casos más conocidos fue el del activista Nelson Piñero, condenado en febrero de 2025 a 15 años de prisión por publicaciones en redes sociales, según registros citados por medios internacionales.
El reconocimiento del gobierno
La revisión actual introduce un cambio en el discurso oficial.
Rodríguez sostiene que la ley fue “mal aplicada” y que sufrió un uso abusivo. Jorge Arreaza, uno de los diputados encargados de revisar la legislación, reconoció también una aplicación “errática” y señaló abusos de cuerpos de seguridad, incluidos casos en los que funcionarios revisaron teléfonos para determinar si existían mensajes que podían considerarse expresiones de odio.
Pero el chavismo no plantea por ahora eliminar la norma.
Arreaza ha defendido que la legislación también tuvo una función preventiva frente a episodios de violencia y que algunos ciudadanos recurrieron a ella para denunciar situaciones que consideraban amenazas contra su integridad. Su planteamiento es revisar qué funcionó, qué fue utilizado de manera indebida y qué debería permanecer.
Esa posición marca el límite de la reforma anunciada: el Gobierno reconoce los abusos cometidos bajo la legislación, pero sostiene que el Estado debe conservar herramientas para enfrentar expresiones que puedan desembocar en violencia.
Una reforma que no convence a los gremios
Los gremios periodísticos y organizaciones defensoras de derechos humanos consideran insuficiente una modificación centrada en las penas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sostiene que despenalizar determinadas conductas no resolvería otros mecanismos contenidos en la legislación, como el retiro obligatorio de contenidos, las sanciones contra medios y el bloqueo de portales.
Espacio Público y otras organizaciones han cuestionado igualmente que la norma permita intervenir sobre expresiones públicas sin establecer límites suficientemente precisos entre una manifestación legítima y una conducta que pueda constituir una incitación directa a la violencia.
IPYS, por su parte, reclama no solo la derogación de la ley, sino también que se revisen las causas abiertas con base en ella y las consecuencias jurídicas para quienes fueron procesados.
La Plataforma Unitaria Democrática también pidió su derogación inmediata. Para la coalición opositora, la experiencia acumulada desde 2017 demuestra que la legislación fue utilizada para criminalizar a ciudadanos y voces críticas.
La prueba para el nuevo diálogo político
La discusión ocurre en un contexto distinto al que dio origen a la ley.
El gobierno y un sector de la oposición comenzaron en agosto un proceso de conversaciones en el que Estados Unidos ha desempeñado un papel central. La agenda se ha ampliado desde asuntos relacionados con la emergencia del terremoto y la renovación institucional hacia garantías políticas, libertad de expresión, desbloqueo de medios y reformas legales.
La revisión de la Ley contra el Odio encaja en esa agenda. También coincide con el regreso de organizaciones internacionales de derechos humanos al debate venezolano. Human Rights Watch, tras una visita al país en septiembre —la primera en 18 años—, incluyó esta legislación entre las normas que considera necesario reformar o derogar.
El gobierno de Rodríguez intenta presentar estas modificaciones como parte de una nueva etapa de institucionalización. Para los sectores opositores y las organizaciones que han documentado los casos, la medida será evaluada por su alcance concreto y no por el anuncio de una reforma.
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Si la comisión parlamentaria limita los cambios a las penas de prisión, permanecerán abiertas las preguntas sobre los mecanismos administrativos y de censura incluidos en la ley. Si modifica también esas disposiciones y revisa las causas iniciadas bajo su aplicación, el alcance será mayor.
