Bloomberg — La administración Trump está reduciendo drásticamente el número de jueces de inmigración en un intento por ampliar su campaña de represión a los tribunales administrativos donde estos prestan servicio y agilizar las deportaciones.
Gran parte de los recortes se han dado en áreas de corte liberal, de acuerdo con un sindicato que representa a los jueces.
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En Nueva York, hace poco despidieron a ocho en un solo día. Por lo menos un juez de San Francisco fue despedido en medio de una compleja audiencia de asilo. Dichos recortes forman parte de una purga de unos 100 jueces de la corte federal de inmigración, que al principio del año contaba con unos 700.
Los despidos, a menudo comunicados los viernes por la tarde a través de correos electrónicos de dos líneas, han afectado en numerosos casos a jueces con elevados índices de aprobación de solicitudes de asilo.
Mientras que la administración sostiene que se trata de una reforma de un sistema muy deficiente, los críticos han tachado los recortes de intento de debilitar las protecciones legales de que disponen los migrantes.
Según indican los primeros datos, los jueces militares asignados de forma temporal a inmigración han intensificado las órdenes de deportación.
“No tengo conocimiento de que se haya producido una purga como esta anteriormente”, afirmó Doris Meissner, que ocupó el cargo de máxima responsable de inmigración en la administración Clinton y ahora trabaja en el Instituto de Política Migratoria.
Según ella, “toda la manera en que caracterizan la inmigración y la forma en que ven la función del juez de inmigración te haría pensar que están tratando de deshacerse de las personas que consideran permisivas”.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales, se negó a comentar sobre asuntos de personal. No obstante, un portavoz del departamento acusó a la administración Biden de forzar a los tribunales de inmigración a implementar una “amnistía de facto para cientos de miles de extranjeros”.
Bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno “está restableciendo la integridad” y ha reducido la acumulación de casos en los tribunales de inmigración de 3,4 millones en varios cientos de miles, una reducción récord, dijo el portavoz.
Los jueces de inmigración, que atienden casos de asilo y otros asuntos, son empleados del Departamento de Justicia, no miembros del poder judicial. Además de los recortes involuntarios, decenas de jueces han aceptado indemnizaciones, han cambiado de trabajo o han optado por la jubilación anticipada.
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El mes pasado, la administración inició una ofensiva de contratación para puestos de “juez de deportación”, ofreciendo la oportunidad de “tomar decisiones con consecuencias generacionales”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha optado por una estrategia de reclutamiento que exige a los candidatos “reprimir duramente a los inmigrantes ilegales delincuentes” y “defender sus comunidades, su cultura, su forma de vida”.
El enfoque en los cambios de personal sugiere un esfuerzo por alinear más estrechamente los tribunales de inmigración con la aplicación de la ley, dijo David Bier, director de estudios de inmigración del libertario Cato Institute.
“Realmente se está desmintiendo lo que siempre ha sido una artimaña en lo que respecta al debido proceso”, dijo. “La falsa independencia nunca ha sido más falsa”.
Una medida reciente de la administración subraya la nueva dirección.
Más de dos docenas de jueces militares designados temporalmente para los tribunales de inmigración en octubre han superado a sus homólogos civiles en la emisión de órdenes de deportación, según un informe de la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, publicado inicialmente por Bloomberg Law.
Estos jueces ordenaron la deportación en el 78% de los más de 100 casos que han resuelto, en comparación con aproximadamente el 63% de otros jueces durante el mismo período, según el análisis.
Los tribunales de inmigración ya eran un punto álgido antes de la reducción de jueces, ya que la administración Trump presionaba a los tribunales para que cerraran rápidamente los casos y aceleraran las deportaciones.
En los tribunales de inmigración de todo Estados Unidos, muchos migrantes que llegan esperando una audiencia rutinaria han visto sus casos desestimados mientras los agentes del gobierno esperan para arrestarlos.
Los arrestos en los tribunales han provocado protestas de defensores de la inmigración, grupos de derechos civiles y líderes demócratas, incluido el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quien hizo campaña para ampliar los servicios de defensa legal y limitar la forma en que las agencias de la ciudad interactúan con la policía federal.
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Ahora, los jueces que han abandonado recientemente sus puestos están alzando la voz mientras la administración reduce sus filas. Algunos jueces que se vieron obligados a abandonar sus puestos solo tuvieron unas pocas horas para distribuir sus miles de casos pendientes entre sus colegas.
“Esto es un ataque al debido proceso, al estado de derecho, a la decencia humana y a la independencia judicial”, dijo Olivia Cassin, jueza de inmigración de Nueva York con 10 años de experiencia, en un comunicado después de ser despedida el mes pasado.
Los despidos se centraron inicialmente en quienes aún se encontraban en período de prueba, reflejando una iniciativa mayor liderada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la purga se ha ampliado desde entonces para incluir a jueces con mayor antigüedad, muchos de ellos con experiencia representando a migrantes en puestos anteriores, y otros con altas tasas de aprobación de solicitudes de asilo.
Aunque los despidos se han extendido por todo el país, los tribunales en bastiones demócratas como Chicago, Nueva York y el área de Boston han sido los más afectados, según el sindicato que ha representado a los jueces. En San Francisco, el cuerpo de jueces se ha reducido a unos 10, aproximadamente la mitad de su nivel a principios de año.
Se han despedido tantos jueces en un tribunal de Chelmsford, Massachusetts, que aún cuelga una pancarta de despedida en la sala de descanso del tercer piso de la oficina del tribunal, comentó George Pappas, exjuez de la misma.
Añadió que se preparó con antelación, vaciando su oficina y planeando regresar a su natal Carolina del Norte, donde vivía su esposa mientras él trabajaba en Massachusetts.
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“Llegó justo a tiempo, a las 3:30 p.m.”, dijo sobre el breve correo electrónico de despido que recibió en julio, al acercarse el final de su ldos años probatorios. Si bien su tasa de aprobación de asilo fue de solo el 37%, dijo que se opuso a los intentos de desestimar los casos para que los migrantes pudieran ser arrestados en el pasillo frente al tribunal.
En San Francisco, Shuting Chen fue despedida en medio de una audiencia de asilo y sólo tenía unos minutos antes de que le cortaran el acceso digital.
Chen había aprobado alrededor del 89% de los más de 870 casos de asilo que atendió desde que asumió el cargo en 2022, según datos recopilados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse.
Alrededor del 36% de todos los casos de asilo prosperaron durante el año presupuestario de 2024, el último año completo de Biden en el cargo, según datos de TRAC.
Sin embargo, los resultados de los casos de asilo varían ampliamente en función de diversos factores, y las tasas de aprobación no habían sido antes una medida del desempeño laboral de un juez, afirmó Chen. Menos del 5% de sus fallos fueron apelados por el gobierno y ninguno de sus casos fue devuelto por una junta de apelaciones de inmigración, añadió.
“Si no tenemos un sistema judicial al que las personas puedan acudir, donde sientan que serán tratadas de manera justa, entonces no somos los Estados Unidos que pensé que éramos”, dijo Chen.
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