Bloomberg Línea — El líder del partido británico de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, propuso este lunes deportar a todos los presos extranjeros del Reino Unido hacia sus países de origen o a naciones terceras como El Salvador, en un plan que pretende aliviar la crisis de hacinamiento carcelario y evitar las liberaciones anticipadas.
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Bajo la propuesta del partido, los delincuentes extranjeros con penas no privativas de libertad serían expulsados inmediatamente, mientras que aquellos condenados a cárcel cumplirían sus condenas íntegras en el extranjero.
Si sus países de origen se niegan a recibirlos, el partido plantea alquilar espacios penitenciarios en naciones como El Salvador, Kosovo, Estonia o Lituania.
Farage dijo en una conferencia de prensa que el presidente del partido, Lee Anderson, viajará próximamente a El Salvador junto con la exfuncionaria de prisiones Vanessa Frake para explorar la viabilidad de un eventual acuerdo con las autoridades del país.
El Gobierno salvadoreño, sin embargo, no ha confirmado negociaciones con Reform UK, que actualmente no está en el poder.
La propuesta emula un acuerdo suscrito en 2025 entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nayib Bukele para trasladar personas expulsadas de Estados Unidos a cárceles salvadoreñas.
En marzo de ese año, Estados Unidos envió a El Salvador a 252 venezolanos, que fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Amnistía Internacional cuestionó los traslados y denunció violaciones al debido proceso y condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos. Los venezolanos fueron finalmente devueltos a su país en julio de ese año, tras pasar unos cuatro meses detenidos en El Salvador.
Farage restó importancia a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, asegurando que “no todas las cárceles son jaulas” y que cualquier acuerdo exigiría estándares británicos de tamaño, iluminación, calefacción y ventilación.
La propuesta busca liberar más de 10.000 plazas en un sistema penitenciario que operaba al 97% de su capacidad a comienzos de agosto, con 86.495 personas encarceladas. Reform sostiene que, junto con la creación de 12.400 plazas en prisiones temporales “Nightingale”, construidas en terrenos del Ministerio de Defensa, el espacio adicional permitiría endurecer las leyes penales y garantizar que los condenados por delitos graves cumplan sus penas completas.
Rechazo
La propuesta ha sido recibida con dureza por organizaciones defensoras. Amnesty International UK alertó que el plan consiste en “financiar la brutalidad con el dinero de los contribuyentes británicos”, recordando que la organización ha documentado “detenciones arbitrarias masivas, torturas, tratos crueles y muertes en custodia” en el sistema carcelario salvadoreño.
Por su parte, la oenegé Justice, a través de su directora legal, Zoe Bantleman, compartó el plan con el fracasado esquema de deportaciones a Ruanda, “que se gastó 700 millones de libras y no llegó a nada”, dijo a The Independent.
Desde el ejecutivo, el Partido Laborista descartó la viabilidad de la medida. Un portavoz gubernamental señaló que alquilar cárceles en el extranjero “tomaría años” y no resuelve la emergencia actual, acusando a Farage de carecer de “respuestas serias” y de promover políticas que llevarían al sistema a un “libre para todos” para delincuentes violentos.
El debate se enmarca en la inminente puesta en marcha del esquema de liberaciones anticipadas del gobierno de Andy Burnham, que entrará en vigor en octubre con el objetivo de liberar a 5.000 reclusos ante el riesgo de colapso del sistema penitenciario previsto para noviembre.
La medida ha generado polémica después de confirmarse que entre los beneficiarios podrían figurar Jessie Cole y Albert Bowers, dos de los condenados por el asesinato del agente de policía Andrew Harper en 2019.
La propuesta se conoce pocos días antes de que Farage vuelva a medirse en las urnas en Clacton, en el condado de Essex. El líder de Reform UK renunció en julio al escaño que había obtenido en las elecciones de 2024, en medio de una investigación parlamentaria sobre aportes económicos que recibió y no declaró.
Su dimisión obligó a convocar una elección parcial, prevista para el 13 de agosto, a la que Farage concurre nuevamente como candidato.
