Bloomberg — El lunes, en un puerto cercano a Nueva Orleans, el secretario del Interior, Doug Burgum, dio la bienvenida al primer envío de aluminio venezolano a Estados Unidos en casi una década.
El cargamento, de unas 15.000 toneladas, procedente de la mayor fundición de aluminio del país, supuso un primer hito en la iniciativa de la administración Trump para asegurar los vastos recursos minerales de Venezuela para las cadenas de suministro estadounidenses.
Junto a Burgum se encontraban los fundadores de Heeney Capital, una empresa de inversión que se ha asociado con el gigante comercial suizo Mercuria Energy Group para transportar aluminio de la empresa estatal venezolana Venalum y venderlo a fabricantes estadounidenses.
Incluso en el mundo relativamente reducido de la industria minera y metalúrgica, pocos han oído hablar de Heeney Capital, con sede en Nueva York. Esta empresa de capital cerrado, cuyo sitio web está restringido a inversores registrados, se describe a sí misma como una inversora en proyectos mineros en fase inicial.
En cuestión de meses, sus cofundadores, Henry Heeney, de 38 años, y Sean Pi, de 36, han pasado de realizar breves presentaciones a funcionarios de la administración Trump a desempeñar un papel central en los esfuerzos de Washington por reactivar la inversión minera estadounidense en Venezuela.
“Se trata de una empresa muy pequeña y relativamente desconocida”, afirmó Alexis Harmon, director asociado del Centro de Energía Global del Atlantic Council. “Pero la cartera de la que hablan es enorme”.
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Una apuesta minera que crece rápidamente
El rápido ascenso de Heeney refleja una característica de la iniciativa de Washington para reabrir los sectores de materias primas de Venezuela a la inversión estadounidense. Desde que la administración Trump capturó al expresidente Nicolás Maduro, empresas más pequeñas e independientes como Pacific Coast Energy Co., Augusta Capital y Gold Reserve Ltd. se han apresurado a aprovechar oportunidades que muchas empresas más grandes, recelosas de los riesgos económicos y políticos, han evitado hasta ahora.
Heeney y Pi se conocieron mientras trabajaban como analistas en Nueva York para Evercore Inc (EVR). Ambos se lanzaron al mundo empresarial tras abandonar el banco de inversión y acumularon una cartera de yacimientos mineros en fase inicial mediante adquisiciones, al tiempo que cofundaron empresas como Mayfair Gold, propietaria de un yacimiento en Canadá, y Siguiri Gold en Guinea.
Pi y Heeney no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Pi fue una incorporación de última hora a la delegación estadounidense que viajó a Caracas en marzo con el objetivo de impulsar acuerdos sobre metales en Venezuela, aunque esta tuvo dificultades para conseguir la participación de las principales empresas mineras estadounidenses.
Alcoa Corp. (AA), el principal productor de aluminio de EE.UU., rechazó una invitación para formar parte de la delegación, según personas familiarizadas con el asunto. Un portavoz de la empresa se negó a hacer comentarios sobre el viaje de marzo.
Pi se reunió con funcionarios estadounidenses, entre ellos Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, y David Copley, un antiguo ejecutivo de Newmont (NEM) que se ha convertido en uno de los principales responsables de la administración en materia de inversiones mineras.
Además de los acuerdos de transporte marítimo, Heeney está tratando de hacerse con el control operativo de la fundición de aluminio Venalum de Venezuela, la mayor planta del país. Los cofundadores también dieron a conocer en septiembre un acuerdo para invertir hasta US$1.000 millones en el desarrollo y la explotación de la mina de oro Chocó, en Venezuela, durante los próximos 30 años. Heeney estima que podría producir hasta 200.000 onzas al año, lo que supone un valor aproximado de US$820 millones a los precios actuales.
Ni la empresa venezolana Venalum ni el Ministerio de Información del Gobierno respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Heeney también está estudiando acuerdos para otros minerales, como el carbón, y tiene la ambición de crear, a través de los acuerdos con Venezuela, una empresa comercializadora de metales con sede en EE.UU., según indicaron las fuentes.
En caso de que Heeney consiga acceso a Venalum, la planta necesitará unos US$500 millones para recuperar su plena capacidad de 430.000 toneladas de aluminio al año, según personas familiarizadas con el activo. La recuperación podría llevar entre cinco y siete años, mientras que la fundición opera actualmente a solo una pequeña fracción de su capacidad.
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Se sabe muy poco públicamente sobre las finanzas de Heeney o su acceso a la financiación. Según un documento público presentado en marzo, Heeney controla al menos un fondo privado con un valor bruto de activos de US$20 millones. En su comparecencia ante la Cámara de Representantes de EE.UU. en febrero, Pi, cofundador de Heeney, afirmó que la empresa gestiona una cartera de activos por valor de aproximadamente US$1.200 millones, compuesta por nueve proyectos mineros en seis países fuera de EE.UU. Entre dichos proyectos se incluyen un proyecto de acero y vanadio en Trinidad y Tobago y un proyecto de mineral de hierro en la República del Congo.
Los grandes mineros siguen evitando Venezuela
A diferencia del sector del petróleo y el gas, que ha experimentado una avalancha de operaciones en los últimos meses, el sector minero de Venezuela sigue estando en gran medida poco desarrollado. El país cuenta con extensos yacimientos de oro, bauxita, mineral de hierro y carbón, pero años de agitación económica y aislamiento han mermado en gran medida la industria minera y metalúrgica formal de Venezuela.
Además, existen pocos datos independientes sobre la magnitud de los recursos minerales del país, lo que convierte la inversión en Venezuela en una apuesta arriesgada.
Las empresas privadas como Heeney gozan de mayor libertad para adquirir activos venezolanos sin provocar el descontento de los accionistas institucionales ni tener que cumplir los requisitos internos de diligencia debida de las grandes empresas mineras. No obstante, siguen teniendo que hacer frente a la incertidumbre política de Venezuela.
La mina de oro de Chocó es un caso especialmente delicado. Las zonas de extracción de oro en torno a El Callao, donde se encuentra Chocó, llevan mucho tiempo dominadas por organizaciones criminales que controlan las minas e imponen sus normas mediante la violencia. El gobierno de Venezuela, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, ha intentado arrebatar las zonas mineras a los grupos criminales, enviando tropas y helicópteros armados a la región en junio. Sin embargo, los analistas señalan que el Estado aún no ha logrado establecer un control duradero sobre el territorio.
“Los grandes veteranos del mundo de la minería, Newmont, Barrick Mining Corp (B) o BHP Group (BHP), no van a adentrarse en las ruinas humeantes de Venezuela para hacerse con los activos de otros”, afirmó Christopher Ecclestone, estratega de Hallgarten & Company, una consultora especializada en minería. “Saben que allí les esperan problemas”.
Newmont y Barrick se negaron a hacer comentarios. BHP no respondió a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que las inversiones estadounidenses estabilizarán el sector minero venezolano.
“Durante años, la industria minera venezolana ha sido sustraída al pueblo venezolano y se ha utilizado para financiar bandas peligrosas y apoyar a actores malintencionados en todo el mundo”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado. “Estados Unidos está ayudando a resolver este problema de larga data. Estamos saneando el sector minero venezolano. Las empresas occidentales lo están mejorando y legitimando”.
Las empresas mineras que ahora buscan entrar en Venezuela se centran inicialmente en los denominados “activos brownfield”, que actualmente están gestionados por empresas estatales venezolanas. La infraestructura heredada existente ofrece una vía más rápida hacia la producción y reduce el riesgo de inversión.
Pi describió el enfoque de su empresa respecto a jurisdicciones de riesgo como Venezuela en una mesa redonda del sector celebrada en junio.
“La dificultad de nuestro sector es que tenemos que ir donde están las rocas; en realidad, no podemos ser selectivos”, afirmó. “Esto implica acudir a jurisdicciones que, diría yo, hacen que los inversores occidentales piensen: ‘Bueno, eso queda fuera de nuestro ámbito de actuación’”.
-Con la colaboración de Sybilla Gross, Jennifer A. Dlouhy y Fabiola Zerpa.
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