Supongamos que mi casa se incendia en circunstancias misteriosas (¿un incendio de grasa en la sala?), y la policía acusa a mi vecino de incendio provocado. Sería sumamente sospechoso que yo financiara la defensa legal de mi vecino; parecería que nos confabulamos para quemar mi casa y cobrar el seguro.
Hablando de seguros y la apariencia de colusión: la industria aseguradora estadounidense se unió recientemente a la industria de los combustibles fósiles en su lucha por evitar demandas por los daños que las emisiones de petróleo, gas y carbón han causado al planeta. Dado que las aseguradoras son supuestamente algunas de las mayores perjudicadas a nivel mundial por esas mismas pérdidas derivadas del cambio climático, esta fue una decisión desconcertante, hasta que uno se plantea por qué las grandes aseguradoras y las grandes petroleras podrían estar del mismo lado.
A finales del mes pasado, tres asociaciones del sector asegurador de EE.UU., entre ellas la Asociación Americana de Seguros de Daños y Accidentes (APCIA, por sus siglas en inglés), presentaron un escrito de amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Corte Suprema en defensa de Exxon Mobil Corp. (XOM) y Suncor Energy Inc.
Las compañías quieren que el más alto tribunal desestime la demanda interpuesta contra ellas por los comisionados del condado y la ciudad de Boulder (Colorado), que reclaman una indemnización por daños relacionados con el cambio climático.
En su escrito, las aseguradoras comparten el argumento de las grandes petroleras de que la acción judicial equivale a una regulación de las emisiones de carbono, algo que los gobiernos estatales y locales no deberían hacer porque es competencia del gobierno federal.
Este argumento no se sostiene lógicamente porque: a) Boulder no tiene ningún interés en regular las emisiones, sino solo en obtener fondos para hacer frente a las catástrofes climáticas; y b) el actual gobierno federal, bajo la presidencia de Donald Trump, ha declarado que regular las emisiones tampoco es su competencia.
“Cabría pensar que, para un sector que se queja constantemente de que el cambio climático está perjudicando a su negocio, estaría a favor de la regulación siempre que pudiera conseguirla”, me comentó Rick Morris, activista en materia de seguros de la organización sin ánimo de lucro Public Citizen.
“Las aseguradoras deberían ser las principales defensoras de la regulación climática a nivel estatal cuando la regulación federal no da la talla”.
En cambio, Morris señaló que las aseguradoras se han puesto sistemáticamente del lado de las compañías de combustibles fósiles al oponerse a los esfuerzos estatales para responsabilizar a las grandes petroleras de la limpieza y la prevención del daño climático, desde Hawái hasta Connecticut.
Al menos diez estados han demandado a la industria de los combustibles fósiles, y al menos una docena han aprobado o están considerando proyectos de ley de fondos especiales que gravarían a la industria para ayudar a cubrir las pérdidas y fortalecer la resiliencia.
En su informe, las aseguradoras advierten que permitir que cualquiera demande a las compañías de combustibles fósiles generará caos, impidiendo que las aseguradoras puedan calcular el precio de los riesgos climáticos de estas empresas.
Esto dificultará asegurarlas, traduciéndose en precios de la energía aún más exorbitantes para el resto de la población, ya que la industria de los combustibles fósiles tendrá que aumentar los precios para poder operar.
“Nuestra presentación como amicus curiae en el caso Suncor no debe interpretarse como una alineación con la industria de los combustibles fósiles ni como un respaldo a la misma”, declaró Joanna Coll, asesora jurídica general de APCIA, en un comunicado.
“Nuestra postura es de índole legal: las reclamos relacionados con las emisiones requieren un estándar uniforme, ya que las emisiones no se detienen en las fronteras estatales, y las normas de responsabilidad civil contradictorias entre los estados generarían incertidumbre y resultados inconsistentes, lo que dificultaría a las compañías de seguros evaluar y fijar el precio del riesgo”.
Pero, ¿sería realmente tan malo un resultado así?
Varias aseguradoras ya han dejado de cubrir la extracción de carbón y algunos proyectos de petróleo y gas. Se han visto impulsadas, en parte, por los desastres naturales que ahora causan habitualmente pérdidas aseguradas globales de al menos US$100.000 millones al año, debido principalmente a una atmósfera más cálida provocada por la quema de combustibles fósiles.
Ningún argumento en el escrito presentado por las aseguradoras ante el Tribunal Supremo sugiere beneficio alguno que valga US$100.000 millones anuales.
Puede que a las aseguradoras les resulte más difícil calcular el riesgo climático que representan las grandes petroleras, pero debe existir un punto en la relación oferta-demanda donde la necesidad de cobertura de las empresas de combustibles fósiles satisfaga la necesidad de certeza de las aseguradoras.
Y cualquier medida que encarezca la extracción de estos contaminantes del subsuelo representa un paso hacia su sustitución por fuentes de energía más limpias.
Además parece improbable que las compañías de combustibles fósiles permitan que la era de litigios se prolongue por mucho tiempo.
Lo más probable es un acuerdo a nivel de toda la industria, como el que los fiscales generales estatales alcanzaron con las grandes tabacaleras en 1998. Ese acuerdo marco se concretó rápidamente una vez que comenzaron a acumularse las demandas estatales, como está sucediendo con los combustibles fósiles.
Un acuerdo de este tipo costaría miles de millones de dólares a las grandes petroleras, por supuesto. Esa es una de las razones por las que buscan desesperadamente protección legal en el Congreso y en la Corte Suprema.
Sus aliados en el Congreso y en los grupos de expertos ya están atacando a los autores de un próximo informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina que promete vincular todavía más específicamente el daño climático con las empresas de combustibles fósiles, según informó Politico la semana pasada.
Dicho informe será una poderosa herramienta para los abogados de los demandantes. Pero un acuerdo global similar al de las tabacaleras al menos proporcionaría la certeza que las aseguradoras afirman necesitar.
Pero supongamos, como yo, que las grandes petroleras finalmente obtendrán inmunidad legal. Aun así, vale la pena analizar por qué las grandes aseguradoras favorecerían ese resultado. Seguir el rastro del dinero ofrece algunas pistas.
Muchas de estas aseguradoras obtienen ingresos estables cubriendo proyectos de combustibles fósiles. Las 28 principales aseguradoras del munod de bienes y responsabilidad civil recaudaron US$11.300 millones en primas de este tipo en 2023, según un informe de 2024 de la colaboración de organizaciones sin ánimo de lucro Insure Our Future.
De acuerdo con un análisis del Wall Street Journal de 2024,solo el sector de seguros de propiedad y accidentes tenía US$84.000 millones en inversiones en combustibles fósiles en 2023.
Una base de datos recopilada en 2024 por Investing in Climate Chaos, un proyecto de la organización alemana sin ánimo de lucro Urgewald, reveló que 20 grandes aseguradoras expuestas a los daños climáticos tenían US$180.000 millone invertidos en compañías de petróleo, gas y carbón.
En esa lista figuraba State Farm, la mayor aseguradora de viviendas de EE.UU., con una cartera estimada de US$20.600 millones en acciones y bonos de combustibles fósiles a fecha de 2024. Actualmente, la compañía cuenta con US$10.000 millones en inversiones en acciones de petróleo y gas, lo que representa el 5,7% de su cartera, según datos de Bloomberg.
Es un importante inversor en Exxon Mobil Corp., pero no posee acciones en energías renovables. El año pasado, obtuvo US$6.200 millones en inversiones, frente a los US$1.500 millones procedentes de la suscripción de pólizas.
Desde el inicio, State Farm se ha estado retirando del mercado de seguros de hogar de California, alegando que no puede asumir más pérdidas por incendios forestales.
Entre tanto, esta como las otras cuatro mayores aseguradoras de hogar de EE.UU. han incrementado progresivamente la denegación de reclamaciones, que alcanzó el 44% el año pasado, frente al 36% de hace una década, según informó recientemente el Journal. El mayor porcentaje de denegaciones se registró en Florida, un estado propenso a desastres.
Si sumamos todo esto, es fácil sospechar que las aseguradoras están dispuestas a aceptar un poco de caos climático a cambio del flujo de ingresos estable que proporcionan las inversiones en combustibles fósiles y la suscripción de pólizas, en especial si pueden encontrar maneras de evitar pagar las consecuencias de ese caos climático.
La pregunta es cuánto tiempo podrá mantenerse este statu quo, que resulta cómodo para las aseguradoras.
Los ingresos procedentes de los combustibles fósiles serán menos fiables a medida que los votantes comprendan la relación entre los proyectos de petróleo y gas y el hecho de que ya no tienen un techo.
Chubb Ltd. (CB), que según una estimación obtuvo US$745 millones en primas de combustibles fósiles en 2024, el año pasado dejó de cubrir la terminal de GNL de Calcasieu Pass en Luisiana.
Se desconocen los motivos de la retirada de Chubb, pero esta se produjo tras meses de protestas centradas en el papel de las aseguradoras en el proyecto. Esto nos recuerda que el beneficio propio no dura para siempre.
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